Así persigue la policía política de Bukele

Los panfletos estuvieron en redes sociales al menos cuatro horas después del mediodía del 2 de mayo de 2025. Eran documentos con apariencia de fichas policiales, todos con el logo de la División Especial contra le Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil, y algunos también con los distintivos de la Fiscalía General de la República, en los que aparecían información de dos periodistas y dos defensoras de derechos humanos. El autor tiene copias de todas ellas.

En dos de las fichas aparece información sobre periodistas salvadoreños que han escrito varias investigaciones sobre la corrupción en el entorno de Nayib Bukele y crímenes atribuidos al presidente y sus colaboradores más cercanos. Uno de estos reporteros, cuyo nombre no se reproduce para resguardar su seguridad, vive fuera de El Salvador desde principios de la década. En la ficha también hay información personal de tres de sus familiares más cercanos.

También aparece en las fichas información personal de Ingrid Adriana Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, a quien agentes de la PNC perfilaron, dieron seguimiento y luego buscaron en su casa para arrestarla, según confirmó un alto oficial de la Policía bajo condición de anonimato para poder hablar sin restricciones. Como producto de aquel acoso, Escobar tuvo que huir del país a buscar asilo en el extranjero, lo cual le costó, entre otras cosas, retrasar un tratamiento médico contra el cáncer.

Todas las fichas habían sido elaboradas por la inteligencia estatal salvadoreña en colaboración con un grupo especial creado por el gobierno bajo el mando de un subinspector llamado Carlos Roberto Hernández Ramírez, quien entró en la policía el 7 de septiembre de 1993 y pasó ahí con el rango de sargento hasta 2019, cuando ascendió a grados superiores al inicio del gobierno de Nayib Bukele. 

Las fichas se publicaron, aquel 2 de mayo, en una cuenta de X identificada como Inferno, la cual fue dada de baja al final de la tarde porque, como parte del acoso, quienes la manejan habían publicado datos de al menos dos menores de edad, familiares de uno de los periodistas. Horas antes, ese mismo día, el periódico El Faro había publicado una entrevista con un pandillero identificado como Charly, quien fue testigo directo del pacto que Nayib Bukele y colaboradores cercanos hicieron con las pandillas MS13 y Barrio 18 y reveló, en la conversación con los periodistas, más detalles de ese acuerdo.

Dos oficiales de alto rango en la PNC y un miembro del partido Nuevas Ideas vinculado a la Asamblea Legislativa hablaron sobre las reacciones del gobierno Bukele a la publicación de El Faro y otras en medios estadounidenses que se extendieron en el pacto del presidente salvadoreño con las pandillas. Todas las fuentes, que hablaron desde el anonimato por seguridad y para evitar represalias por hacerlo, contaron que la decisión de agudizar la vigilancia y persecución a periodistas, defensoras de derechos humanos y críticos de alto perfil tuvo que ver con esas publicaciones, pero se había tomado antes, entre finales de 2024 y principios de 2025.

Ya para finales de 2024, el gobierno había puesto a funcionar un grupo especial formado por agentes y oficiales de la PNC, en activo y retirados, a quienes autoridades policiales y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública encomendaron, primero, crear las fichas falsas de las personas a las que el gobierno identifica como opositores y críticos, y, luego, vigilarlos en sus casas y lugares de trabajo. En esa primera lista había unas cuarenta personas según un policía de alto rango que habló bajo condición de anonimato para poder hacerlo con libertad.

Un documento de contrainteligencia, elaborada por funcionarios policiales que no están de acuerdo con el uso político de la PNC, describe así a “Chirriplín”, el jefe del grupo: “Lo acaban de jubilar en diciembre 2024 y se jubiló con un sueldo mensual de U$ 3,000 dólares, mismo sueldo que mantuvo durante sus últimos 4 años cotizados. A Chirriplín lo jubilaron para que pueda operar de forma silenciosa y desapercibida desde las sombras y cloaca en la que su mundo gira”, dice el documento, del que el autor tiene copia y cuya autenticidad comprobó mostrándoselo a dos altos jefes de la PNC.

De acuerdo con documentos de la seguridad social salvadoreña, el subinspector Hernández se pensionó, en efecto, a principios de diciembre de 2024 con el sueldo de U$ 3,000, el que tenía desde 2020, cuando lo comisionaron al ministerio de Justicia y de Seguridad Pública. Dos oficiales de la Policía aseguraron, sin embargo, que en estos últimos cuatro años, Chirriplín despachaba desde la Asamblea Legislativa, donde ha trabajado al mando de Ernesto Castro, el presidente del Congreso.

