La guerra arancelaria de Trump y su impacto en Costa Rica

Escenario político

El anuncio debilitó la narrativa del gobierno costarricense, que se había presentado como un socio privilegiado de Washington, alineándose con administraciones como la de Milei (Argentina), Bukele (El Salvador) y Novoa (Ecuador). Entre sus gestos hacia Estados Unidos, aceptó recibir migrantes expulsados, bloqueó a la empresa china Huawei en el desarrollo de la red 5G y respaldó plenamente las posturas estadounidenses en la ONU sobre el conflicto en Gaza.

Desde abril, el Ejecutivo aseguró que negociaba con Washington para revertir el aumento arancelario. Sin embargo, el hecho de que otros países del DR-CAFTA mantengan un arancel del 10 % —con excepción de Nicaragua (18 %) y Costa Rica (15 %)— evidencia que el país carece de peso político ante la Casa Blanca.

Escenario Económico

Costa Rica apostó desde hace un poco más de cuatro décadas por un radical paradigma neoliberal de apertura económica, orientando su economía hacia los mercados internacionales, en detrimento del mercado interno. Por tanto el motor económico ha sido el comercio exterior, exportaciones y turismo, y las exportaciones principalmente bajo el modelo de Zona Franca con fuertes incentivos fiscales (exoneraciones de impuestos municipales, de Renta e IVA).

Según los últimos datos del Ministerio de Comercio Exterior COMEX, para el período enero a mayo 2025, las exportaciones costarricenses crecieron un 12% llegando a la cifra de $8.990 millones de dólares, en un momento de alto volatilidad económica y política a nivel global.

Pero la preocupación central, es la composición de la oferta exportadora nacional, que está altamente concentrada, según la Promotora de Comercio Exterior PROCOMER, el país tiene una oferta exportable de 3.643 productos, pero 10 productos concentran el 66% de dicha oferta exportable en términos de volumen y montos.

La casi totalidad de ese Top 10 de productos exportables lo hacen bajo el régimen de Régimen Especial RE o sea de Zona Franca, sólo la piña, el banano y el café están bajo el Régimen Definitivo DE o sea que no reciben exoneraciones fiscales. El grueso de la Inversión Extranjera Directa IED la atrae el Régimen de Zona Franca 64.3%, el turismo un 13.9%, las empresas de régimen definitivo (principalmente las agroexportadoras) 12.2%, el sector inmobiliario 6.8%, sector financiero 2.4% y 0.5% perfeccionamiento activo.

En el caso de las empresas de Zona Franca orientadas a la producción de dispositivos médicos, son principalmente estadounidenses, del Top 30 Mundial de ese tipo de producción 8 tienen operaciones en Costa Rica: Medtronic (1), Cardinal Helth (6), Philips (7), Abbott (10), St Jude Medical (16), Smith & Nephew (21), Microvention-Terumo (22), Hologic (29).

El motor de la economía costarricense lo representa el régimen de Zona Franca, que por sí sola según datos de PROCOMER para el 2023 representó el 14% del PIB y como hemos dicho un 63% de la IED.

En el caso de la piña fresca representa el 34% del PIB agrícola nacional y un 2% del PIB del país, en el caso del banano representa un poco más del 1% del PIB del país y es el principal empleador de mano de obra agrícola en la región Atlántica del país.

Como puede evidenciarse el peligro para el sector exportador es altísimo con la entrada en vigencia del arancel del 15%, pero además implicaría consecuencias también para la estrategia de captación de Inversión Extranjera Directa IED, en la región centroamericana sólo Panamá por la actividad del Canal y la Zona Libre de Colón supera a Costa Rica en la atracción de inversión extranjera.

Es evidente que países cercanos y que son competidores directos en instrumentos médicos y producción de piña, podrían en el corto plazo desplazar a Costa Rica, particularmente es de alto riesgo la competencia de México en instrumentos médicos, que con relativa facilidad, tanto por contar con la infraestructura productiva y la cercanía con Estados Unidos, puede estimular la salida de las empresas estadounidenses de suelo costarricense. Ya INTEL anunció el cierre de su planta de ensamblaje y planta de microprocesadores en el país para trasladarla a Malasia y Vietnam. Se suma a la empresa estadounidense de semiconductores Qorvo que cerró totalmente sus operaciones en el país para trasladarlas también a Asia.

Si al aumento de los aranceles se le suma la apreciación del colón frente al dólar que ha venido dándose desde el año 2024 y la reducción de los ingresos por la actividad turística ya que dicha apreciación de la moneda nacional, impacta directamente en los precios frente a otros destinos turísticos; estamos a las puertas de una evidente y fuerte contracción de la economía nacional. La Administración Trump con su política arancelaria hoy día es el principal factor de desestabilización al modelo económico de apertura comercial de las últimas cuatro décadas sustentado en Zonas Francas, sector turístico y producción agroexportadora.

