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Desde el pasado lunes 15, representantes de diversas organizaciones y sectores sociales se vienen sumando al plenario de diputados que debate el megaproyecto de ley presentado por el gobierno de Milei, «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos». Sus 664 artículos proponen cambios sustanciales a una gran diversidad de leyes vigentes, afectando derechos y garantías de sectores amplios de la población.

“HACERNOS RESPONSABLES DE NUESTRA PROPIA COMUNICACIÓN, DE NUESTRA PROPIA TELEFONÍA, ÉSA ES LA AUTONOMÍA QUE SENTIMOS QUE ESTAMOS CREANDO EN LAS COMUNIDADES”

Líderes y referentes de Yvy Pyte e instituciones de apoyo piden justicia por el asesinato del líder Arnaldo Benítez Vargas en el marco de los conflictos de invasión de tierra

Familias campesinas denuncian que las aplicaciones terrestres y aéreas con agrotóxicos diezman la producción de animales y afectan su salud. Exigen medidas urgentes para frenar la vulneración de derechos. Al mismo tiempo, se organizan para participar en la redacción de la nueva ley de agroquímicos, anunciada por el Ministerio de Producción.

La selva amazónica atraviesa una megasequía con cauces agotados, muerte de animales e impacto en los ecosistemas y las comunidades de agricultores familiares y pueblos indígenas. El fenómeno de El Niño y la crisis climática la agudizan, pero es necesario mirar las responsabilidades del agronegocio, la deforestación, la minería y las hidroeléctricas para pensar soluciones de preservación con justicia social.

San Isidro es una comunidad ejidal en Jalisco, México. En 1939, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas les concedió 536 hectáreas pero 280 de esas hectáreas nunca se les entregaron. Mediante sucesivas maniobras fraudulentas de los terratenientes y de los funcionarios del gobierno, la tierra terminó siendo comprada ilegalmente por la compañía estadunindese Amway-Nutrilite en 1994. El ejido llevó su caso contra Amway a Naciones Unidas y al Tribunal Permanente de los Pueblos. Denunciaron a la compañía por violar su derecho al uso de sus tierras, no sólo para sembrar sus alimentos sino también en contar con acceso al agua, y a moverse libremente por su territorio. También denunciaron a la compañía pr daños ambientales, por contaminar las fuentes de agua y provocar impactos a la salud como cáncer, daño renal y deficiente crecimiento infantil. La comunidad también protestó por cómo, sin acceso a la tierra, se vieron forzados a trabajar para la empresa, con salarios de miseria y precarias condiciones laborales.

El 27 de diciembre pasado el Gobierno Nacional presentó el proyecto de «Ley Ómnibus» que entre sus 664 artículos, el número 241, establece la adhesión de Argentina “a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (1991)». Esto es la adhesión a UPOV 91, y es un viejo anhelo de las corporaciones semilleras transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva o Basf, y “nacionales” como Bioceres o Don Mario.

Ato faz parte da jornada de lutas em busca de reparação a atingidos; empresa BHP e Vale são proprietárias da Samarco