Balance ambiental de Bolivia 2025: la minería ilegal se expande, se eliminó el Ministerio de Medio Ambiente y la deforestación sigue adelante

Además, la exploración petrolera en reservas y cerca de ellas avanzó sin conocerse procesos de consultas a pueblos indígenas y sin realizar estudios ambientales. Algo similar pasó con la actividad del litio, que ahora está paralizada porque no se cumplieron normas ambientales tras la firma de contratos con empresas de China y Rusia.

Así, Bolivia está cerca de llegar al primer lugar del podio de los países con bosques más deforestados del mundo. En 2024 subió al segundo puesto, después de Brasil. De acuerdo a reportes actualizados de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW), la pérdida de bosque primario en Bolivia se disparó un 200 % en 2024, alcanzando un total de 1.8 millones de hectáreas. De esa cifra, un 81 % es bosque primario. Más de la mitad de la pérdida se debió a incendios forestales, a menudo provocados para despejar tierras para la soja, el ganado y la caña de azúcar, que se convirtieron en mega incendios debido a las fuertes sequías.

Lo grave: la minería ilegal avanza sin control

La minería ilegal avanzó sin piedad en 2025 sobre ríos, territorios indígenas y áreas protegidas. No hubo control estatal. El país tuvo el foco puesto en una dura crisis económica con falta de combustibles y carburantes, con el diésel, un producto elemental para que funcione la minería, sobre todo en zonas amazónicas. Aun así, los mineros se las arreglaron para introducir los combustibles para que sus dragas sigan operando.

“Este 2025 ha sido altamente negativo y gris para Bolivia, debido, principalmente, al crecimiento desmesurado de la minería ilegal del oro, que se abrió paso al interior de áreas protegidas y territorios indígenas con consecuencias y daños irreversibles para la salud humana, principalmente de los pueblos indígenas que habitan en la cuenca de los ríos Beni y Madre de Dios”, afirmó Alex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).

El dirigente indígena, en diálogo con Mongabay Latam, añadió que, por ejemplo, la situación del pueblo esse ejja se convirtió en “dramática”, debido a la presunta contaminación con mercurio en los ríos donde pescan. Villca explicó que un estudio reciente de la Universidad de Cartagena de Colombia reveló que nueve de cada diez mujeres indígenas padecen de altos niveles de concentración de mercurio en su organismo y con signos de variadas enfermedades que antes no existían.

Para Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), “la permisividad para la expansión de la frontera minera, particularmente en la Amazonía, prosiguió y en algunos casos con rasgos de mayor violencia por avasallamientos a operaciones mineras”.

El experto afirmó que a pesar de los diferentes diagnósticos que evidenciaron la presencia de mercurio en los organismos de la población indígena, el gobierno de Luis Arce –que terminó su gestión el 8 de noviembre– no atendió la demanda de inclusión de este sector en la discusión del Plan de Acción Nacional para el control en el uso del mercurio. “Este factor, sumado al retraso en la elaboración de este plan, solo prolonga la afectación sobre este sector de la población que pasivamente continúa siendo contaminada por las operaciones auríferas en la Amazonía”, dijo.

Similar postura tiene el abogado Jaime Cuéllar, experto en temas mineros, quien explicó a Mongabay Latam que las consecuencias de la minería ilegal en Bolivia fueron visibles y verificables por el incremento de hechos de violencia asociados a disputas por vetas, territorios y controles de áreas de explotación; el surgimiento de nuevos focos de tensión social; y el agravamiento del costo humano derivado de la exposición de comunidades al mercurio.

“En suma, 2025 cerró como un año en el que la minería aurífera —formal, informal e ilegal— avanzó más rápido que la institucionalidad encargada de regularla, y en el que la presión extractiva sobre los ecosistemas superó ampliamente la capacidad del Estado para prevenir y mitigar daño”, detalló Cuéllar.

