Cae Hidrovía: Cohidro desiste por falta de estudios toxicológicos
La concesionaria Cohidro, encargada del proyecto Hidrovía Amazónica, comunicó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) su desistimiento de continuar con el proyecto.
La razón detrás de la decisión, de acuerdo con el documento enviado por la concesionaria a Senace, es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) “no ha cumplido ni cumplirá con entregar los Estudios Ecotoxicológicos en forma oportuna”.
Dicho acuerdo, según Cohidro, era una de las obligaciones del MTC “establecidas en el Contrato de Concesion” y además, esto imposibilita a la concesionaria “subsanar las observaciones contenidas en el Informe de Observaciones N° 00737-2019-SENACE/DEIN de fecha 9 de octubre de 2019” del Senace.
Ello debido a que el MTC recién publicó el 27 de noviembre de 2019 en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) el concurso para la “Contratación del servicio de consultoría en general para la elaboración de estudios de caracterización de sedimentos y propuestas para su manejo en el marco del proyecto Hidrovía Amazónica”.
Para Cohidro, esto “confirma la imposibilidad de que el MTC pueda presentar dichos estudios dentro del plazo de levantamiento de observaciones otorgado por el Senace”. Dicho plazo vence el 8 de enero del 2020.
“(…) sirva tener por presentado nuestro desistimiento del referido procedimiento a través de este escrito, tramitado conforme a su naturaleza y, en su oportunidad, declare la conclusión del procedimiento administrativo de evaluación del EIA-d del proyecto Hidrovía Amazónica iniciado por Cohidro ante el Senace”, culmina el documento.
¿Negligencia estatal?
Lo que llama la atención es que el proyecto se caiga por incumplimiento por parte del Estado, uno de los principales promotores del proyecto.
Como se ha informado a través de este medio, las organizaciones indígenas, entre ellas la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), sus bases regionales y federaciones, además de científicos han denunciado las consecuencias negativas del proyecto.
A pesar de ello, el Estado insistió en continuar, sin tomar en cuenta que representantes de la empresa CASA –miembros del consorcio Cohidro– tuvieron acceso privilegiado a las oficinas de Proinversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en etapas claves del proceso de adjudicación.
Fuente: Servindi