«La Soberanía Alimentaria es un proyecto político emancipatorio»

Planteabas en tu intervención durante el seminario que Soberanía Alimentaria representa un proyecto político emancipatorio; ¿podrías desarrollar más esta perspectiva?

Sí. Nosotras pensamos que sí queremos proyectos políticos que realmente signifiquen garantía de derechos, pero que garanticen también la participación, la toma de decisiones en manos de los pueblos, mayores niveles de autonomía de los pueblos… porque eso es la Soberanía Alimentaria, es la toma de decisiones en manos de los pueblos; no estamos hablando del autosustento personal individual, ¿no? Estamos hablando de la capacidad de los pueblos de garantizar su propia producción de alimentos. Entonces, si queremos esos proyectos liberadores justos, que garanticen derechos, que garanticen la justicia, necesitamos pensar cuáles son las características que tiene la Soberanía Alimentaria que contribuye a ese tipo de proyectos políticos. Una de las cosas que nosotros destacamos es que detrás de la construcción de la Soberanía Alimentaria hay un sujeto político; no es gente que produce alimentos solamente, sino que hay una organización histórica del campesinado, también de los pueblos pescadores, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, que se han organizado para producir alimentos, que tienen conocimientos acumulados, y que ese sujeto político además ha sabido resistir a lo largo de la historia todos los sistemas de opresión como el colonialismo, el racismo, y crecientemente además en la resistencia contra el sistema patriarcal a partir de la lucha de las mujeres y las disidencias. Entonces, hay un sujeto político que, por un lado, resiste, pero que por otro lado, construye política, acumula políticamente, y es capaz de diseñar sistemas alimentarios que son los que, finalmente, alimentan a la población mundial. Con el 25% de los recursos, el campesinado y estos sistemas alimentarios locales, indígenas, de pesca artesanal, las huertas urbanas, etcétera, son finalmente quienes proveen de alrededor del 80% de la producción de alimentos. Ahí vemos ese sujeto político que es fundamental, porque si no hay un sujeto político, es difícil construir un proyecto político, y ese sujeto político popular se articula además de distintas maneras, porque el campesinado se ha sabido articular con la clase trabajadora en las ciudades, con los sindicatos, con el feminismo popular, con quienes luchamos por la justicia ambiental. Entonces, hay una articulación de movimientos para construir un sujeto político más amplio y este proyecto.

En segundo lugar, pensamos que es muy importante que este proyecto político reivindique la política como una herramienta fundamental para la transformación de nuestras sociedades; o sea, creemos en la política, en la acción política, y disputamos la política pública, que también significa una disputa en torno al Estado y al rol del Estado. Claramente, resistimos el marco neoliberal de la política pública, y resistimos el avance de la derecha ahora, que niega derechos, que niega la sustentabilidad de la vida como posibilidad para las clases populares.

Esa disputa de la política pública pasa de nuevo por poner en el centro las garantías de los derechos y la justicia. Entonces, ¿cómo cambiamos la política pública para garantizar el derecho a la tierra, al agua, a las semillas? Pero también para que haya salarios dignos, para que haya derechos laborales, para que las clases populares en las ciudades puedan acceder a alimentos a precio justo, reconociendo el trabajo del campesinado, de la pesca artesanal, para una vida digna en el campo. Entonces, ahí se pone en el centro todo lo público, desde los servicios públicos como a la importancia de los mercados locales; van de la mano de la Soberanía Alimentaria. Esa disputa por la política pública se basa mucho en la organización social y también tiene un grado importante de construcción de autogestión, de autonomía, porque no es que todo depende de la política pública, sino que se construyen nuevas relaciones sociales en torno a esos sistemas alimentarios más justos, que permiten también otras formas de organización social, incluso a nivel de la economía, ahí integrando tanto la perspectiva de la justicia económica como la perspectiva de la economía feminista y la importancia de romper con la división sexual del trabajo en las ciudades y en el campo también, que no exista esta división, esta dicotomía, entre trabajo productivo y reproductivo, porque todo es trabajo necesario para garantizar las bases materiales para la vida, que garantiza los cuidados que como vimos en la pandemia es fundamental. Pensamos también que la autonomía económica de las mujeres en el campo es vital. Entonces, hay una perspectiva económica que se genera en torno a los sistemas alimentarios fundamental cuando hablamos del hambre y de las crisis.

