Comunidad mapuche lafkenche protege su territorio costero ancestral de agentes estatales e intereses empresariales

En un contexto caracterizado por una intensa ofensiva política y comunicacional contra la Ley Lafkenche, así como por actos de intimidación y hostigamiento hacia dirigentes y comunidades indígenas solicitantes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPOs), la Asociación Wadalafken de la región de Los Ríos enfrenta un complejo entramado institucional que amenaza su derecho a la protección y uso de su territorio costero ancestral.

La controversia está centrada en la admisibilidad de un recurso de reclamación presentado por las comunidades mapuche lafkenche, con el objetivo de anular parcialmente la  Resolución Exenta N° 238 de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), la cual redujo a un 3% la extensión del ECMPO solicitado, rechazando el 96% de la superficie restante, pese a que la CONADI había acreditado su uso consuetudinario.

Este proceso, que inicialmente parecía sólo un trámite administrativo, ha escalado hacia instancias superiores, encontrándose en la actualidad en manos de la Contraloría General de la República (CGR), generando un profundo debate sobre los derechos de los pueblos originarios, el marco legal vigente y las estrategias de actores con intereses en el borde costero, como lo es la transnacional industria salmonera.

Comunidades enfrentan maniobras dilatorias que vulneran su derecho a proteger territorio ancestral

El 19 de agosto, en una sesión extraordinaria de la CRUBC, se votó la admisibilidad y luego la inadmisibilidad del recurso de reclamación presentado por las comunidades indígenas. Aunque la votación fue favorable, no se alcanzó el quórum de tres tercios establecida para su aprobación definitiva. Sorprendentemente, el equipo jurídico de la comisión anunció que, en lugar de resolver mediante un acto administrativo, la solicitud sería enviada a la Contraloría para que dictaminara sobre su admisibilidad. Esta decisión, considerada por las comunidades como una maniobra dilatoria, vulnera principios básicos del derecho administrativo, en particular el derecho a la impugnación de los actos administrativos.

En entrevista con Ecoceanos, Christian Paredes, abogado representante de las comunidades, explicó que “el recurso cumple con todos los requisitos legales para su admisión.  La Municipalidad de Corral presentó un documento de observaciones en el último en el último minuto, solicitando su inadmisibilidad. En lugar de resolverlo en la instancia correspondiente, la comisión decide remitirlo a la Contraloría, lo cual limita nuestra capacidad de defensa y dilata el proceso”. El recurso, presentado el 15 de julio, busca dejar sin efecto la parte de la resolución que rechaza la mayor parte de la ECMPO Wadalafken, al considerarse ilegal y arbitraria.

Durante este proceso, las comunidades habían expuesto sus argumentos en distintas instancias: el 31 de julio ante el Comité Técnico y el 7 de agosto ante el pleno de la CRUBC. En ninguna de ellas se discutió la inadmisibilidad del recurso, manteniendo siempre su carácter de procedente. Sin embargo, la Municipalidad de Corral, en su escrito del 6 de agosto, argumentó que la única vía correcta sería declarar la inadmisibilidad del recurso, advirtiendo que, en caso de no hacerlo, recurrirían a la Contraloría para cuestionar la legalidad de la decisión.

Desde la perspectiva legal, el municipio invoca la Ley Lafkenche, citando de manera falsa el artículo 8°, e intentando confundir los procedimientos. El abogado de las comunidades denunció que “la Municipalidad de Corral construye un argumento en contra de la admisibilidad, citando una norma que no existe en la ley. Todas las decisiones, cuando generan agravio o afectación a alguna de las partes, como una que rechaza el 97% de una solicitud de espacio costero, son susceptibles de ser impugnadas por las vías legales”.

Industria salmonera intenta detener implementación de la Ley Lafkenche

En entrevista con Ecoceanos, Sergio Quinan, coordinador de la Asociación de Comunidades Wadalafken, afirmó que esta situación responde a una estrategia política comunicacional impulsada por la industria salmonera que busca limitar la aplicación de la Ley Lafkenche. Tal maniobra tiene como objetivo principal bloquear el reconocimiento de los espacios de uso consuetudinario de los pueblos originarios, de manera de favorecer así sus intereses económicos.

«Han estado bloqueando la aplicación de la norma en las regiones de Los Lagos y Aysén. Ahora, están operando en la región de Los Ríos, porque los argumentos utilizados para rechazar el ECMPO Wadalafken son los mismos que se han esgrimido, por ejemplo, para modificar la Ley Lafkenche en el Congreso», advirtió Quinan.

El dirigente de la comunidad señaló que Corral es una comuna pobre que recibe sus principales aportes económicos de las empresas pesquera y salmonera Blumar, propiedad de la familia Sarquis, y de la portuaria Corral, vinculada con la familia Luksic. Por ello, no es casualidad que el alcalde de la Municipalidad de Corral Claudio González (RN), desde un comienzo se haya opuesto a la aprobación del ECMPO, sustentando su rechazo en argumentaciones sin lógica y generando desinformación, indicó.

