Defensoría busca frenar tratamiento legislativo del contrato de explotación de litio con empresa rusa con medidas cautelares
La Defensoría del Pueblo presentó una acción de medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental de La Paz, con el propósito de frenar el tratamiento legislativo del contrato de explotación de litio entre Yacimientos de Litio Bolivianos y la empresa rusa Uranium One Group, que fue aprobado en grande y en detalle, por considerarlo que se vulnera Derechos Humanos Ambientales. Dicha acción fue comunicada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el 28 de julio.
La solicitud legal plantea la suspensión del tratamiento de los proyectos de ley vinculados a los contratos de litio hasta contar con evaluaciones técnicas completas, y se garanticen la consulta previa, libre e informada a las comunidades que resultaren afectadas por las operaciones mineras y el uso excesivo del agua y se establezcan normas que obliguen a realizar evaluaciones ambientales estratégicas antes de aprobar contratos que comprometen la palabra del Estado.
En el recurso también se señala la necesidad de contar con informes técnicos que respalden los contratos, además de resguardar los derechos ambientales y de la Madre Tierra. En esa línea se plantea la realización de estudios hidrogeológicos sobre la disponibilidad de agua en las zonas de explotación.
«La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por la reciente aprobación, en grande y detalle del contrato de explotación del litio suscrito entre el Estado boliviano y la empresa rusa, por parte de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados y demanda es respeto a los Derechos Humanos Ambientales, incluidos los derechos colectivos y de la Madre Tierra, y reconociendo que el agua es un componente esencial para garantizar la vida humana y el equilibrio de los ecosistemas», se lee en la nota de prensa de la institución.
Entre los planteamientos del recurso legal se detallan:
- La suspensión del tratamiento de proyectos de ley vinculados a estos contratos hasta contar con estudios ambientales integrales, especialmente sobre disponibilidad hídrica, respaldados por estudios hidrogeológicos.
- La garantía de procesos efectivos de consulta previa, libre e informada antes de su aprobación.
- El establecimiento de normas que exijan evaluaciones estratégicas ambientales previas al tratamiento de contratos relacionados con el litio.
- La validación de los informes técnicos que respaldan los contratos por instancias especializadas, competentes y representativas.
La Defensoría del Pueblo advierte que cualquier decisión sobre la industrialización del litio debe adoptarse con la máxima transparencia, observando la normativa nacional e internacional aplicable, y considerando de manera seria las observaciones jurídicas, técnicas y ambientales, incluidas las referidas a los posibles impactos sobre los recursos hídricos y los ecosistemas.
En este sentido, se exhorta a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores a actuar con responsabilidad y en apego a los principios de protección ambiental, priorizando el respeto a los derechos de la Madre Tierra, el interés nacional y las acciones legales en curso, así como las demandas de la población potosina.
La Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus “A”, reconocida por el Sistema de Naciones Unidas y cuyo mandato constitucional le faculta a velar por la vigencia de los derechos humanos individuales y colectivos, así como de los derechos de la Madre Tierra, reafirma su compromiso de adoptar todas las acciones necesarias para garantizar el seguimiento, la protección y la promoción de estos derechos, en estricto cumplimiento de su mandato y en beneficio de la población y de la vida en todas sus formas.