Violencia, despojo y resistencia: los pueblos indígenas y la tierra en Paraguay
Al conmemorarse un nuevo 12 de octubre, no pueden ignorarse las crecientes tensiones que atraviesan los Pueblos Indígenas en Paraguay en su lucha histórica por la tierra y el territorio, especialmente frente al embate del agronegocio.
Según el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de BASE-IS, en 2025 se han documentado al menos 15 situaciones de violencia contra comunidades indígenas que incluyen desalojos forzosos, amenazas de desalojo y ataques de civiles armados.
Estos casos forman parte de un patrón mayor: ya en el periodo de gobierno anterior se registran, entre los años 2020 y 2023, al menos 36 casos de desalojos forzosos, agresiones, amenazas, represiones o criminalización dirigidas hacia comunidades indígenas. En muchos de estos episodios, los agresores son civiles armados vinculados al agronegocio, guardias privados y empresas agropecuarias que expanden cultivos de soja u otros granos, muchas veces con complicidad, o al menos tolerancia, institucional.
La comunidad Karãpa, del pueblo Ava Guaraní, en el distrito de Ypejhú, Canindeyú, es uno de los casos más recientes y emblemáticos. Desde comienzos de 2025 han denunciado una escalada de ataques: un desalojo forzoso en enero, seguido en mayo por incendios de sus viviendas, robo de animales menores y objetos domésticos, disparos de armas de fuego, bloqueo de caminos, incluso uso de drones para hostigamiento. Días atrás un joven indígena fue herido en medio de un ataque armado que sería responsabilidad de matones al servicio de la empresa Principado S.A, que se habría apropiado del territorio ancestral de la comunidad, según denuncian los líderes de indígenas. Las familias Karãpa reclaman el reconocimiento y la restitución de sus tierras tradicionales, amenazadas por la expansión de latifundios y cultivos agroindustriales instalados por empresas, en algunos casos de origen extranjero.
Estos hechos recientes no solo tienen consecuencias materiales inmediatas —pérdida de viviendas, cultivos, animales, riesgo para la vida— sino también simbólicas y estructurales: la criminalización de quienes reclaman tierra, el incumplimiento de la normativa constitucional que protege los territorios indígenas y la falta de respuestas efectivas del Estado para prevenir, investigar y sancionar agresiones.
Organizaciones indígenas, así como instancias como la Pastoral Social de la Iglesia y la Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena (CONAPI), han exigido medidas urgentes: protección efectiva del Estado, titulación efectiva de territorios ancestrales, cumplimiento de leyes ambientales, garantía del libre tránsito, atención a las víctimas, y castigo a autores materiales e intelectuales de los atropellos. En el caso Karãpa, la Iglesia repudió los ataques recientes y pidió intervención estatal.
A pesar de los riesgos y la violencia, las comunidades indígenas persisten en su resistencia. Reivindican no solo la posesión legal de las tierras, sino también el derecho a vivir según sus formas tradicionales en diálogo con la naturaleza, en comunidades con autonomía y dignidad. Si Paraguay aspira a una democracia plena, debe reconocer que la justicia en la tierra es una exigencia no postergable: que los derechos al territorio, al ambiente sano, a la cultura y a la vida sean respetados en hechos, no solo en leyes.