La campaña político-comunicacional desplegada por el empresariado contra la Ley Lafkenche ha reclutado a transversales actores sociales y políticos para reactivar en el Senado la discusión sobre  el proyecto de ley (Boletín 15862-21) ingresado en abril de 2023 por los senadores Fidel Espinoza, Carlos Kuschel, Gastón Saavedra, David Sandoval, junto al exsenador Álvaro Elizalde, con el fin de limitar la aplicación de la normativa, afectando los derechos de los pueblos originarios.

El abogado Paredes alertó sobre los ataques que ha sufrido la Ley Lafkenche, tanto a nivel regional como nacional. Desde febrero de 2024 se ha incrementado el rechazo hacia los ECMPOs en las regiones de Los Lagos y Aysén, mientras que en regiones como Biobío, La Araucanía y Los Ríos, la aprobación de estos planes había ocurrido sin mayores contratiempos, y con el acuerdo de los actores involucrados.

En el caso de la comunidad de Wadalafken, emergen falsos discursos que equiparan a los ECMPOs, como figuras normativas protectora de los usos consuetudinarios de los pueblos originarios, con una limitación a todo tipo de actividad económica o de uso del territorio, generando divisiones en la percepción pública y la discusión política legislativa.

Comunidades denuncian la desinformación sobre los ECMPOs por parte de organismos públicos

En esta problemática el papel que juegan la Subsecretaría de Pesca y de Acuicultura (Subpesca) y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) es central. La resolución del CRUBC de Los Ríos, que rechazó el ECMPO Wadalafken, se fundamenta en informes de ambas instituciones que citan normas derogadas, tales como el artículo 9 de la Ley General de Pesca, o normas inexistentes, evidenciando una deficiente fundamentación técnica y jurídica.

Las comunidades mapuches denunciaron que estas instituciones públicas actúan con mala intención, generando confusión en el proceso y la desconfianza entre los pescadores artesanales, quienes ven la EMCPO como un obstáculo para sus derechos y su desarrollo. «Estas afirmaciones erróneas de los servicios públicos son muy graves. Están mintiendo. Además, son los mismos organismos con los que los pescadores mantienen relación. Esto crea una percepción desde institucionalidad que afecta la confianza en la ley», señaló Quinan.

Agregó que algunos dirigentes de la pesca artesanal, desinformados y en oposición a los planes, son utilizados para desprestigiar la protección de los espacios marinos costeros. Según Paredes, los alegatos que afirman que los ECMPOs restringen y afectan el desarrollo de actividades productivas, como la pesca artesanal, carecen de sustento legal y de la normativa sectorial. La Ley Lafkenche tiene como objetivo garantizar el respeto a diferentes usos del mar, así como la utilización sustentable de los recursos naturales para las comunidades costeras.

«Los pescadores artesanales, en sus actividades extractivas, están protegidos por cuotas, planes de manejo y tienen asegurado el acceso a las cinco millas marítimas. Por lo tanto, el espacio costero no puede restringir su acceso a los recursos», afirmó el abogado Paredes, evidenciando la falacia de los argumentos que intentan limitar los derechos de las comunidades indígenas, mediante la desinformación y la manipulación política.

En el análisis jurídico, la posición de las comunidades es clara:  los ECMPO son herramientas de conservación marina que, por ley, no limitan otros usos del mar, como la pesca artesanal, siempre y cuando estos sean compatibles con la protección del ecosistema.

La normativa establece que las comunidades suscriben convenios de uso con la Subsecretaría de Pesca, sin que ello implique propiedad del espacio. Además, los informes técnicos y las resoluciones de organismos como la CRUBC en otras regiones, y del propio  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ratifican que no existe conflicto entre la protección del espacio y las actividades productivas tradicionales. 

Cuando los funcionarios estatales y el empresariado amenazan la conservación marina y los derechos de los pueblos originarios

La resistencia de la Municipalidad de Corral, en particular, junto al discurso de actores sociales y económicos ligados a la salmonicultura industrial, reflejan la complicidad de intereses para mantener el control extractivista sobre los recursos del borde costero, en detrimento de la legislación que asegura la conservación marina y respeto a los derechos de los pueblos originarios.

El abogado Christian Paredes confía en que el recurso de reclamación será admitido y resuelto favorablemente por la Contraloría, dado que existen precedentes y jurisprudencia que respaldan la legalidad del proceso. Mientras tanto, las comunidades mapuche lafkenche siguen en pie de lucha, promoviendo el diálogo con instituciones académicas, organizaciones sociales y otros actores interesados en proteger el territorio y sus usos tradicionales.

La resolución del caso Wadalafquen no solo determinará el futuro de un espacio costero específico, sino que también marcará un precedente sobre cómo las instituciones y funcionarios públicos en Chile reconocen y respetan los derechos legales de los pueblos originarios, en cumplimiento con los acuerdos internacionales ratificados por el Estado, en un contexto de creciente conflictividad socioambiental y asalto empresarial a los territorios y sus bienes comunes.

Fuente: Ecoceanos