El otro elemento que vemos tiene que ver también con la relación de nuestras sociedades con la naturaleza, que es el otro elemento en el que ponemos énfasis. Durante mucho tiempo se ha pretendido imponer esta lógica de una dicotomía sociedad-naturaleza, trabajo-naturaleza, desarrollo contra el ambiente y demás. Entonces, ¿cómo vamos integrando esta perspectiva más de la coevolución de los pueblos con la naturaleza? y que es muy evidente en los sistemas campesinos porque hay un diálogo constante con la naturaleza en la selección de semillas, por ejemplo, o impedir que avance ese proceso de mercantilización de la naturaleza, de privatización de la naturaleza, y el reduccionismo que nos pretende fragmentar a la naturaleza poniendo énfasis en determinados componentes de ella en forma aislada como el carbono, y la solución a la crisis climática de reducir emisiones de carbono, que sí es pero no alcanza solamente con medir la huella de carbono, en realidad tenemos que tener en cuenta la biodiversidad, tenemos que tener en cuenta el agua, tenemos que tener en cuenta los suelos, la salud de los ecosistemas, todo eso es la respuesta a las crisis y no solamente centrarnos en una variable que sea el carbono, ¿no?

Entonces, de nuevo, ¿cómo entendemos las crisis socioecológicas, socioambientales, sus causas estructurales y cómo nos relacionamos con la naturaleza de otra forma que no sea en función del afán de lucro, del proceso de acumulación, que no sea para integrar la naturaleza en el circuito de acumulación capitalista?

Y, por último, destacamos la importancia de la ciencia y la tecnología, pero la necesidad de que el conocimiento se mantenga como conocimiento público, la generación de conocimiento como un proceso colectivo público, es sumamente importante para nuestras sociedades. No nos oponemos al desarrollo tecnológico porque las sociedades a lo largo de la historia han desarrollado tecnologías para enfrentar los problemas, pero tiene que ser un desarrollo tecnológico que no esté en función de los intereses del gran capital, de las grandes transnacionales, sino realmente en función de las necesidades de los pueblos. Además, cómo ese desarrollo tecnológico se construye en un diálogo de saberes. En un diálogo entre distintos sistemas productivos que generan tecnología, pero que muchas veces no es reconocida como tal. De hecho, la agroecología es eso: un diálogo de saberes entre los sistemas campesinos y el sector académico más comprometido con los derechos y la justicia. Entonces, entendemos que todos estos elementos están presentes en esa propuesta que construyó inicialmente La Vía Campesina, pero que abrió al resto de los movimientos sociales y al mundo todo para compartir una agenda política unitaria.

Muchas veces, sobre todo en palabras de funcionarios de distintas esferas, la soberanía alimentaria, si es nombrada, suele ser planteada en tándem con la seguridad alimentaria. Entonces, primeramente, pedirte una reflexión sobre las diferencias entre estas dos palabras.

Claro, la diferencia entre la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, ¿no? Frente a la problemática del hambre a nivel mundial, que es algo muy evidente, que tiene una historia muy larga y orígenes complejos; que tienen que ver, para mencionar algo, con los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, donde muchos países fueron obligados a abandonar su producción agropecuaria para el consumo local y nacional, y a pasarse a los cultivos de exportación, de commodities, de materias primas, o a abandonar su agricultura para privilegiar industrias extractivas como la minería o la explotación petrolera y demás. Hubo una presión sobre los países del sur del mundo para cambiar su matriz de producción de alimentos y avanzar hacia mercados de exportación para el ingreso de divisas y, finalmente, para pagar sus deudas, con una injerencia muy directa del FMI y la lógica neoliberal del Consenso de Washington. Entonces, la Vía Campesina supo ver en forma muy temprana que en ese marco de ese modelo neoliberal, es fundamental garantizar el derecho a producir alimentos, y a producir alimentos de calidad, agroecológicos, en sistemas alimentarios que sean mucho más justos, donde se valore realmente el trabajo de quienes producen esos alimentos, pero también se garantice su acceso para las clases populares. Una producción de alimentos que cuide el entorno, que dialogue con los ciclos naturales, con los ecosistemas. Ese derecho a producir esos alimentos saludables es un derecho fundamental.