El experto añadió que los factores críticos en la minería en Bolivia se concentran en diferentes dimensiones, como la violencia vinculada a la actividad minera que alcanzó niveles preocupantes en zonas auríferas donde operan cooperativas y grupos informales e ilegales. Además de la persistencia y expansión de la minería informal e ilegal siguió generando daños ambientales severos, con impactos directos sobre la calidad del agua, el incremento de la contaminación por mercurio y la pérdida sostenida de cobertura forestal.

Algo que preocupó este año fueron las constantes inundaciones en municipios mineros del norte de La Paz. Por ejemplo, en Tipuani sus autoridades denuncian que la actividad minera afectó el cauce de ríos, lo que provocó que haya inundaciones incluso en épocas secas. Lo mismo pasó en otras localidades como Guanay o Mapiri.

“Es como pensar que uno tiene su casa y por actividades ilegales cercanas tengamos que perder nuestra casa. Eso pasa en el norte de La Paz con la minería ilegal, están por perder sus actividades económicas y sus casas”, aseguró Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

El alcalde de Tipuani, Fernando Vera, volvió a referirse al tema y ratificó que si la minería aurífera sigue operando al ritmo actual, su municipio desaparecerá en tres años. “Las inundaciones siguen, ahora están más fuertes porque es época de lluvia. Seguimos pidiendo control a la minería”, aseguró.

El exministro de Minería Alejandro Santos, antes de acabar su gestión, firmó un convenio con mineros sindicalizados para frenar la minería ilegal, el avasallamiento y el robo de minerales. La exautoridad aseguró que la minería no ingresó a áreas protegidas y que no se aprobaron permisos para operar en las reservas.

El actual ministro de Minería, Marco Calderón de la Barca, se reúne con diferentes sectores mineros, pero en una conferencia de prensa afirmó que no permitirá minería en reservas naturales. 

Lo malo: se eliminó el Ministerio de Medio Ambiente y Agua

El nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, que asumió su mandato el 8 de noviembre, tomó una dura decisión en materia ambiental que despertó muchas críticas. El mandatario disolvió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y lo fusionó con el de Planificación del Desarrollo. Ahora, esta nueva cartera se llama Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, entidad que es dirigida por Fernando Romero, un empresario agroindustrial.

Además, la oficina que administra proyectos relativos al agua pasó al nuevo Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. Esa instancia también es dirigida por Óscar Justiniano, un empresario agroindustrial.

La diputada Cecilia Requena, de la alianza Unidad, lamentó la decisión que adoptó el Gobierno de Paz y afirmó que ahora la temática de medio ambiente quedó achicada a un nivel de viceministerio. “Esta reducción resta importancia jerárquica a un ministro de Medio Ambiente en un gabinete. Esto también debilita sus atribuciones para hacer seguimiento a sectores como el minero y el hidrocarburífero, que sí tienen sus respectivos ministerios”, dijo la legisladora a Mongabay Latam.

Norka Paz, activista ambiental independiente, manifestó que es muy importante explicar al presidente Paz que tomar la decisión de desaparecer el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en medio de la crisis social, ambiental y sanitaria no solo continúa un modelo “mediocre y antropocéntrico de hacer política de Estado”. “Es claramente continuar con una política de despojo, mercantilización del patrimonio natural, fortalecimiento de las oligarquías prooligopolios terricidas en el país y perpetuar el mismo modelo de corrupción que ahonda las múltiples crisis”, señaló Paz.

Mientras, Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS) consideró que la ausencia de propuestas ambientales en los programas de gobierno de los partidos que disputaron la Presidencia ya está generando consecuencias directas en las decisiones adoptadas por el gobierno de Rodrigo Paz.

“Uno de los primeros hechos que lo evidencia es la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, institución responsable de conducir la política ambiental del país. Sus funciones han sido subordinadas al ámbito del desarrollo económico y productivo, un enfoque centrado en la expansión de la frontera agrícola y en el impulso a la producción de monocultivos, lo que reduce aún más la capacidad del Estado para proteger los ecosistemas, regular actividades extractivas y responder a la crisis climática que atraviesa el país”, detalló Vargas.

