Manifiesto del Encuentro Plurinacional de Pueblos Fumigados por la Agroecología y el Buen Vivir de la provincia de Buenos Aires

A más de 25 años de la aprobación de la soja transgénica en Argentina, denunciamos todo el modelo del agronegocio y el perfil extractivista de nuestra producción. En mayo de 1996, se inauguraba, de la mano del entonces Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación Argentina, Felipe Solá, un modelo tóxico basado en agrotóxicos y eventos transgénicos. Después de más de 25 años del inicio de ese modelo ecocida y genocida, las consecuencias las vivimos en primera persona a lo largo y a lo ancho del país. La vivimos en los alimentos cargados de agrotóxicos que consumimos. En la desertificación y pérdida de nutrientes de nuestros suelos. En la concentración de riquezas y tierras, y la expulsión de comunidades enteras del campo.

Pero quienes no sólo vemos, sino que más vivimos las consecuencias, somos quienes habitamos los pueblos fumigados. Hoy, el balance para nuestros pueblos es devastador.

Más de 25 años de enfermedades. Problemas de tiroides, cánceres, alergias alimenticias, problemas respiratorios, diabetes… Enfermedades vivenciadas y sufridas en carne propia. Más de 25 años de ninguneo, maltratos e incluso represión de la mano del Estado, quienes supuestamente deberían estar cuidándonos. Violencia psicológica, verbal e incluso física, que se suma a la violencia de muchos productores, que sabiéndose impunes, se manejan de manera mafiosa. Más de 25 años de posturas completamente anticientíficas para garantizar que este modelo siga en pie. Más de 25 años de hacer caso omiso a las carpetas y carpetas de estudios científicos que confirman la toxicidad de estos productos. Productos que no sólo generan daño agudo, sino crónico y a largo plazo. Productos prohibidos en otros países. Productos cuya sinergia directamente no se estudia a la hora de aprobarlos. Más de 25 años de manipular y ocultar estudios. De desprestigiar a científicxs que lucharon y luchan por la ciencia digna. De lobby y puertas giratorias. 25 años de Instituciones y Entes Regulatorios cómplices. Más de 25 años de supermalezas, aumento sin parar de uso de agrotóxicos, contaminación de cursos de agua, animales muertos por doquier. Más de 25 años de un modelo inviable desde todo punto de vista. Más de 25 años de ver chicxs nacer y crecer con daño genotóxico. Abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades raras. Chicos y chicas que no pueden disfrutar de una infancia normal por el solo hecho de vivir cerca de campos fumigados. Más de 25 años de ver morir a seres queridos. Vecinos, vecinas, familiares, amigos y amigas sucumbiendo a causa de esto. Familias destrozadas para que unos pocos hagan dinero. Más de 25 años de ecocidio. Más de 25 años de genocidio. Más de 25 años y contando…

Un modelo en el que las empresas mandan y los gobiernos obedecen…

En los últimos 25 años, Argentina se ha vuelto un experimento a campo abierto en el que, tras la premisa de “adquirir dólares”, sólo un puñado de empresas se lleva las ganancias, mientras las políticas de los sucesivos gobiernos habilitan el genocidio/ecocidio y nosotrxs seguimos sufriendo las muertes y las enfermedades.

Actualmente, desde la genética en las semillas hasta los productos que encontramos en las góndolas, todo está controlado por unas pocas empresas que acumulan no sólo dinero sino también poder. Poder para definir qué se produce y vende, a qué precio, en donde y a quienes. Poder para influenciar fuertemente en las políticas del gobierno y nuestros gustos, deseos y hábitos. Esta acumulación de poder en pocxs es el resultado del despojo y explotación de millones de personas, pero, sobre todo, de quienes habitamos los pueblos fumigados, lxs campesinxs, poblaciones nativas, con una especial opresión hacia las mujeres e infancias.

En ese pequeño puñado de empresas están, por un lado, las grandes corporaciones semilleras y comercializadoras de agrotóxicos: Dow Chemical-Du Pont, Chemchina-Syngenta, y Bayer-Monsanto. Por el otro, los “dueños de la tierra”: Los Grobos, AdecoAgro, El Tejar, AGD, Cresud que avanzan deforestando, desplazando a las comunidades campesinas y destruyendo las fuentes de agua, aire y tierra. Por último, bancos y entidades financieras, más la omnipresente industria farmacéutica, también se benefician a costa del ambiente y las comunidades.

Sin embargo, estas empresas no avanzan solas. Con la política activa del Estado, en los últimos 25 años han conseguido expandirse en los territorios, consolidar sus ganancias y profundizar este sistema productivo a través no sólo de exenciones impositivas y subsidios, sino también con políticas de desarrollo de esta forma de producción. 

