Defensa del territorio a juicio: la lucha de 11 campesinos en Colombia contra la minería escala el conflicto en Jericó

Las acusaciones por los supuestos delitos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales contra los líderes Mauricio Londoño, Juan Carlos Salinas, Gustavo Arboleda, José Gabriel Suárez, Argiro Tobón, José Luis Bermúdez, William Gaviria. Albeiro Cardona, Porfirio Garcés, Rodolfo Tobón y Rubiel Arango, quienes evitaron acciones mineras, agudizaron el conflicto que en los últimos años ha venido escalando.

El pasado 16 de junio, un juez resolvió que los 11 de Jericó —como ya se les conoce en la región— podrán enfrentar el proceso en libertad, ante la solicitud de aseguramiento domiciliario solicitado por la fiscalía. Además de presentarse al juzgado cuando sean requeridos, los defensores no pueden salir del país.

Habitantes de Jericó que han sido testigos del conflicto cuentan a Mongabay Latam los hechos que han marcado la defensa por el territorio y el agua en esta región serrana de Colombia.

“No son delincuentes”

Pese a la medida de enfrentar el proceso en libertad, para la Corporación Jurídica Libertad, una de las organizaciones que ha acompañado a los defensores, este proceso judicial es uno de varios intentos por frenar la movilización social en Jericó y pavimentar el camino para el megaproyecto, el cual continúa en etapa de exploración.

Así lo señala Vanessa Vasco Vargas, abogada de la organización y quien ve una persecución contra los actos de resistencia que han realizado campesinos y defensores de Jericó.

“No se ha tratado solamente de acallar esta lucha campesina a través de este proceso penal, sino también otros usos del derecho por parte de la empresa en contra de los campesinos”, señala la abogada sobre antecedentes en los que ya se había intentado procesar a decenas de campesinos por diferentes actos de protesta.

Vasco se refiere a dos hechos que escalaron el conflicto legalmente. El primero de ellos ocurrió en noviembre de 2022, cuando campesinos de Jericó impidieron que personas con el rostro cubierto y sin identificación ingresaran a un predio en la vereda Vallecitos para instalar una plataforma minera.

El segundo ocurrió casi un año después, en diciembre de 2023, cuando detuvieron a vehículos que intentaban ingresar maquinaria para la instalación de la plataforma minera en la vereda conocida como la Soledad. Días después, los campesinos ingresaron al predio para desinstalar la plataforma, desmontaron la maquinaria y la entregaron a autoridades locales.

Para la abogada, ambos hechos son los principales elementos que ha utilizado la fiscalía en la acusación contra los campesinos para pedir su arresto domiciliario.

Vasco sostiene que pruebas como videos de la misma población campesina fueron clave para que los defensores ganaran una primera batalla y no fueran privados de la libertad.

“En Jericó todos saben quiénes son ellos: líderes veredales, miembros de juntas de acción comunal, protectores de sus acueductos. Nadie los ve como delincuentes. Ellos están en cumplimiento de un deber: están protegiendo el ambiente y el agua”, señala.

En su momento,  la Defensoría del Pueblo rechazó la judicialización del caso y sostuvo que los hechos por los que se acusa a los campesinos no pueden ser separados del contexto que los motiva: “La defensa colectiva y legítima de un territorio frente a una actividad impuesta y percibida como amenazante”.

El arresto de los defensores, asegura Vasco, hubiera permitido replicar otras formas de criminalización hacia las comunidades y personas defensoras.

“Si resultaba favorable [la prisión domiciliaria] muchas otras empresas, o incluso la misma AngloGold Ashanti en otros territorios de Colombia, donde también tiene proyectos mineros, podría generar la misma estrategia judicial”, advierte Vasco.

Sin embargo, la abogada destaca la resolución como ejemplo de que la organización a pequeña escala puede resistir ante la insistencia de una de las mineras más grandes del mundo.

Con las acciones legales, sostiene, la empresa generó un gran movimiento a favor de los campesinos. “Se volvió un asunto gigante a nivel nacional, tanto así que hasta el mismo presidente de la República se refirió a este conflicto socioambiental”, agrega.

El presidente Gustavo Petro ha mencionado en varias ocasiones el conflicto socioambiental en Jericó. Antes de su administración, prometió que Jericó no sería un distrito minero. Ya en funciones incluso aseguró que su gobierno buscaría la forma de apoyar a los campesinos.

Un pueblo dividido por la minería

El proyecto minero continúa en fase de exploración, luego de que en 2021 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)  archivó la solicitud de explotación debido la información insuficiente y la incertidumbre que genera en temas como el área de influencia del proyecto, la identificación de impactos ambientales e incluso en las medidas de manejo propuestas.