Justiniano, que en un inicio fue el vocero del Gobierno sobre temas ambientales, prometió que la defensa de los bosques y la lucha contra las actividades que amenazan los ecosistemas serán prioridad. El ministro afirmó que la sostenibilidad y la productividad deben avanzar de manera conjunta para generar oportunidades concretas para las familias del país.

“Lo primero es el medioambiente, lo primero es la conservación, pero también tenemos que entender que la sostenibilidad va de la mano de la productividad. Las otras autoridades deben entender que la sostenibilidad y la productividad son elementos que se conjugan”, afirmó Justiniano en una conferencia de prensa.

Lo alarmante: Bolivia pierde más bosque primario

El último reporte de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW) indicó que, por primera vez, los incendios forestales fueron en 2024 responsables del 59 % de la pérdida total de bosque en Bolivia, mientras que el daño ambiental por desmonte alcanzó las 700.000 hectáreas, otra cifra récord.

Las cifras se dieron a conocer en 2025. La pérdida de bosque primario en Bolivia se disparó un 200 % el año pasado, alcanzando un total de 1.8 millones de hectáreas. De esa cifra, un 81 % es bosque primario. Estos datos ponen a Bolivia en el segundo lugar de los países más deforestados del mundo, luego de Brasil y desplazando a la República del Congo.

“Si bien este año, por lo menos hasta el momento, la problemática de los incendios y deforestación no ha sido tan grave como en 2024, no se puede decir que existe un balance positivo. Hay que recordar que esos incendios y la pérdida de bosque no implican un proceso rápido de recuperación. Hay una porción del bosque que se pierde definitivamente, hay otra porción que va recuperándose y ese proceso no es inmediato”, afirmó Campanini.

El director del Cedib añadió que falta contrastar cuánta de esa deforestación permitió la habilitación de suelo para actividad agropecuaria o ganadera, “que al final consideramos que es la causa principal de la deforestación”. “Entonces, si bien no hubo un impacto negativo como en 2024, este año tampoco se puede catalogar como un balance positivo”, agrega.

Según el informe de GFW, el epicentro de la crisis ambiental en Bolivia estuvo en el departamento de Santa Cruz, que perdió 1.323.301 hectáreas. De esa cifra, el 59 % fue por incendios. La región de Beni alcanzó un nuevo récord en 2024 con 348.000 hectáreas perdidas, frente a las 236.000 del año anterior. El departamento de La Paz también batió récord: 83.000 hectáreas arrasadas, más del doble de la pasada gestión, cuando perdió 38.000 hectáreas.

La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) afirmó que desde 1956, Bolivia ha perdido el 13 % de su bosque original y un 61 % de esa pérdida ocurrió en los últimos 23 años. Solo en el departamento de Santa Cruz, la deforestación alcanzó un 79 % del total nacional, lo que equivale a más de 6.5 millones de hectáreas de bosque desaparecido. Esta situación fue impulsada principalmente por la expansión del agronegocio, la tala ilegal y los incendios forestales, que han acelerado la transformación de los bosques en tierras agrícolas.

Al respecto, Ruth Alipaz, representante de la Contiocap, lamentó que en Bolivia sigan vigentes las denominadas “normas incendiarias”, que dan vía libre a la deforestación utilizando diferentes mecanismos. Estas normas son un conjunto de seis leyes y dos decretos supremos, más dos resoluciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) que fueron expedidas con el propósito de ampliar la frontera agrícola de tres a 13 millones de hectáreas en diez años (hasta 2025). La extensión se hace a través de desmontes, quemas y cambios de uso del suelo autorizados, pero terminaron favoreciendo la ocurrencia de incendios de grandes proporciones. Siete de ellas fueron aprobadas durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

“La mayor parte de los incendios ocurridos desde 2019 hasta hoy fueron en las zonas de ampliación de la frontera agrícola hacia la Chiquitania. Lo mismo ocurrió en zonas del departamento de Beni, donde también se favoreció al negocio ganadero. Entonces, todas estas normas, que siguen vigentes, favorecen a unos cuantos y perjudican a muchos”, detalló Alipaz.