Con el grupo formado y el subinspector Hernández empoderado, el acoso recrudeció. 

El autor habló con dos diplomáticos occidentales que han trabajado en El Salvador y Centroamérica, con tres oficiales de alta en la Policía y con dos funcionarios salvadoreños vinculados al partido oficialista Nuevas Ideas para confirmar la existencia de listados de opositores, la formación de un grupo especial en la Policía y los métodos de seguimiento y acoso. Todas las fuentes confirmaron que hay al menos dos listas, que se creó una especie de policía política dentro de la PNC y que hay órdenes salidas de Casa Presidencial para involucrar, además, a la Fiscalía General en el acoso. Siete personas, entre periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos, confirmaron que fuentes diplomáticas, policiales y de la fiscalía general les advirtieron, también, que sus nombres aparecen en esas listas.

“Sabemos que el fiscal general recibió instrucciones de arrestar a voces críticas… No de tener los casos armados, sino de hacer capturas. La idea es que las pruebas las armarían con la gente ya capturada, pidiendo prórrogas interminables para presentar esas pruebas supuestas. El método es para que las voces críticas permanezcan buen rato en las cárceles”, dice un informe confidencial elaborado en una embajada europea a la que este medio tuvo acceso. Se pidió reacciones del Ejecutivo salvadoreño y de la Fiscalía General de la República pero no hubo respuestas.

Uno de los casos en los que este modo de operación parece evidente es el de la abogada Ruth López, ocurrido a principios de mayo en San Salvador. A ella la hicieron salir de su casa con un engaño, sin mostrarle en inicio una orden de captura. Poco después del arresto, el fiscal general salvadoreño, Rodolfo Delgado, dijo que pesaba contra ella un cargo de peculado (uso o apropiamiento indebido de fondos públicos por un funcionario), pero luego cambiaron los cargos a enriquecimiento ilícito. Un juez, a petición de Delgado, declaró reserva total al caso.

A juzgar por el paradero de los perfilados en las listas del gobierno desde que Chirriplín y su grupo entraron en acción, el plan de silenciamiento ha tenido éxito. Además de López, al menos una docena de defensores de derechos humanos han sido encarcelados, la gran mayoría de periodistas independientes se han ido al exilio, al igual que el personal de las principales organizaciones no gubernamentales críticas de las políticas públicas de Bukele.

El grupo de Chirriplín: vigilancia, acoso y captura

El mensaje llega por la plataforma Signal una mañana de julio. La periodista salvadoreña, a quien no se identifica por seguridad, explica que lleva varios días en Guatemala; salió por un punto ciego luego de que al menos dos patrullas policiales se apostaron durante horas frente a su casa. Ya antes sus fuentes en la Policía le habían advertido de que corría peligro y desde una embajada latinoamericana le llegó la recomendación de que, si podía, saliera del país. La periodista se fue. No sabe cuándo volverá o si lo hará algún día.

Antes de las visitas policiales a la periodista la habían perfilado en informes en los que aparecen datos personales de ella y de su familia. También hubo problemas en su trabajo, que, según dijo, recibió presiones del gobierno salvadoreño para despedirla. No es la única. Como ella, unos 60 periodistas tuvieron que salir del país desde mayo pasado de acuerdo con la Asociación de Periodistas de El Salvador; otros habían salido en 2021.

Sara Valladares, otra comunicadora acosada, ha decidido no salir de El Salvador, al menos no por ahora. A ella llegaron a buscar en su casa, en el occidente salvadoreño, pasadas las 4:30 p.m. de un miércoles del pasado junio. Eran tres policías que se habían bajado de una patrulla que dejaron estacionada unos metros atrás. Tocaron la puerta, pero ella no abrió. Desde afuera le preguntaron por una persona a la que ella conocía. “No salí. Sabía que al doctor (Enrique) Anaya (abogado crítico de Bukele arrestado el 8 de junio) lo habían encañonado y que a Ruth (López) la sacaron de su casa con engaños)”.

Valladares es conocida como Sara Monroe en redes sociales. Desde su canal de YouTube, que tiene casi 10,000 seguidores, dirige entrevistas y comparte contenidos críticos al gobierno de Bukele y el suyo es uno de los pocos espacios en que líderes comunitarios o periodistas perseguidos siguen teniendo lugar para compartir su trabajo. Lo que cuenta sobre la visita policial a su casa resume el modus operandi del grupo que dirige el subinspector Carlos Roberto Hernández, alias Chirriplín. A ella, como a otros, los perfilan con información extraída de bases de datos oficiales, los acosan en redes sociales, les envían patrullas policiales a sus casas a acosarlos.