Escenario Jurídico

Previo a la entrada en vigencia del DR-CAFTA, Centroamérica recibía ventajas arancelarias para el comercio con los Estados Unidos vía la Iniciativa de la Cuenca del Caribe ICC que entró en vigencia en 1984 y formó parte de la política de seguridad y contrainsurgencia de los Estados Unidos frente a los movimientos guerrilleros en Centroamérica y el Sistema Generalizado de Preferencias SGP desde 1974 que incluyó a varios países de la región.

El problema de ambas iniciativas ICC y SGP, es que estaban sujetas a las aprobaciones y renovaciones periódicas de los Estados Unidos, dado que eran regímenes unilaterales brindados por ese país, que los podía modificar o eliminar de acuerdo a su propia discrecionalidad, sin que los países beneficiarios pudieran incidir en absoluto.

Con la entrada en vigencia del DR-CAFTA o Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos según sus promotores se alcanzó que la política arancelaria tuviese un horizonte permanente y que no respondiera exclusivamente a los criterios unilaterales de una de las partes.

La administración Trump rompe con la supuesta certeza jurídica que brindaba el CAFTA en materia arancelaria y literalmente vacía de contenido lo planteado por el Tratado de Libre Comercio como política arancelaria. Hasta ahora no hay pronunciamientos ni del Sistema de Integración Económica SICA, tampoco de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA y mucho menos de los gobiernos centroamericanos, en el caso del gobierno de Costa Rica se supone que está en negociaciones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos, pero sin alcanzar ningún acuerdo y todo indica que el 7 de agosto 2025 se oficializarán dichos nuevos aranceles.

El otro escenario es el de la Organización Mundial del Comercio OMC, dado que la política arancelaria de la Administración Trump tiene carácter global, rompiendo con todo lo establecido en la OMC de preferencias arancelarias, se rompe con el marco jurídico establecido en ese escenario multilateral, cuyo objetivo en las últimas décadas, fue el de reducir los acuerdos bilaterales en materia comercial a fin de potenciar acuerdos multilaterales, es claramente un fuerte retroceso en esa política, que aunque con dificultades se había venido concretando al menos en negociaciones entre bloques de países. La actual administración estadounidense rompe con ese propósito de mayor multilateralidad en materia comercial y hace realidad su slogan de campaña “América First”.

Conclusiones

El nuevo arancel del 15% para los productos exportados de Costa Rica a Estados Unidos va a provocar una fuerte contracción económica. Principalmente porque la oferta exportadora nacional está concentrada en 10 productos que serán directamente impactados, segundo porque el 48% de las exportaciones nacionales tienen como destino el mercado estadounidense y tercero por la pérdida de competitividad de los productos exportables de Costa Rica con respecto a México y Centroamérica.

El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos queda en duda, con la política unilateral en materia arancelaria de la Administración Trump provocando un sensible vacío jurídico sobre el conjunto del DR-CAFTA, no parece tampoco que ni Costa Rica ni los países suscriptores del mismo vayan a tomar acciones jurídicas de denuncia por la acción unilateral del gobierno estadounidense, por temor a represalias aún mayores, queda claro después de más de 16 años de vigencia del TLC, que el mismo dependería de las decisiones que tomara el gobierno de los Estados Unidos y que los países centroamericanos se someterían con mayor o menor disposición a las reglas que fuese dictando el socio mayor. Por lo que, la supuesta certeza jurídica que brinda un instrumento de este tipo es materialmente nula, cuando se impone una política bajo la premisa de la “ley del más fuerte”.

Se podría decir casi lo mismo de un organismo multilateral como la Organización Mundial del Comercio OMC, que queda subordinada a las definiciones de la Administración Trump, lo que era un secreto a voces ha quedado en evidencia en estos primeros meses del gobierno estadounidense, que la OMC era un organismo que en materia comercial a nivel global no tenía ninguna incidencia real en lo que a gobernanza se refiere.

La guerra arancelaria global de la Administración Trump, pareciera abre un camino totalmente nuevo a lo que se había venido imponiendo en la lógica de la globalización neoliberal de las últimas décadas, que tenía a los Tratados de Libre Comercio como su principal instrumento y a la Organización Mundial del Comercio OMC como la esfera para gestionar la gobernanza global de la acción del comercio mundial, no está aún claro la ruta que seguirá este proceso de guerra arancelaria, con contramedidas por parte de países afectados, lo que sí es evidente es que la premisa fundamental neoliberal impulsada en las últimas décadas de la apertura total de los mercados ha llegado a su fin.

Fuente: Bilaterals