La Seguridad Alimentaria no te garantiza el derecho a producir alimentos; la idea es que los países garanticen, mediante determinadas políticas, que la población acceda a alimentos. En algunos casos se pone el énfasis en alimentos nutritivos sanos, y a veces se pone más énfasis en la cantidad de calorías, pero básicamente lo que quiere garantizar la Seguridad Alimentaria es que haya acceso a alimentos como una respuesta a la problemática del hambre. Obviamente, la gente necesita acceder a alimentos, y es algo fundamental, pero si no garantizamos el derecho a producir alimentos y los de quienes producen esos alimentos, la garantía nunca va a ser certera, nunca vamos a tener garantías de que se está enfrentando el hambre mediante la producción de alimentos en manos de quien realmente produce alimentos y no insumos para la gran industria.

Entonces, el campesinado pasa a defender su derecho histórico a producir alimentos saludables en sistemas ecológicos más justos, en donde se valore la producción y también la necesidad de acceso a alimentos. Esa labor del campesinado se reconoce como fundamental porque el campesinado organizado y los pueblos organizados, tenemos que tener la posibilidad de defender qué producimos, cómo producimos, para quién producimos y cómo se distribuye. Y, por lo tanto, cuando La Vía Campesina propone la Soberanía Alimentaria como una respuesta integral a la crisis del hambre, pero también a las crisis ambientales que ya eran reconocidas en ese momento, lo que plantea es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas, estrategias y sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos ecológicos de base campesina, reconociendo el derecho a la tierra, el derecho al acceso y uso de las semillas, el derecho a la alimentación saludable, el derecho a mercados que sean justos. También, un elemento central de la Soberanía Alimentaria, es que reconoce explícitamente el papel de las mujeres como sujeto político de la soberanía alimentaria. Un reconocimiento histórico al papel de las mujeres desde la invención de la agricultura y a esa labor continua, a ese acumulado histórico de las mujeres en generar conocimientos y en desarrollar sistemas de producción de alimentos sumamente complejos, adaptados a las condiciones locales, a las necesidades del pueblo. Y es esos conocimientos y prácticas ancestrales que se siguieron manteniendo a lo largo del tiempo y obviamente fueron evolucionando, hay un reconocimiento explícito al papel central de las mujeres como productoras de alimentos, no quienes “ayudan” o “colaboran” y, por lo tanto, tienen derecho a la toma de decisiones sobre los sistemas alimentarios, sobre las políticas públicas y demás.

Con Seguridad Alimentaria, se considera que el mercado, incluso en un marco neoliberal, puede garantizar el acceso a alimentos, cosa que se ha demostrado falsa según los datos de la FAO; estamos en una situación por momentos peor. Cuando hay situaciones críticas como sequías o incluso durante la pandemia, suben los precios de alimentos y el acceso es mucho más difícil.

Y eso afecta muy fuertemente a los países del sur, productores de alimentos, pero que fueron obligados a ser productores de commodities.

Mencionabas agroecología, y así como hay discursos donde seguridad y soberanía alimentaria aparecen como sinónimos, también hay narrativas que vienen ganando espacio donde las nociones de agroecología aparecen disociadas de la perspectiva de la soberanía alimentaria. ¿Cómo ves esto?