A Ingrid Adriana Escobar le hicieron lo mismo, le enviaron patrullas y motos policiales a vigilar su casa y a acosar a sus familiares. En mayo pasado, según ha dicho en varias entrevistas con medios internacionales, desde la policía le informaron que la querían “desarticular”, lo que ella interpretó como una captura inminente. Escobar ha dedicado los dos últimos años de su vida a defender a víctimas del régimen de excepción decretado por Bukele en marzo de 2022 cuando se rompió el pacto de gobernabilidad que el presidente tenía con las pandillas MS13 y Barrio 18.

Ingrid Escobar ha sido un dolor de cabeza particular para el régimen de Bukele. Su organización, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha presentado de forma regular a la opinión pública casos de violaciones a los derechos humanos de salvadoreños encarcelados sin derecho a defensa o debido proceso; algunos de esos expedientes los ha llevado la organización a instancias como las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA).

El SJH también lleva un conteo de muertes de reos encarcelados desde el inicio del régimen de excepción el 27 de marzo de 2022. Ese conteo, basado en testimonios de presos, víctimas que lograron salir de prisión y otros, arrojaba la cifra de 430 muertos al 20 de julio pasado, es decir, un muerto cada tres días. La organización también ha documentado decenas de casos de torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, como la del joven Williams Díaz, quien fue arrestado en diciembre de 2022 frente a su madre y su pequeño hijo y desde entonces está desaparecido.

A finales de mayo pasado, Escobar reafirmó lo que le habían estado diciendo, que el gobierno de El Salvador la quería “desarticular”. Un oficial de la PNC confirmó que ella y otros estaban en la lista elaborada por el grupo del subinspector Hernández Ramírez. “…Está claro que el enemigo es Fox-Trot (en referencia al periódico digital El Faro) y Cristosal, Ingrid Escobar… y otro par son los objetivos a desarticular o quitarle el agua al pez”, dice en una conversación electrónica interna de la Policía compartida por uno de los altos oficiales consultados.

“Tomé la decisión debido a la amenaza de la captura. Ya había capturas de personas que como yo habíamos denunciado los actos arbitrarios durante el régimen de excepción, la corrupción, pero lo que más me empujó a tomar la decisión fue que las fuentes me dijeron que yo estaba en lista de capturas”, cuenta Ingrid Escobar. Dice, además, que cuando el acoso inició a ella le habían diagnosticado un cáncer. “Me iba a ir a morir sin duda a un centro penal”, asegura.

El seguimiento de carros sospechosos y la presencia de patrullas cerca de su casa fue aumentando. Al principio los seguidores intentaban ocultarse, luego, tras la captura de Ruth López, dejaron de guardar las apariencias. “Ellos querían que los viera, lo tengo claro”, cuenta. Una vez incluso los encaró.  “El gobierno de El Salvador había destinado no menos de tres equipos de la PNC, algunos de civil, otros uniformados para vigilar mi casa”.

El 4 de junio, la defensora perdió la paciencia. Aquel día, las cámaras de seguridad que había instalado en su residencia familiar grabaron a tres policías motorizados que llegaban hasta el portón de entrada, se detenían por unos segundos, desaparecían del encuadre y volvían a aparecer. Escobar posteó el vídeo en su cuenta X con un mensaje para Chirriplín, el subinspector Hernández Ramírez, a quien ella también identifica como el jefe de sus agresores. 

“Chirriplín: Seguís acosándome con tus policías pero en el lugar equivocado. Hace tiempo me tuve que desplazar de mi casa porque siguen haciendo este amedrentamiento… No sé qué pretenden con este hostigamiento. Yo no he cometido ningún delito”, escribió la mujer, quien también dejó un mensaje para el presidente del país: “A vos cobarde @nayibbukele tolerá la crítica y la denuncia que hacemos de los actos arbitrarios… Hago responsable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia…”. 

