Tierras del crimen organizado reclamadas para la Reforma agraria
Una buena parte de las inversiones que llegan a nuestro país se orientan hacia los agronegocios; el modelo extractivista, agroexportador, es la base del crecimiento económico, pero conlleva el problema de una limitada generación de mano de obra ocupada, el desplazamiento de poblaciones rurales hacia zonas suburbanas, y negativas consecuencias medioambientales.
No se puede obviar que el “modelo paraguayo” también es favorable para el lavado de activos que oculta el origen ilegal del dinero, normalmente proveniente del narcotráfico, del tráfico de armas, contrabando, corrupción, evasión, etc. El volumen del movimiento operativo del dinero sucio se advierte con cifras en la publicación del Índice Global del Crimen Organizado 2024, que estima su incidencia en hasta el 30% del PIB
Con los agronegocios, conocidos personajes del crimen organizado fueron presentados como “grandes emprendedores”, con inversiones en inmensas extensiones de tierras (ganadería, soja, etc.) y como dirigentes de gremios empresariales, generalmente cercanos al poder político. El objetivo no era otro que el del lavado de dinero, como lo demostraron varias denuncias e investigaciones, en último caso, del mismo Ministerio Público y el Poder Judicial. El peligroso crecimiento y la influencia del crimen organizado generaron alertas, denuncias periodísticas y la presión de gobiernos y organismos internacionales, asumiendo que se trata de un grave problema regional y enfatizando en la vulnerabilidad del sistema legal, institucional y de seguridad en el Paraguay.
A junio de este año, según información de SENABICO, el Estado está en posesión de 45 propiedades consideradas como “establecimientos rurales” que suman unas 138.750 hectáreas, en distintos departamentos del país, tal . Así, la caída de Luis Carlos Da Rocha (Cabeza Branca), Darío Messer, Miguel Ángel Insfrán Galeano (alias Tío Rico), Jarvis Chimenes Pavão, entre los más conocidos, permitió la incautación y decomiso de millonarios bienes, actualmente administrados por SENABICO.
Ya en el año 2019 el Estado paraguayo tomó posesión de tres extensas propiedades de “Cabeza Branca” en los departamentos de San Pedro y Concepción (denominados Edwiges, Suiza y Lucipar), en la actualidad están en manos de SENABICO, 8 propiedades que suman más de 26 mil hectáreas. La noticia alertó a la dirigencia campesina de San Pedro, quienes desde asambleas populares y movilizaciones, denunciaron que según disposición del artículo 46 de la ley de SENABICO, dichas tierras irían nuevamente a parar a manos de los propietarios de siempre. La reivindicación para que las tierras del crimen organizado sean destinadas a la reforma agraria, impulsó asambleas populares y alentó la unidad de acción hacia otros departamentos, principalmente en aquellos donde existen tierras de la mafia, decomisadas y administradas por SENABICO, como Concepción, Paraguarí, Alto Paraná, Boquerón, además de San Pedro.
La modificación de la ley 5876, busca que miles de hectáreas de tierras rurales del crimen organizado, decomisadas y administradas actualmente por SENABICO, sean destinadas a un programa de reforma agraria. Si se llevan a subasta, los bienes decomisados solamente favorecen a quienes disponen de un gran poder adquisitivo, es decir, a la misma oligarquía, que ha sido la poseedora histórica de los grandes latifundios.
La realidad socioeconómica de las mayorías populares da cuenta de una situación de pobreza y extrema pobreza, con altos niveles de desigualdad social; existe un largo reclamo sobre la necesidad de políticas públicas para enfrentar la alta concentración de la tierra en pocos propietarios y empresas del agronegocio, últimamente también para beneficio del crimen organizado. Solamente en la medida en que crezca la unidad de los sectores campesinos, indígenas y otros sectores sociales y políticos, será posible crear nuevas condiciones para que estas tierras, y todas las tierras mal habidas, formen parte de un proyecto de reforma agraria y desarrollo nacional del Paraguay.
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