Sí, ese es un fenómeno bastante complejo, pero quizás a riesgo de simplificar, por ejemplo, nosotros lo sufrimos en Uruguay durante el último gobierno de derecha. Lo que pasó es que se mantuvo supuestamente la política de agroecología que había sido aprobada en el período anterior a instancias de los movimientos sociales, pero se trató de quitar todo lo que fuera crítica al modelo del agronegocio. Nosotros entendemos que no es compatible, que no pueden coexistir realmente la lógica del agronegocio con la propuesta de la agroecología, más allá de que hay procesos de transición que se entienden, pero son dos lógicas claramente diferentes, que apuntan a objetivos totalmente diferentes y con actores muy diferentes. En esa lógica más neoliberal, trata de cooptar la agroecología como una serie de prácticas, una serie de procesos tecnológicos, pero se le quita su carácter de movimiento, este carácter popular, que tiene que ver más con la historia de las luchas campesinas, también desde la generación de conocimientos, de una resistencia en los territorios. Eso es algo que La Vía Campesina también desde un principio dijo: no es solo la tierra, sino que es el territorio como un todo. Hay intentos de llevar la agroecología a esta lógica más de, sí, cuidemos el suelo, usemos bioinsumos, pero no importa si los bioinsumos son producidos por la gran industria. O sea, sí hay una incorporación de algunos elementos que tienen más que ver con una producción más saludable, pero que está muy orientada a un consumo saludable, pero sin tener en cuenta la complejidad de nuestros ecosistemas, la diversidad de nuestros ecosistemas, los conocimientos campesinos y, sobre todo, la justicia: la justicia social, ambiental, económica y de género. Entonces tampoco se cuestiona el neoliberalismo y demás. Se parecería un poquito más a lo que fue la agricultura orgánica en Europa, que está más pensada para garantizar un consumo saludable, sí cuidar los suelos, pero no necesariamente para realmente cuestionar un modelo de producción que tiene una lógica muy perversa, como es la lógica del agronegocio.

Última. Preguntarte por el Tratado Unión Europea – Mercosur, que parece tener nuevos bríos tanto allá como acá, en este contexto de disputa geopolítica con dislocamiento de las cadenas de valor, etc.

A ver, los gobiernos del Mercosur parecen estar preparados para avanzar; y digo, gobiernos de distinto signo político en este momento, están preparados para avanzar con este acuerdo. Nosotras lo que vemos es que hay varios problemas con este acuerdo. Para empezar, es que realmente no hubo un estudio profundo de cuáles van a ser los impactos sociales, ambientales, económicos, políticos de este acuerdo en nuestra región. En un principio hubo mucha preocupación, por ejemplo en Argentina y Brasil, respecto al hecho de que iba a afectar a la producción industrial, y se iba a anclar a nuestros países a una producción de commodities. También estaba el tema de las compras públicas, que Brasil sí peleó y últimamente logró cambios a raíz del regreso de Lula, para garantizar el desarrollo local. Hay que ver qué quiere decir eso para los demás países del Mercosur. Pero seguimos viendo que, por un lado, no es solo un tratado de comercio de bienes y servicios, y de reducción arancelaria, que de por sí ya afecta; en el caso de los lácteos de Uruguay, consideramos que va a ser muy afectado, porque en realidad la producción europea tiene mucho nivel de subsidio. En qué lugar de la cadena están los subsidios es otro tema, ¿no?, porque no quiere decir que esos subsidios vayan al campesinado europeo. Entonces, bueno, eso para hablar de un sector. También hay preocupación por el sector medicamentos, ya que la Unión Europea es dura con el tema de propiedad intelectual. En este acuerdo no pone la condición de UPOV 91, pero lo puede hacer en una futura renegociación. Y, por otro lado, como decíamos, no es solo un acuerdo de bienes y servicios, entonces existen otros capítulos que son muy preocupantes. Hay un capítulo al que se le da poca importancia, que es el de la transparencia, que en realidad lo que plantea es que los actores corporativos empresariales tienen que ser consultados a la hora de definir normativas y políticas públicas, y que se da abrir a la consulta multiactoral, digamos, pero sabemos que después quienes tienen más poder de presión son los actores corporativos, y nosotras tenemos una fuerte preocupación también por las empresas del Estado y los servicios públicos, porque, en realidad, los servicios están incluidos dentro del acuerdo. Tenemos que analizar los últimos textos que se han liberado, pero los servicios siempre estuvieron incluidos dentro del acuerdo, y en realidad lo que quedan eximidos son aquellos servicios que son prestados sin ningún tipo de competencia comercial. Pero en el caso de todos nuestros países, a raíz de las políticas neoliberales que nos impusieron, hay competencia con empresas privadas en muchos de los servicios o casi todos.

Es muy preocupante y pensamos que obviamente, Europa ahora sí quiere ese acuerdo, y tiene sentido en términos geopolíticos para Europa, pero no entendemos que eso sea un argumento favorable para el Mercosur. Desde la perspectiva geopolítica actual europea, el acuerdo le sirve obviamente, pero entendemos que no así a los pueblos del Mercosur, ni tampoco a los pueblos en Europa.

Fuente: Huerquen