Sin embargo, aún cuenta con el título minero y tiempo para reponer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que no prosperó en un inicio y el cual es indispensable para el proyecto. Se estima una vida útil de 21 años para extraer cerca de 5 millones de toneladas de concentrado de cobre, mayoritariamente, así como oro y plata.

En este tiempo, el proyecto minero ha buscado incidir en la población de Jericó mediante programas educativos, culturales y deportivos. Solo en 2024, el proyecto gastó poco más de un millón de dólares en la contratación de “bienes y servicios” en el desarrollo de habilidades empresariales en Jericó, de acuerdo con su  reporte anual.

Para Lina María Velásquez Escobar, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, estas acciones han dividido a la comunidad por los beneficios económicos que promete el proyecto.

“Quieren ganar la licencia social y la aceptación. Han comprado los instrumentos musicales para los niños, uniformes de los equipos deportivos. Con el pasar de los años ya tienen aceptación en parte de la población y esto ha generado ruptura en las familias”, cuenta Velásquez.

La investigadora señala que hay una resistencia en convertir a Jericó en un distrito minero, por lo que defensores y organizaciones han recurrido a estudios técnicos y académicos para mostrar el nivel de riesgo para el bosque tropical seco y el bosque húmedo de la montaña, así como para la biodiversidad y las fuentes de agua.

Por ejemplo, un análisis del  Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia destaca que la EIA presentada por la mina omite la existencia de acuíferos en la zona, por lo que no considera los impactos a largo plazo sobre los cuerpos de agua y de los cuales dependen los cultivos, cafetales y ganaderos de la región.

Velásquez, quien también coordinó una investigación sobre el conflicto socioambiental, señala que ha habido una campaña para desprestigiar el trabajo de los campesinos y ligarlos con grupos delictivos en una zona que ha logrado distanciarse de conflictos armados.

Sumado al proceso judicial, la integrante de la Mesa Ambiental de Jericó advierte que este tipo de señalamientos son muy graves en Colombia, país de América Latina que en los últimos 10 años acumula la mayor cantidad de asesinatos de personas defensoras del territorio.

“El riesgo en Colombia es permanente. Sobre todo enfrentarnos a la tercera minera de oro del mundo. Sabemos que es una multinacional muy poderosa, con muchas influencias y el riesgo está ahí”, advierte.

Sin embargo, también sostiene que la lucha de los campesinos de Jericó ha trascendido en Colombia.

“Esta defensa es histórica, son muchísimos años llamando la atención de todo el país para evitar que se haga un daño tan grande en este territorio que es tan biodiverso, que tiene tanta agua y que vale la pena cuidar”, enfatiza.

Mongabay Latam contactó a la Minera de Cobre Quebradona para conocer su postura sobre las preocupaciones socioambientales de quienes se oponen al proyecto. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

La voz de la iglesia en Jericó

Una de las voces que ha tomado postura firme en el conflicto es la del obispo de Jericó, monseñor Noel Antonio Londoño, quien ha manifestado su oposición al proyecto minero tras más de 12 años de vivir en el municipio.

“Los campesinos que han estado en protesta son católicos y consideran que eso [defender la naturaleza] es parte de su fe. Eso es lo que hemos ido alimentando”, sostiene el obispo, quien no ha escondido la responsabilidad de la iglesia frente al conflicto.

En 2014 coordinó la publicación de una carta pastoral sobre el impacto de la minería en el territorio para alertar de los riesgos de la actividad.

Además, cuenta a Mongabay Latam los acercamientos que tuvieron con él representantes de la mina y que terminaron con el ofrecimiento de una “catedral de cobre”.

“Vinieron a la Casa Episcopal un grupo de directivos locales de la empresa minera a decirme ‘Monseñor, queremos ofrecer la Catedral de Cobre de Santa Laura’. Yo abrí la puerta y los saqué inmediatamente”, relata.

A pesar de las presiones y las cartas enviadas al Vaticano por sectores a favor del proyecto para que fuera removido de su cargo, el obispo se ha mantenido y recientemente participó en la publicación de las Orientaciones Pastorales ante la Minería, documento que, inspirado en el  Laudato Sí —la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado ambiental— denuncia las prácticas abusivas de corporaciones mineras transnacionales en América Latina.

Ante la situación judicial de los defensores de Jericó, Londoño asegura que los ha acompañado y defendido en el proceso de resistencia. Añade también que mientras no se cambie la legislación minera en Colombia “seguiremos luchando casi contracorriente y a base de manifestaciones y de alboroto, cuando debiera ser el Estado el que se autodefienda”.

El plazo del proyecto minero para presentar un nuevo estudio ambiental vence en diciembre de 2025, pero puede extenderse dos años más. Mientras tanto, el proceso judicial contra los defensores continuará con los campesinos en libertad.

Fuente: Mongabay