Las comunidades indígenas que luchan por liberar a sus ríos obtuvieron una victoria en Izabal

Las licencias se habían otorgado a finales de 2023 —durante los últimos meses de Alejandro Giammattei como presidente de Guatemala— para extraer diferentes metales, como níquel, cobalto, escandio y hierro dentro Sierra Santa Cruz, un área natural de 64.320 hectáreas que incluyen selva tropical lluviosa.

Sin embargo, Che dice orgulloso cómo la resistencia de las comunidades indígenas no requirió de abogados, sino de organización comunitaria para protestar por el agua y el territorio. Las movilizaciones dieron fruto  el pasado 30 de julio cuando el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales anunció la cancelación de los permisos mineros tras una revisión al proceso.

Organizaciones locales e integrantes de comunidades indígenas cuentan a Mongabay Latam la importancia de la decisión para esta región montañosa donde nacen cerca de 17 ríos.

Sierra Santa Cruz, una fuente de agua

Para Marco Vinicio Cerezo Blandón, director de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco) —organización dedicada a la conservación e investigación en Guatemala— la decisión de cancelar las licencias mineras es de gran importancia para el futuro de la región.

“La Sierra de Santa Cruz es una región fundamental para la conservación de la naturaleza porque provee de agua potable a todas las comunidades de la región de Livingston, de Río Dulce y de otras aldeas indígenas. Las fuentes de agua fueron la principal razón para cancelar esas licencias mineras”, dice Cerezo a Mongabay Latam sobre esta región altamente biodiversa.

El especialista sostiene que esta decisión sienta un precedente para que no se otorguen concesiones mineras de forma unilateral sobre territorios de alto valor ecológico, pese a la presión de la industria minera en regiones de Guatemala.

A principios de este año, el panorama no era muy alentador para las comunidades que decidieron organizarse en una resistencia antiminera. En mayo,  Misael Mata, integrante de la comunidad de Las Flores y defensor del territorio contra la minería en Sierra Santa Cruz, fue asesinado cuando trabajaba como guardia de seguridad.

“Él anduvo con nosotros en la resistencia y también en busca de las calicatas, de los hoyos [mineros] de exploración. Pero su muerte sigue impune”, comenta Che sobre el caso.

Cerezo destaca que la movilización de las comunidades, las jornadas de protestas, bloqueos y marchas hacia el Congreso lograron lo que no pudieron hacer los estudios técnicos e inventarios biológicos: “Que se tomara una amplia conciencia en la opinión pública de la gravedad de la situación y que el Ministerio de Ambiente le prestara la atención necesaria”, sostiene.

El especialista destacó la resistencia de las comunidades, pese a que la anterior administración ignoró la posibilidad de crear un área de protección especial en Sierra Santa Cruz.

“La anterior administración ignoró todas las propuestas que estábamos haciendo para la declaratoria y pasó por encima de las normas administrativas y la legislación ambiental”, sostiene.

Omisiones y firmas falsas: las irregularidades en las licencias mineras

En abril de este año, las autoridades ambientales se comprometieron con las comunidades a revisar si el otorgamiento de las licencias mineras se había hecho correctamente, por lo que realizaron inspecciones al proceso. Descubrieron irregularidades que van desde firmas falsas hasta omisiones graves en los estudios de impacto ambiental.

El viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, sostuvo que el 35 % del área de los proyectos mineros se hallaban en áreas de nacimiento de múltiples ríos, que equivalen a 43 campos de futbol y que van acompañados de ecosistemas forestales, estratégicos para la regulación climática e hídrica.

“En el instrumento ambiental no identificaron los nacimientos de agua y ríos, la biodiversidad del área y el impacto ambiental ocasionado por la actividad minera”, expuso el funcionario.

Al dar a conocer las anomalías de los expedientes de las licencias mineras, el funcionario sostuvo que no acreditaban la propiedad de la tierra donde se realizarían los proyectos mineros, uno de los requisitos del proceso.

Además, destacó una participación pública “deficiente”, pues no se publicaron los decretos en Q’eqchi, idioma predominante de la región. Tampoco se dio seguimiento al Ministerio de Energía y Minas y al Consejo Nacional de Áreas Protegidas en el proceso.

Las autoridades detectaron que se realizaron agujeros de exploración minera de forma ilegal, pues se hicieron sin tener la licencia aprobatoria y con inconsistencia en las firmas de los expedientes.

Sin dar a conocer alguna identidad, el Ministerio de Ambiente confirmó a Mongabay Latam que por este caso hay dos denuncias penales contra exfuncionarios por explotación ilegal de recursos naturales y 10 más por incumplimiento de deberes y falsedad material ideológica.

La dependencia también informó que cinco proyectos mineros presentaron un recurso administrativo contra la cancelación de las licencias ambientales.

Mario Rojas, quien fue ministro de Ambiente y Recursos Naturales entre 2020 y 2022, durante el gobierno de Giammattei, sostiene que durante su gestión no se procesaron estas licencias, por lo que dice desconocer información sobre los expedientes del caso. Sin embargo, asegura que sí denunció irregularidades de otros permisos mineros.

“Presentamos muchas denuncias ante el Ministerio Público para que fueran investigadas, particularmente en Izabal”, dice el exministro a Mongabay Latam, sin dar mayores detalles de estas denuncias.

Además, Rojas señala que ni él ni ex integrantes de su equipo han sido llamados a declarar por este caso. “Todas las personas que trabajaban conmigo ya no están presentes en el Ministerio de Ambiente, por lo que no tengo conocimiento. El día que yo presento mi renuncia también la presentan mis tres viceministros”, agrega.

Mongabay Latam también buscó al exministro Gerson Elías Barrios Garrido, quien estaba al frente de la autoridad ambiental de Guatemala cuando se aprobaron las licencias mineras. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.

Sierra Santa Cruz, un área libre de minería

El conflicto socioambiental provocado por los proyectos mineros en Izabal también generó que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas impulse la creación del área protegida de Sierra Santa Cruz, junto con organizaciones como Fundaeco.

Cerezo señala que este proceso debe ir acompañado de un estudio técnico actualizado y una ley, así como del consenso con las comunidades para que comprendan la importancia y los beneficios de contar con un área protegida.

“La única forma de evitar que un gobierno pueda volver a otorgar licencias mineras es que se establezca el área protegida de Sierra Santa Cruz”, explica el director de Fundaeco a Mongabay Latam.

Por otro lado, Che destaca que además de contar con protección ambiental, para las comunidades será importante contar con el manejo comunitario de la región.

“Para mí sería lo más lindo, que haya algún incentivo para las comunidades, que no sea para alguna empresa o el Estado”, señala.

Fuente: Mongabay