Ante ola de violencia en el Bajo Aguán, campesinos exigen intervención urgente

La violencia reciente se refleja en casos como el asesinato de Josué Esaú Aguilar Cárcamo, de 22 años, hijo de Guadalupe Cárcamo, socia de la empresa campesina Gregorio Chávez, de la comunidad de Panamá. El sábado 31 de mayo, alrededor de las 6:30 de la tarde, Josué fue acribillado por hombres armados mientras viajaba en motocicleta en la comunidad vecina de Rigores.

Otro suceso violento es el acontecido contra Hipólito Hernández, exsocio de la Cooperativa El Chile, quien murió tras un tiroteo durante la madrugada del viernes 30 de mayo, en la finca Pasó Aguán, un territorio que habitantes de comunidades como Panamá y Rigores han denunciado es controlado por grupos armados irregulares desde hace más de una década.

Los testimonios aluden ataques e intimidaciones por parte del grupo criminal “Los Cachos” quienes serían responsables también de desplazamientos forzosos y extorsiones, así como por el asesinato de miembros y dirigentes campesinos  como Hipólito Rivas y su hijo, Luis Hernández; Suyapa Guillén, Juan Moncada, y a su vez, señalados por participar en los hechos de violencia recientes.

“Exigimos la pronta investigación de los asesinatos y la intervención en las zonas donde operan estos grupos criminales, donde las autoridades tienen pleno conocimiento del modo en que operan estos grupos criminales que mantienen el terror en las comunidades”, señala un comunicado de la Plataforma Agraria que acompañó la protesta de este martes (3).

Durante el gobierno de Xiomara Castro, a partir del año 2022, se han registrado al menos 15 asesinatos de campesinos, cuatro de ellos en 2025. Esto pese a que, desde febrero del 2022, el gobierno hondureño firmó un acuerdo con el movimiento campesino para buscar una solución a los conflictos en el Bajo Aguán, el cual hasta ahora ha sido infructuoso, pues campesinos señalan la  influencia de agroindustriales para entorpecer los trabajos.

Con más de 200 muertes en tres décadas debido a conflictos por recuperación de tierras campesinas, las organizaciones exigen la intervención del gobierno de Xiomara Castro y denuncian la complicidad de sectores agroindustriales que, según sus testimonios, alimentan el ciclo de violencia.

La sombra de la Corporación Dinant

Las denuncias de la Plataforma Agraria no sólo se centran en los grupos criminales, sino también en su presunta conexión con el sector agroindustrial, en particular con la Corporación Dinant. “La promoción de grupos armados irregulares por los compradores de fruta es un patrón frecuentemente observado”, sostiene el movimiento campesino quien también demanda una investigación sobre éstos nexos delincuenciales.

La sede regional del Aguán de la empresa agroindustrial Dinant, y su planta extractora de aceite de palma, colinda con la comunidad Quebrada de Arena y la Cooperativa El Chile, por lo que testigos afirman que Dinant habría facilitado recursos logísticos a “Los Cachos”, incluyendo el uso de instalaciones como refugio para sicarios y el transporte de armas.

Por ello, este martes (3), Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, informó sobre la existencia de denuncias en el MP contra Miguel Mauricio de la Soledad Facussé, jefe ejecutivo de la Corporación Dinant; Elvin Gabriel Martínez Echeverría, jefe de seguridad de la empresa; así como contra Juan Carlos Lizama, a quien acusan, junto a Pedro Flores y Mileni Lizama, por actuar como líderes del grupo delictivo “Los Cachos”.

De acuerdo a la Plataforma, los acusados coordinan las acciones de un grupo armado de aproximadamente 20 a 30 personas y tienen antecedentes penales por crímenes como asesinato, venta de narcóticos y posesion ilegal de armas. Todos fueron formalmente acusados de desplazamiento forzoso y portación ilegal de armas en audiencias concluidas los días 14 y 15 de mayo, en la cual se dictaron las medidas de prisión preventiva. Pese a ello, acusan que el juzgado resolvió sobreseimiento provisional por el crimen de asociación para delinquir. Acorde a denuncia de Rivas, a pesar de encontrarse en prisión, Lizama continúa coordinando la estructura criminal que ataca al movimiento campesino.

Durante los últimos cuatro años, las cooperativas campesinas Los Camarones, Tranvío y El Chile, miembros de la Plataforma, han sido víctimas de constantes ataques violentos por parte del grupo criminal “Los Cachos”. La violencia se intensificó el 24 de diciembre de 2024, cuando un ataque armado desplazó a 160 familias de la Cooperativa Los Camarones, quienes aún no han regresado a sus tierras.

El 27 de enero, las cooperativas Tranvío y El Chile fueron desplazadas, pero pudieron regresar debido a la presencia policial después de sufrir ataques con armas de alto calibre, resultando en lesiones. Un socio de la Cooperativa Tranvío fue secuestrado y gravemente herido antes de ser rescatado.

Los ataques continuaron del 27 de enero al 1 de febrero, interrumpidos parcialmente por la presencia policial. Las fuerzas policiales también fueron atacadas y lesionadas. “Los Cachos”, acusa el movimiento campesino, “han impuesto un clima de miedo en la zona, afectando a cientos de personas, incluidos niños que sufren secuelas traumáticas. Durante más de diez años, la banda ha controlado la comunidad Quebrada de Arena en Tocoa, sembrando terror y cooptando a algunos vecinos. Decenas de familias originarias de Quebrada de Arena, socios de las cooperativas, han sufrido persecución y amenazas, obligándolas a desplazarse”. Entre ellos, Alexander Pérez, de 18 años y socio de la Cooperativa El Chile, fue asesinado el 29 de marzo bajo un contexto de fuertes amenazas.

También, el dia 13 de mayo fue asesinado Douglas Alexander Pereira, socio de la Empresa Asociativa Campesina Mártires de Tumbador, “cuyas tierras la misma empresa Dinant pretende despojar”, sostiene la Plataforma. El mismo día el hijastro del tesorero de la Coordinación de la Plataforma Agraria también fue asesinado, por lo que el movimiento campesino exige una pronta investigación de estos asesinatos.

El 24 de mayo, la Plataforma denunció que durante muchos años los residentes de la zona han observado una estrecha relación entre los Cachos y la empresa Dinant, “a tal extremo que cuando Dinant mantenía despojado las tierras de la Cooperativa Camarones y la Cooperativa Tranvío, Dinant entregó a Los Cachos la administración de áreas baldíos de las fincas para el pasteo de ganadería. Prestar terrenos a ganaderos armados para así mantener la posesión de tierras en disputa es una táctica ampliamente utilizada por agroindustriales en varios países de las Américas”, acusó el movimiento campesino mediante comunicado.

“Durante décadas, los grupos armados pagados por agroindustriales han desplazado a cooperativas de reforma agraria, acompañados de campañas de desinformación que presentan los hechos como simples enfrentamientos entre campesinos”, denuncia la Plataforma.

Fuente: Avispa Midia