El prontuario que no quieren que conozcas del diputado salmonero promotor de ley que criminaliza a defensores de la naturaleza

La probidad funcionaria no es una característica de la política chilena. Ejemplo de ello es el nuevo caso de corrupción parlamentaria protagonizado por el diputado del Partido Demócrata y representante de la región salmonera de Aysén, Miguel Ángel Calisto, quien fue desaforado este lunes 4 de agosto por la Corte de Apelaciones de Coyhaique a solicitud de la Fiscalía Regional luego que el  Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara por fraude al fisco, debido al presunto desvío de millonarios de recursos públicos provenientes de las asignaciones parlamentarias.

La Fiscalía Regional de Aysén solicitó el desafuero del parlamentario el 27 de junio, en el marco de una investigación en la que también existen otras personas involucradas. Los otros imputados en la causa son Felipe Klein, consejero regional del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Carla Graf, exasesora del diputado Calisto y secretaria regional del PDC en Coyhaique, y el dirigente sindical Roland Cárcamo (PDC), quien el pasado 09 de febrero había protagonizado un choque contra una comisaría de Aysén, mientras manejaba en estado de ebriedad.

La situación parlamentaria del diputado Calisto es grave, debido a las acusaciones de “asesorías fantasmas”, contratos sin respaldo y de transferencias monetarias ilícitas, destinadas a financiar campañas políticas y gastos particulares. El CDE asegura que la situación es “conocida y aceptada” por el parlamentario, “quien faltando a los deberes de su cargo e incurriendo en múltiples acciones de administración desleal de los fondos públicos, promovió la celebración de contratos por servicios no prestados”.

Los servicios no prestados por Carla Craf, le permitió recibir pagos que superaron los $100 millones de pesos. También la CDE detectó que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional habría sido utilizado de manera fraudulenta para obtener beneficios económicos personales.

La investigación revela que parte del desvío de fondos públicos habrían sido usados para financiar la compra de una parcela.  Fast Check CL accedió a correos en los que el empresario de la zona Claudio Campusano Urbina exige a Calisto y a su amigo Roland Cárcamo el pago de un crédito de consumo solicitado expresamente para cubrir esa adquisición.

Según la sentencia entregada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, estos recursos provendrían de asignaciones parlamentarias, triangulados a través de la asesora Carla Graff y su entorno cercano, y beneficiarían directamente al diputado Calisto y a Campusano Urbina.

El vínculo del diputado con intereses del empresariado salmonero para criminalizar a defensores de la naturaleza

Miguel Ángel Calisto fue militante de la Democracia Cristiana durante veinte años. En 2023 se integró al Partido Demócratas, transformándose en un enérgico lobista y promotor de la agenda de la industria salmonera exportadora, además de ser un activo participante en seminarios, tales como AquaForum Aysén 2025, donde junto con gerentes de compañías salmoneras acusaron a las organizaciones ambientalistas y las comunidades indígenas de constituir una amenaza contra el desarrollo del país.

Durante el 2024-2025, el diputado Calisto -con los apoyos de los gerentes de las empresas AquaChile, Blumar, Nova Austral y Camanchaca- ha impulsado el proyecto de ley (boletín 15643-06) que endurece las regulaciones y el control estatal sobre las organizaciones ambientalistas sin fines de lucro, con el fin de “promocionar la transparencia”. Sin embargo, su real objetivo es silenciar a los defensores de la naturaleza y pueblos originarios, eliminando todo control social sobre la destructiva expansión de los monocultivos industriales de salmónidos en los territorios del Walmapu y la Patagonia chilena.

Durante el AquaForum Aysén 2025, los gerentes generales Sady Delgado (AquaChile) y Gerardo Balbontín (Blumar) apoyaron públicamente la campaña de Calisto contra las organizaciones ambientalistas y la Ley Lafkenche (Ley 20.249), a la cual acusaron de colapsar el sistema de entrega estatal de concesiones salmoneras, al solicitar Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPOs).

Anteriormente, en enero del 2022, durante la discusión y votación del proyecto que modificaba la Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley N°18.892), Calisto se opuso a la exclusión de los cultivos industriales de especies de peces carnívoros exóticos que operan irregular y destructivamente al interior de los parques nacionales y áreas protegidas de la Patagonia.

El diputado Calisto ha sido un operador de las campañas de presión pública que utiliza a dirigentes sindicales y empresarios subcontratistas de la industria salmonera contra la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, luego que la secretaria de Estado criticara la existencia de centros de cultivo de salmón industrial al interior de áreas protegidas. Posteriormente, ha sumado acciones contra políticos, parlamentarios y funcionarios estatales que intentan regular la destructiva expansión de los monocultivos industriales de salmón. En agosto de 2024, junto a dirigentes sindicales de las empresas salmoneras declaró que es necesarios modificar la ley Lafkenche para defender la salmonicultura, el empleo y “terminar con la incertidumbre en el uso del mar”.

Deuda de 12 millones por no pago del TAG

A todas las irregularidades anteriores se ha sumado la denuncia contra Miguel Ángel Calisto por una inexplicable deuda que supera los 12 millones de pesos por no pagar el uso de autopistas concesionadas bajo el sistema TAG. “Que un político no tenga deudas sería muy grave, con la cantidad de gastos que tenemos todos los días: premios de rifa, premios para los enfermos, aporte para las comunidades», señaló el diputado por Aysén, reconociendo que también tiene deudas en la empresa ABCdin.

Hoy Calisto aspira a ser candidato a senador por Aysén, para lo cual cuenta con el apoyo financiero del empresariado salmonero, lo que explica su agresiva campaña contra las organizaciones ambientalistas y comunidades de pueblos originarios.

Tras conocerse el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, el diputado del Partido Demócrata confirmó que acudirá a la Corte Suprema para revertir la resolución. Mientras el máximo tribunal no se pronuncie sobre el desafuero, Calisto podrá continuar ejerciendo sus funciones en el Parlamento.

El Centro Ecoceanos alertó a la ciudadanía y organizaciones socioambientales sobre este corrupto diputado, llamando a apoyar su desafuero para ser juzgado por fraude fiscal y unir fuerzas para rechazar el proyecto de ley (boletín 15643-06) que amenaza nuestro derecho constitucional a la organización y a la libertad de expresión.

Fuente: Ecoceanos