La ley caciquil en las tierras de Flores Magón
Desde hace más de diez años la comunidad de Eloxochitlán del Flores Magón, en el territorio del Pueblo Mazateco de Oaxaca, ha sido hostigada, agredida y perseguida por caciques locales enquistados en las instituciones formales y cobijados por el poder del Estado.
Desde el 2 de mayo, la comunidad se declaró en alerta después de que el 23 de abril el juez de Huautla de Jiménez, Constantino Santiago, citó sin fundamento a 14 personas que ya son perseguidas políticas. Simultáneamente, elevó a trámite de apelación un caso de 2017 con la intención de revivir 200 órdenes de aprehensión contra 56 personas por robo, entre quienes figuran una enfermera de sesenta y cinco años, una profesora jubilada y personas defensoras del río Xanga Ndá Ge. Poco antes, el 3 de abril, el fotoperiodista comunitario David Peralta Betanzos, quien ha investigado los daños ambientales a la comunidad, fue víctima de un atentado armado y del robo de su equipo.
La estructura caciquil encabezada por Manuel Zepeda Cortés y su hija Elisa Zepeda Lagunas, hoy diputada local por Morena, y Eleazar Hernández, descendiente de Juan Hernández Miramón, cacique que dominó la comunidad durante una buena parte del siglo XX, han utilizado su control sobre el juzgado de Huautla de Jiménez y su presencia en el Congreso Local para asegurar que sus agresiones en contra de quienes se les oponen y en contra del ecosistema queden impunes, y a la vez utilizar a las instituciones de justicia como armas represivas.
La persecución jurídica en contra de la comunidad de Eloxochitlán, a través del juzgado de Huautla, inicia tras el ataque de un grupo armado al servicio de los Zepeda en contra de la Asamblea comunitaria que se llevaba a cabo el 14 de diciembre de 2014 con el propósito de elegir un nuevo alcalde. Con el control de juzgados en Huautla de Jiménez, los Zepeda, usando su propio ataque como excusa para criminalizar a las víctimas, impulsaron una guerra jurídica que encarceló inicialmente a siete mazatecos y obligó al desplazamiento de decenas más, gradualmente fueron encarcelados más defensores, entre ellos, una mujer. Entre 2018 y 2024, la defensa logró revertir cargos y obtener la libertad de 21 presos políticos, gracias a plantones, bloqueos y la caravana que recorrió de Oaxaca a la Ciudad de México en noviembre de 2021 para exigir amnistía ante Palacio Nacional. Pese a esos avances, 14 familias siguen desterradas y un abanico de expedientes caducos pende sobre quienes se mantienen activos en la defensa del territorio.
Para la comunidad, reabrir los 56 procesos equivale a reinstalar el miedo que marcó 2014, cuando varios habitantes tuvieron que esconderse en cerros y cuevas, y mientras Miguel Peralta, antropólogo de la ENAH y activista originario de Eloxochitlan, era sentenciado a 50 años en un juicio plagado de contradicciones. Es claro que la familia Zepeda sigue la vieja receta caciquil de someter brutalmente a una comunidad, asegurando su impunidad a través del uso patrimonial del Estado, y cuando el sometimiento llega al límite y se convierte en rebeldía, judicializan el conflicto y utilizan al Estado para reprimir.
En el fondo del conflicto está la resistencia de las comunidades indígenas frente al sistema caciquil que rige Oaxaca. En el caso específico de Eloxochitlán está la Asamblea comunitaria que se considera heredera de la lucha de Ricardo Flores Magón que defiende la autonomía, los cafetales y el agua de la comunidad contra los intereses extractivos de agua, piedra y arena asociados a la empresa de la familia Zepeda. La larga lista de actos de hostigamiento, intimidación, desarticulación, persecución política, despojo y tortura da cuenta de una dinámica sistemática que exhibe la intención abierta de acabar con el proceso político comunitario autónomo de Eloxochitlán, para continuar con la devastación del territorio y el control de una zona que muestra que los ideales de Ricardo Flores Magón no son eslóganes de periódicos oficialistas, sino luchas rebeldes que laten, se defienden y resisten en el México de abajo.
En su llamado de alerta, Eloxochitlán retoma la herencia magonista: la tierra como bien común y la resistencia frente a los abusos del Estado. Hoy su demanda central es sencilla: que el Estado mexicano deje de administrar la justicia como arma política para fortalecer cacicazgos que con violencia e impunidad mantienen a las comunidades sujetas a un régimen autoritario y cruel. Su demanda es también radical en un país en el que todos los gobiernos, desde los virreyes hasta los progresistas, han construido sus redes de control territorial a partir de negociaciones y acuerdos de impunidad con el sistema caciquil.
El estado de Oaxaca está padeciendo las consecuencias de un funcionamiento institucional criminal, el asesinato de Sandra Domínguez y más de cincuenta personas defensoras asesinadas en menos de diez años son una muestra contundente de ésto. Ese fortalecimiento de redes criminales en el poder genera el ambiente propicio para que cacicazgos locales, como el que se vive en tierras mazatecas de Flores Magón, se encuentren con carta abierta para cometer atrocidades. Por eso es urgente atender la alerta que emitió la comunidad de Eloxochitlán y que dejar claro que los ojos de quienes vemos con respeto y admiración la lucha de la Asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón están mirando con atención.
Fuente: Desinformémonos