Decenas más vieron, como Ingrid Escobar, recrudecer el acoso. En su edición del 1 de julio de 2025, El Faro anunció que la mayoría de su redacción se había exiliado. El 25 de junio, policías llegaron a la casa de Guillermo Cartagena, periodista de Gato Encerrado. El 26 de junio Acción Ciudadana denunció “inusual actividad policial” cerca de la vivienda de Malcolm Cartagena, coordinador del centro de monitoreo político de la organización. Acción Ciudadana reveló, entre otras cosas, que Nuevas Ideas, el partido de Bukele, recibió donaciones de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI), la institución de ahorro y crédito ligada a un escándalo financiero que terminó con las muertes de uno de los principales implicados y el director de la Policía.

Mucho antes de estos sucesos y de la escalada represiva que inició en 2024 y aún no termina, Bukele ya había introducido en su vocabulario político un término extraído del manual contrainsurgente utilizado por las dictaduras latinoamericanas desde mediados del siglo pasado; estas dos palabras: enemigo interno.

El 8 de mayo de 2022, en un acto para conmemorar el día del soldado salvadoreño, el presidente habló de sus opositores como enemigos del país y de la Fuerza Armada. Dos años después, un grupo especial dirigido por un oscuro oficial retirado de la PNC empezó a poner rostro a ese enemigo, como ocurrió en Guatemala con el Diario Militar, con el Libro Amarillo de los escuadrones de la muerte salvadoreños o las listas negras de la dictadura argentina.

El policía que está en todos lados

El subinspector Hernández Ramírez luce atento. Celular en mano, apostado en un balcón lateral a pocos metros de las escaleras por donde pasan los ataúdes, toma fotos. Es el 11 de septiembre de 2024 y el subinspector se ha colado entre decenas de personas que asisten a los actos fúnebres en honor a ocho empleados policiales recién fallecidos en un accidente aéreo. Está aquí, en ropas de civil y en un lugar reservado a las altas autoridades, para documentar las exequias.

Cuatro días después, el 15 de septiembre de 2024, el nombre de Hernández Ramírez suena más fuerte cuando un reportaje publicado en Prensa Comunitaria lo ubica como el policía señalado de torturar a Alejandro Muyshondt, el asesor nacional de seguridad de Bukele al que la fiscalía, controlada por el presidente, le montó un caso por el cual fue arrestado en agosto de 2023. Musyhondt murió bajo custodia del Estado en febrero de 2024, luego de ser internado en un hospital público con una hemorragia cerebral producida por golpes que sus familiares atribuyen a Chirriplín, el subinspector Hernández Ramírez.

El gobierno de Bukele nunca dio explicaciones sobre la salud de Muyshondt, a quien mantuvo aislado de sus familiares y defensores -algo que la ONU define como desaparición forzada-, ni sobre el rol del subinspector Hernández en el asunto. La fiscalía de Bukele dio carpetazo a la investigación de la muerte del exasesor. El autor contactó a la PNC y a otras instituciones del Estado para obtener comentarios sobre el oficial o contacto directo con él; no hubo respuestas.

Casi un año y medio pasó desde los días en que Chirriplín rondó las celdas en las que Muyshondt estaba recluido hasta que armó un grupo de persecución política para acosar y vigilar a personas y organizaciones críticas del gobierno, pero su cercanía con las oficinas más importantes del bukelismo había iniciado en 2020, cuando el ministerio de justicia y seguridad pública le dio una plaza de USD 3,000 como asesor del ministro. 

Carlos Roberto Hernández Ramírez nació el 3 de abril de 1973 en el municipio de Cuisnahuat, en el occidental departamento de Sonsonate. Con poco más de 20 años ingresó en la recién creada Policía Nacional Civil con el rango de sargento. La suerte, dice un alto oficial consultado, le cambió a Hernández a principios de la década pasada, cuando los mandos lo asignaron a un puesto policial en Nueva Cuscatlán, un pequeño municipio rural que llevaba desde principios de los 2000 reconvirtiéndose en ciudad dormitorio para la clase media alta del país. La llegada del policía al lugar coincidió con la elección como alcalde de Nayib Bukele, un joven político entonces de izquierda.

Viejos reportes policiales en poder del autor, cuya autenticidad fue confirmada por dos de los altos jefes policiales consultados para este reportaje, dan cuenta de que Hernández Ramírez y otros agentes, entre ellos el cabo Antonio Sibrián Alemán, formaron un grupo de exterminio de pandilleros para limpiar el municipio del crimen.

Alejandro Muyshondt, cuando fue asesor de seguridad de Bukele, entre 2019 y 2023, elaboró fichas de policías y otros funcionarios a los que vigilaba por sospechas de corrupción, por órdenes del círculo íntimo del presidente o, incluso, por encargo de terceros. En una de esas listas aparece el cabo Sibrián Alemán, con quien Hernández compartió grupo en los días en que la misma inteligencia policial los señaló de ser parte de grupos de exterminio.

