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En el año 2004, Uruguay fue el primer país que puso en su Constitución el acceso al agua potable como un derecho humano y un bien común, no una mercancía. La ley de riego aprobada por el Parlamento del país en 2017, autoriza a los privados a embotellar el agua y venderla, es decir, contradecir la Constitución nacional.

Deforestación, contaminación del agua, proyectos extractivos como hidroeléctricas, mineras, áreas verdes desprotegidas, norma ambientales ineficaces, son parte de un sistema incompetente y promotor de una mala calidad de vida. El doctor Donaldo Souxa, de la Asociación de Derecho Ambiental y Asociación Ecologista Panameña, nos expone las circunstancias del manejo político ambiental del país.