El gobierno de Paz anunció la creación de una unidad de emergencia de las Fuerzas Armadas destinada específicamente a enfrentar los incendios forestales que afectan a diversas regiones del país. La medida, explicó el jefe de Estado, responde al mandato constitucional de proteger las áreas naturales y reservorios nacionales, “una responsabilidad que nunca se aplicó plenamente en gestiones anteriores”.

Vincent Vos, biólogo y parte del equipo de profesionales del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía de la Universidad Autónoma de Beni, considera que los resultados de pérdidas de bosques en el país se deben a la modificación del Plan de Uso del Suelo (PLUS) que realiza cada departamento. En su opinión, el nuevo PLUS del Beni que, remarca, se hizo excluyendo al sector indígena, permitió la expansión agrícola y ganadera, lo que ocasionó la pérdida de bosques en gran magnitud y los incendios forestales.

Lo preocupante: exploración de gas sin control ambiental

En materia de hidrocarburos, en 2025 hubo avances en actividades exploratorias tanto en la reserva de Tariquía, en el departamento de Tarija, como en la frontera entre La Paz y Pando. En ambos casos no hubo reportes oficiales de cuidados ambientales. Al contrario, hubo manifestaciones de preocupación de comunidades indígenas y campesinas sobre la temática.

Este año, dos pozos estratigráficos —para la búsqueda de crudo y gas— iniciaron sus operaciones en la Amazonía boliviana, en plena cuenca del río Madre de Dios. Los pueblos indígenas de la zona denunciaron que no se realizó la consulta previa, libre e informada, como marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que adhiere Bolivia. Los comuneros y expertos alertaron que esta expansión de la frontera hidrocarburífera a la Amazonía puede beneficiar a grupos criminales que se dedican a la tala ilegal de árboles, la caza ilegal, el narcotráfico y también a la ampliación de la minería ilícita.

Según el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), la exploración petrolera y gasífera se intensificó en la Amazonía boliviana con el inicio de operaciones de pozos estratigráficos. Esta organización publicó un estudio que sostiene que este ingreso constituye una preocupante amenaza a uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

“La ejecución de los pozos estratigráficos Tomachi X1 y Tomachi X2 representa por sí misma una amenaza a una de las zonas más sensibles del país. Este desarrollo de infraestructura puede beneficiar, además, a madereros y cazadores, como también a la descontrolada expansión de mineros del oro”, explicó Jorge Campanini, investigador del Cedib.

Roland Mejía, presidente de la Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios (CITRMD), afirmó a Mongabay Latam que el anterior Gobierno no realizó ningún tipo de consulta previa a las comunidades indígenas amazónicas para ejecutar el proyecto petrolero. “Nosotros no sabemos nada, no conocemos si esos pozos están funcionando ahora. A nosotros, como pueblo tacana, no nos consultaron nada”, reclamó.

Lo crítico: el “oro blanco” sin rumbo 

Bolivia es el país con más recursos de litio del mundo. El anterior Gobierno firmó contratos con un consorcio chino y una empresa rusa para separar y extraer el mineral estratégico, pero lo hizo sin consultar a las comunidades indígenas y campesinas que están alrededor de los salares, sin aprobar estudios ambientales y sin brindar transparencia. Ahora, estos contratos están prácticamente anulados porque no tienen la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Se advirtió desde el Cedib y las comunidades locales las preocupaciones en materia ambiental por lo delicado que es este ecosistema [por el salar de Uyuni y sus alrededores], el cual es desértico, se evapora más agua de la que llueve y la vida depende de aguas subterráneas y fósiles, de aguas acumuladas durante miles de años. La extracción de litio no solo usará agua, sino que el hecho de sacar la salmuera puede matar estas zonas”, advirtió Campanini.

El experto también observó que lo más crítico es que el Gobierno saliente de Luis Arce modificó normas ambientales para permitir los contratos con las empresas china y rusa “para que una simple resolución ministerial pueda definir de forma independiente sobre estos cambios”. “Se tomaron acciones preocupantes, como no tomar en cuenta estudios de impacto ambiental”, dijo.

