Asamblea aprueba nueva Ley Antilavado de Activos
La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, la creación de una nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, esto, según el oficialismo para enfrentar de “forma integral” los delitos. Llama la atención a los colectivos y organizaciones, la similitud a la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales en Ecuador, que está siendo utilizada contra los dirigentes y las organizaciones sociales.
La normativa, según se informó en la instancia legislativa responde a la necesidad de actualizar la legislación vigente desde 1999 y de alinearse con los compromisos internacionales adquiridos por El Salvador, especialmente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en las que hacían referencia a la necesidad de adoptar un nuevo marco normativo.
Durante el análisis del anteproyecto de ley en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, advirtió que la normativa actual genera “arbitrariedad y exclusión financiera”, al dejar a discreción de ciertos actores el acceso de las personas al sistema financiero.
El diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, explicó que dicha normativa es una herramienta “fundamental” destinada a prevenir, detectar, vigilar, controlar, investigar y sancionar los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
El oficialista manifestó que el cuerpo legal fortalecerá la capacidad del Estado para enfrentar amenazas que afectan la economía y ponen en riesgo la paz y convivencia de la ciudadanía. El parlamentario argumentó que la ley de 1999 incluye sujetos obligados que en la actualidad ya no representan un riesgo significativo, como las agencias de viaje, las cuales eran numerosas en ese momento y estaban sujetas a control.
En la nueva ley, estos serán excluidos, al igual que constructoras, televisoras, farmacias, laboratorios y gremios empresariales, exceptuando a las ONG “consideradas de mayor riesgo”, manifestó el legislador.
“Esta nueva normativa evitará la exclusión de personas y de actividades legítimas del sistema financiero, especialmente en zonas y sectores vulnerables. ¿Quién no ha escuchado historias de salvadoreños en el exterior que han tenido problemas para acceder a su dinero en cuentas de ahorro debido a las restricciones de la Ley de Lavado de Activos?, dijo el diputado.
La diputada Alexia Rivas, destacó la ley para combatir el lavado de dinero, pero advirtió que esta no deben violar derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la privacidad, la protección de datos, el derecho a la defensa y el debido proceso. Rivas señaló que una ley mal diseñada, como la anterior, trata como sospechosos a ciudadanos comunes, emprendedores y pequeños comerciantes, simplemente por manejar efectivo.
Además, explicó que la anterior normativa “es rígida” y que no solo afecta a los comerciantes, sino también ha provocado que los bancos cierren cuentas de personas y negocios ante el temor de posibles sanciones. Esto, ha obstaculizado la inclusión financiera de sectores claves, como los vendedores informales y los migrantes que envían remesas, lo que a su vez desincentiva la inversión y dificulta que muchas personas se formalicen dentro de la economía nacional, planteó la legisladora.
Una de las principales innovaciones de la ley es la creación del Sistema Nacional para la Prevención, Control y Sanción de estos delitos. Este sistema será liderado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), adscrita a la Fiscalía, con atribuciones para recibir reportes de operaciones sospechosas, acceder a información de entidades públicas y privadas, y coordinar esfuerzos con supervisores nacionales e internacionales.
También se contempla la creación del Comité Interinstitucional (CIPLAFT), como ente estratégico y consultivo encargado de proponer políticas, estrategias y directrices técnicas al Ejecutivo para combatir el lavado de activos y sus delitos conexos.
El comité estará integrado por el fiscal general, el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Corte Suprema, ministros de Estado y representantes del sistema financiero.
La normativa redefine el concepto de “sujetos obligados”, limitándose a aquellas personas naturales o jurídicas que por la naturaleza de sus actividades, representan un riesgo real de lavado de dinero. Entre estos se encuentran: instituciones supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.
Además, casinos y empresas de juegos de azar; intermediarios de bienes raíces, comerciantes de joyas y metales preciosos, profesionales como abogados, notarios, contadores y auditores que manejan activos de sus clientes, empresas de transporte de valores, proveedores de servicios de activos digitales, incluyendo bitcoin y partidos políticos.
La nueva ley establece un régimen sancionatorio claro para quienes incumplan sus obligaciones. Las infracciones se dividen en graves y muy graves, e incluyen faltas como no reportar operaciones sospechosas, revelar información confidencial, obstruir auditorías o facilitar recursos a personas sancionadas.
Además, se contempla responsabilidad administrativa tanto para personas naturales como jurídicas y en casos de lavado de activos comprobado, penas de 9 a 15 años de prisión, con agravantes si el delito involucra fondos públicos o si el autor es un funcionario del Estado.
Las sanciones incluyen: Multas de 50 a 1,000 salarios mínimos, suspensión o cancelación de operaciones, inhabilitación hasta por 10 años de los responsables, disolución de entidades jurídicas en casos graves.
Fuente: Diario Co Latino