Chiapas: ONU exige liberación inmediata de presos políticos tzeltales

Originarios del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, los cinco presos políticos permanecen recluidos, desde hace más de tres años y dos meses, en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) n° 5, acusados,  sin pruebas contundentes y en medio de irregularidades, por el asesinato de una persona, sucedido en mayo del 2022.

El organismo de las Naciones Unidas emitió su opinión acerca del caso el 4 de abril del 2025, después de un análisis derivado de una visita al estado de Chiapas realizada en septiembre del año 2023 y, tras recibir información de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos a las autoridades mexicanas durante julio del 2024. 

Criminalización

Acorde  a una misiva firmada por nueve organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional, Front Line Defenders y el Movimiento Sueco por la reconciliación (SweFOR), la opinión del pasado abril destaca una serie de violaciones a los derechos humanos contra los cinco presos, desde su arresto como durante el desarrollo de sus procesos judiciales.

Destaca que la detención de los cinco tzeltales ocurrió sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados sobre los cargos imputados en su contra. Además, una vez arrestados no fueron presentados a un juez, incluso, en el caso de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas posteriores a su detención.

A su vez, destacan la parcialidad del juez en el desarrollo del proceso penal, esto debido a que la orden de aprehensión fue emitida posteriormente a los arrestos, pero antes de que la Fiscalía chiapaneca la solicitara. “La orden de aprehensión fue aparentemente solicitada por la Fiscalía el día 31 de mayo de 2022 a las 15h41 al juez de control. El juez otorgó la orden de aprehensión ese mismo día a las 15h40, es decir, un minuto antes de que existiera una solicitud”, destaca el documento con las opiniones aprobadas en abril por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Entre otras violaciones al proceso, y pese a que el gobierno de Chiapas sostiene lo contrario, subrayan la falta de acceso a un intérprete español-tzeltal, ni en el momento de la detención ni durante el proceso judicial. 

Aunado a ello, destacan las incongruencias en las pruebas presentadas por la Fiscalía de Chiapas durante los dos juicios, tales como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión de protocolos y deficiencias en la determinación de la causa de la muerte; contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales; además de la participación de peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no corresponden con el contenido del dictamen, ya que las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.

También sostienen que no existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, “revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la normal”, acusan las organizaciones de derechos humanos. 

Reconocidos los cinco detenidos tzeltales como defensores de derechos humanos, el Grupo de Trabajo considera que su criminalización está motivada precisamente por su labor en la defensa de la tierra y el territorio. Dentro de su opinión, enmarca las detenciones arbitrarias en el contexto de San Juan Cancuc, municipio tzeltal “donde históricamente la población se ha opuesto a megaproyectos como la presa hidroeléctrica y la ‘supercarretera’, además de oponerse a la militarización de su territorio”. 

Acorde al organismo de Naciones Unidas, la detención de los cinco defensores obedece a una política de criminalización de la defensa del territorio. “A través de este patrón, el Estado busca generar miedo, inhibición y desmovilización de las comunidades indígenas”, enfatiza. 

Una vez concluido un primer juicio, el 17 de mayo del 2023, los detenidos recibieron una condena de 25 años por homicidio calificado. Tras una apelación de la defensa legal, un nuevo enjuiciamiento fue concluido el 19 de abril del 2024, en el cual se les ratificó la sentencia. Actualmente, los cinco defensores tzeltales están a la espera de la resolución a un recurso de apelación.

La condena contra los presos políticos acontece, según el análisis jurídico del Grupo de Trabajo de la ONU, aún cuando la Fiscalía “no ha podido establecer, ni durante la vinculación a proceso ni en la sentencia del 19 de abril, la causa de la muerte de la persona fallecida. Según la fuente, el perito de la Fiscalía carece de especialización y no examinó el cadáver. Esta incertidumbre impide confirmar si hubo un delito y quién sería responsable”, sostiene.

Libertad inmediata

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) son otras de las organizaciones que se sumaron a la exigencia para la liberación inmediata e incondicional de los cinco defensores tzeltales de San Juan Cancuc. 

Además, también exigen la investigación de las autoridades responsables de su criminalización, y la reparación integral de todos los daños causados a los defensores y sus familias acorde al marco de obligatoriedad al que el Estado mexicano se adhiere como miembro activo de las Naciones Unidas.

Resaltan también la preocupación por las violaciones a derechos humanos observados por SweFOR, organización que ha atestiguado y documentado el desproporcionado uso de la fuerza durante las detenciones, los tratos discriminatorios por parte del tribunal hacia los defensores durante su juicio y la sistemática obstaculización del proceso judicial, manifestado en constantes cancelaciones de audiencias o en la negación del acceso a observadoras internacionales y prensa. 

“Es remarcable el impacto que SweFOR ha podido contemplar en los cinco defensores a lo largo de sus visitas al penal: la situación de criminalización y las condiciones de vida en la cárcel han derivado en afectaciones médicas cuyo abordaje no ha sido en absoluto facilitado por las autoridades carcelarias, mientras que los cambios en los protocolos de visitas han restringido enormemente las posibilidades de las familias de poder acompañarlos, con el impacto impacto psicológico que ello conlleva”, destaca la organización sobre las afectaciones a los detenidos y sus parientes.

Fuente: Avispa Midia