Bolivia, a través de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), firmó el 26 de noviembre de 2024 un contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited. El objetivo principal de ese convenio era la producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni e incluía la instalación de dos plantas industriales: una de Extracción Directa de Litio (EDL) y otra de salmuera residual.

YLB había firmado otro contrato con la rusa Uranium One Group, que es una subsidiaria de la estatal Rosatom, 40 días antes. Ese acuerdo establecía una concesión por 22 años (prorrogables) a cambio de una inversión de 1000 millones de dólares. Tras la construcción de una planta, la empresa iba a recuperar su inversión mediante contratos adicionales de operación, mantenimiento y comercialización.

El exviceministro de Energías Alternativas Álvaro Arnez sostuvo en diálogo con Mongabay Latam en agosto pasado que si no se aprueban los contratos para industrializar el litio, Bolivia perderá una gran oportunidad de inversiones y más adelante se cuestionará por qué no se actuó a tiempo. “Creo que es fundamental entender que el Gobierno tiene la responsabilidad de planificar y anticiparse al incremento del precio del litio previsto para 2030. Si no se industrializa ahora, perderemos una oportunidad más”, dijo el exfuncionario.

Arnez aseguró que los contratos firmados entre el Gobierno boliviano y las empresas de Rusia y de China no solo responden a afinidades geopolíticas —por ser los tres países miembros de los BRICS—, sino también a las capacidades técnicas avanzadas que poseen para la industrialización del litio.

Fátima Monasterio, investigadora de la Fundación Solón, explicó que los contratos quedaron paralizados tras audiencias cautelares que fueron denunciadas por las comunidades cercanas al salar de Uyuni. “La Justicia determinó que se abstengan de cualquier acto administrativo o ejecución de obras que estén asociados a estos contratos. Esta fue una primera victoria de las comunidades porque se tomó en cuenta su preocupación respecto al riesgo que suponen los contratos”, dijo.

Lo bueno: el jaguar ganó una batalla legal

El Tribunal Agroambiental de Bolivia emitió el 23 de abril un fallo inédito y ordenó a diferentes entidades del Estado la protección del jaguar y de su hábitat. La sentencia tiene 12 disposiciones y entre ellas se exige mayor control en aeropuertos, fronteras y terminales de buses con el objetivo de frenar el tráfico de fauna silvestre. Además, se establecen medidas de protección para defensores ambientales y para el hábitat del felino más grande de América.

El 4 de febrero, la exdiputada boliviana María René Álvarez presentó una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Agroambiental. La demanda de la exlegisladora inició como denuncia de biocidio y tráfico de vida silvestre en el Área Natural de Manejo Integral (AMNI) San Matías, en el departamento de Santa Cruz. Solicitó a los magistrados que dicten medidas cautelares de prevención y restauración del hábitat del jaguar, con el fin de frenar la caza de esta especie.

Días antes se conoció la incursión de la empresa Caza & Safaris Argentina en territorio boliviano con el negocio de caza de jaguares. El dueño de esta empresa, Jorge Néstor Noya, realizaba viajes al Pantanal boliviano con sus clientes para cazar al felino más grande de América, según la investigación judicial en Argentina. Lo hizo en varias ocasiones desde la década de 1990 y actualmente la Justicia boliviana investiga también este hecho.

Este empresario ofrecía “paquetes turísticos” de hasta 50.000 dólares para matar jaguares en Bolivia. Ahora, Noya cumple detención domiciliaria en Argentina, donde también es investigado por presunta asociación ilícita y supuestos delitos contra la fauna.

“El jaguar es un símbolo de la Amazonía y la Chiquitania, pero sobre todo es una de las especies protegidas que durante años fue cazada, comercializada y vulnerada en sus derechos. Fue una victoria judicial importante, pero hay que hacer seguimiento para confirmar si se cumplen sus medidas, entre ellas la protección también a los defensores ambientales”, afirmó Álvarez.

Fuente: Mongabay