Uno de los jefes consultados, previa aclaración de que él no tiene información específica de la participación de Hernández en escuadrones de la muerte, sí dice que cuando el subinspector estaba en Nuevo Cuscatlán (entre 2011 y 2015), el exterminio era una práctica tolerada en la PNC y que en ese municipio había importantes núcleos pandilleros. Ese mismo oficial asegura que Hernández trabajaba de cerca con funcionarios de la alcaldía, entre ellos Ernesto Castro, actual presidente de la Asamblea Legislativa y entonces mano derecha de Bukele.

Lo que sí está documentado judicialmente es un problema que Hernández tuvo con la ley años antes, en 2003, cuando fue capturado por supuesto tráfico. Un juez de primera instancia ordenó su detención provisional el 30 de julio de aquel año según consta en un reporte de consulta consolidada emitida por la PNC de la que el autor tiene copia.

Otro juez levantó esa orden de detención casi un mes después, a finales de agosto de 2003. No está claro qué pasó después, pero sí que Hernández Ramírez continúo de alta en la PNC y que en 2011 llegó destacado a Nuevo Cuscatlán.

Hasta abril de 2020, el subinspector Hernández ganó USD 546 mensuales. En abril de ese año lo trasladaron al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, bajo las órdenes del ministro Gustavo Villatoro, y desde entonces hasta febrero de 2024, cuando se jubiló, ganó USD 3,000.

Uno de los altos oficiales de la PNC consultados para este reportaje proporcionó un informe de contrainteligencia elaborado entre 2023 y 2024 en el que, por petición del exdirector Mauricio Arriaza Chicas, se identifica a policías sospechosos de tener nexos con el crimen organizado o con actividades no sancionadas de espionaje policial. En la lista aparece Hernández Ramírez.

“Este policía dirige un grupo combinado de policías y miembros del OIE (Organismo de Inteligencia del Estado) que realizan directamente las amenazas, capturas y amedrentamientos contra periodistas y contra las personas que el gobierno selecciona como objetivos a perseguir”. Esta es la primera vez que el nombre de Hernández aparece asociado a la persecución política.

Fue en ese periodo, cuando estaba destacado en Seguridad Pública, que Hernández también se convirtió en enlace entre esa secretaría de estado y la oficina del presidente legislativo, Ernesto Castro, en algunos asuntos particulares. Y fue en ese periodo que visitó la celda de Alejandro Muyshondt.

También de ese periodo es un informe de contrainteligencia policial que identifica a agentes de la PNC de quienes se sospecha han tenido relación con José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, un comerciante del occidente salvadoreño que fue sancionado por autoridades estadounidenses y sometido a procesos judiciales en El Salvador por sospechas de lavado de dinero y de dirigir una de las organizaciones de narcotráfico más importantes del país. En esa lista también aparece el nombre del subinspector Hernández. Uno de los altos oficiales consultados confirmó, también, la autenticidad de ese informe.

Con sus señas presentes en un puñado de informes que hablan de crimen organizado y espionaje político, el subinspector Hernández Ramírez, Chirriplín, con un salario en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y misiones encargadas desde la Asamblea Legislativa amplió sus labores de vigilancia y acoso.

En diciembre de 2024, de acuerdo con dos de los oficiales consultados y con dos diplomáticos destacados en Centroamérica que han tenido conocimiento del recrudecimiento del gobierno de Bukele a críticos de su gestión, se sucedieron varias reuniones en las que funcionarios salvadoreños pidieron al grupo de Chirriplín aumentar la vigilancia de personas señaladas.

Llegó, después, mayo de 2025, cuando el gobierno de Bukele, a través de la fiscalía general, hizo lo que no había hecho antes, arrestar a una voz crítica de alto perfil, con reconocimiento internacional y reconocida por sus investigaciones de las corruptelas del régimen. El 18 de mayo, Bukele, su fiscal y su policía política capturaron a Ruth López. A esa detención siguió el exilio de decenas de periodistas, quienes se sumaron a los que ya habían tenido que abandonar el país en 2021, de las defensoras de derechos humanos más reconocidas del país, unas 100 personas según los cálculos de Human Rights Watch. La mayoría está en las listas de Chirriplín.

Fuente: Prensa Comunitaria