El Plan Nacional de Desarrollo de Biotecnología Agropecuaria 2005-2010 (firmado en 2004 por el ministro de economía Roberto Lavagna) que marcó la política agropecuaria de Néstor; el “Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020” (encabezado por Julián Domínguez y que delineó los principios rectores de la política agraria del gobierno de Cristina Fernández); la eliminación de las retenciones y la conformación de argentina como el supermercado del mundo como política de Mauricio Macri; y la Ley de “Fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador”, ahora nuevamente esbozado por Julián Domínguez como proyecto de ley de Alberto Fernández, muestran dos cuestiones fundamentales:

La primera cuestión es que, sin importar el partido político en el gobierno, la expansión del agronegocio ha sido el principio rector de la política estatal. Para estos gobiernos, la crisis ambiental provocada por el desmonte y la contaminación con agrotóxicos, y el genocidio y la crisis sanitaria que se ha generado en el campo por la exposición constante a esos productos tóxicos, son variables secundarias al momento de evaluar la “necesidad de los dólares” que, para los mismos, sólo pueden ser provistos por el campo y otras actividades extractivas.

La segunda evidencia de estas políticas, es que la apuesta al agronegocio (y sus divisas) por parte del Estado va más allá de cuestiones cosméticas o coyunturales. Porque mientras se crea la Secretaría de Agroecología, al mismo tiempo se financia el desarrollo de semillas genéticamente modificadas y se aprueba el Trigo HB4, profundizando las relaciones incestuosas entre el sistema científico-tecnológico y las empresas del agronegocio. Además, se pone al frente de organismos centrales para el desarrollo de la producción de alimentos (como el INASE) a los representantes del negocio de las semillas (como es el caso de Obdulio San Martín, empresario de la semillera Don Mario), consolidando lo que ya es política de Estado desde la década de los 90s en lo que respecta a las semillas: quienes hacen negocio con las mismas, son los que toman las decisiones.

Así, mientras desde abajo, desde el pueblo, seguimos planteando que el agronegocio es sólo el negocio de unos pocos, que el único derrame que nos llega de este sistema son los millones de litros de agrotóxicos que nos tiran sobre nuestras cabezas y gritamos que el agronegocio NO ES EL CAMINO, el Estado sigue imponiendo esta salida de manera absolutamente antidemocrática. 

Un agronegocio que no sólo fumiga pueblos enteros, sino que es parte del engranaje de la nefasta industria alimenticia, que en vez de alimentos saludables produce commodities y comestibles perjudiciales para nuestros organismos, que basa su producción en el petróleo, que influye en el cambio climático, que destruye la vida y fertilidad de los suelos, que promueve el desmonte y los incendios para aumentar su frontera, que fomenta la desigualdad social y la concentración de riquezas y poder, que expulsa comunidades enteras de sus espacios vitales. Un sistema basado en las ganancias de unos pocos, y no en generar una mejor calidad de vida, justa y responsable, de la humanidad en su conjunto.

Hoy, más que nunca, resulta necesario hablar de un modelo alternativo que tenga como eje la reproducción de la vida de una manera responsable, el bienestar de todxs (incluyendo generaciones futuras) y el cuidado de los bienes comunes naturales.

La agroecología es el camino

Existen muchas ALTERNATIVAS a este sistema enfermo que cada vez daña más al ambiente y los territorios de la vida. Experiencias que NUESTROS PUEBLOS VAN ABRAZANDO, y con las cuales resisten y le dan forma a otro modelo sano y participativo. Amplias redes de productorxs y consumidorxs, que se unen a partir de alimentos que para su producción no han requerido de agrotóxicos ni de precarización laboral, y sí del trabajo férreo de familias y comunidades en pos del cuidado de la vida y de una política activa que defiende el territorio, a las mismas comunidades y a la tierra que nos sustenta.

Muchxs productorxs ya están demostrando que la agroecología es posible también en grandes extensiones sin necesidad de recurrir al paquete tecnológico de venenos, y que se suman al resto de las luchas contra el extractivismo y la contaminación. Espacios de encuentros que buscan ampliarse compartiendo relaciones, saberes e intercambios más justos y equitativos.

En el momento histórico que nos toca vivir como sociedad, debemos apostar a fortalecer este movimiento permitiendo mantener, expandir y reforzar estos lazos vitales. En los intersticios de este modelo económico dominante se está GESTANDO la nueva sociedad que anhelamos, fuera de la lógica capitalista. Estamos construyendo territorio frente a las mentiras del agronegocio y los extractivismos contaminantes.

Por todo esto, invitamos a todas las expresiones de cada una de las localidades de la provincia de Buenos Aires a sumarse y fortalecer este espacio:

EN UNIDAD

EN SOLIDARIDAD

EN ORGANIZACIÓN

EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA Y EL BUEN VIVIR

Temas: Agroecología, Agrotóxicos

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