Mendoza: 18 años de vigencia de la Ley 7722 en defensa del agua

Allá por 2003 llegó a San Carlos, en el mendocino Valle de Uco, la noticia de las resistencias del pueblo de Esquel al proyecto de la transnacional Meridian Gold de explotar oro en el cordón montañoso próximo a la ciudad y lixiviarlo con cianuro. Comenzaba una historia que hoy hermana a los pueblos de Chubut y Mendoza en la lucha contra la megaminería, como con tantas otras a lo largo de la cordillera de los Andes. Siguiendo el ejemplo de Tambogrande (Perú), que con durísimas luchas y un plebiscito en 2002 había expulsado a la minera Newont, los esquelenses afirmaron su rechazo a la minería metalífera con grandes movilizaciones y la consulta popular en 2003, cuando el 81 por ciento de la población dijo “No” al proyecto “cordón Esquel”. Pocas semanas después, la legislatura de Chubut sancionó la Ley 5001 (hoy Ley XVII-Nº 68), la primera “madre” de leyes provinciales que impusieron fuertes restricciones a la minería metalífera.

A partir de la  experiencia de Esquel, en el Valle de Uco, luego en General Alvear y San Rafael y después en el norte mendocino, fueron creciendo el conocimiento y la organización colectiva frente a la megaminería. También la resistencia al despojo y a los graves riesgos ambientales inherentes al modelo megaminero, especialmente para el agua, el bien común más preciado y vital en la árida Mendoza.

De la articulación de resistencias a diversos proyectos mineros a lo largo del oeste y el sur provincial surgió AMPAP, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, que junto a otras organizaciones impulsaron un proyecto legislativo. Luego de varios meses de luchas y cortes intermitentes o totales de rutas, finalmente la Legislatura provincial sancionó, el 20 de junio de 2007, la Ley 7722. Esta ley también es conocida como Guardiana del Agua de Mendoza.

La histórica movilización de 2019

Apenas sancionada le ley, el empresariado minero comenzó a atacarla. Durante largos ocho años intentaron la vía judicial. Hasta que en diciembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza sentenció la plena constitucionalidad de la 7722. Por vía legislativa, también hubo varios proyectos para modificarla a gusto y conveniencia del capital minero: el diputado Muñoz (en 2012), y los senadores Abraham, Agulles y Camiolo (en 2018) presentaron tres proyectos, que motivaron un fuerte rechazo de las asambleas. Pero el ataque más duro llegó en diciembre de 2019 y generó una convulsión social de magnitud inesperada, que ha quedado grabada en la memoria de la sociedad mendocina.

Pocas horas después de haber asumido como gobernador, en 2019, Rodolfo Suárez envió a la Legislatura un proyecto para eliminar las principales restricciones impuestas por la Ley 7722. La dirigencia pro-minera político y empresaria venía agitando esa posibilidad desde hacía más de un año. Las asambleas temieron que el proyecto del senador Agulles fuera aprobado a fines de 2018, o que durante 2019 el gobernador Alfredo Cornejo impusiera un proyecto propio. Pero, temeroso del rechazo social a la megaminería, Cornejo prefirió evitar el costo electoral y político que eso le habría implicado y delegó la tarea a su sucesor Suárez.

Nadie sospechaba a qué punto estallaría la indignación social con ese ataque a la Ley 7722. Algunos políticos decían incluso que las asambleas estaban “neutralizadas” y eran solo “cuatro pelagatos que se juntan los miércoles en la plaza frente a la Legislatura”. Suponían que el acuerdo de cúpulas partidarias provinciales (Cornejo, Suárez, Fernández Sagasti) para imponer una amplia mayoría legislativa y con aval nacional, bastaría para quebrar 15 años de resistencia popular a la megaminería. Alberto Fernández dijo incluso ante la Asociación Empresaria Argentina, el 18 de diciembre de 2019, que “en Mendoza hemos logrado que salga una ley para que Mendoza también se involucre en la explotación minera”. Detalle: la ley aún no había sido aprobada.

Pero el 20 de diciembre, a pesar de las enormes manifestaciones de los días previos y de las 8.000 personas concentradas ese día frente a la Legislatura, rodeada por el mayor operativo policial y de vallas jamás visto allí, las cámaras de Senadores y Diputados sesionaron una tras otra y aprobaron por abrumadora mayoría la Ley 9209. Esa ley fue llamada por el pueblo “Ley Cianuro”, por una de las sustancias tóxicas prohibidas en minería metalífera por la 7722 pero permitidas con la modificación.

Muy efímera resultó la Ley 9209. La reacción superó todo lo imaginado: el 22 de diciembre salió desde San Carlos la marcha más grande de la historia de Mendoza, que recorrió más de cien kilómetros. A ella se unieron diversas columnas, hasta llegar el 23 de diciembre a unas 50.000 personas ante la Casa de Gobierno. La muy brutal represión y persecución desatada contra esta protesta popular, la más multitudinaria registrada en Mendoza, enardeció aún más la indignación y el repudio social, con movilizaciones masivas durante varios días en toda la provincia.

Finalmente, Suárez se resignó a pedir a la Legislatura que derogue la Ley Cianuro y restituya la plena vigencia de la 7722. En la mañana del 30 de diciembre, ambas cámaras aprobaron por amplia mayoría esa marcha atrás, que fue festejada como un enorme triunfo popular frente al poder político-empresario-mediático concentrado del modelo extractivista.

Por esas mismas semanas, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, impulsaba a su vez el vaciamiento de la Ley XVII-Nº 68 (ex 5001), y se generó un fuertísimo respaldo mutuo entre mendocinos y chubutenses. En las movilizaciones mendocinas se cantó a menudo “Chubut, escucha, tu lucha es nuestra lucha”, y viceversa en la Patagonia. Ante el fracaso de la intentona de Suárez, Arcioni desistió temporalmente con la suya. Pero volvió a la carga en diciembre de 2021 para imponer su ley minera. Frente a ello, hubo resistencias populares muy organizadas y generales, también inéditas para Chubut, reprimidas con mayor violencia incluso que en Mendoza, con idéntico resultado final: derogación de la nueva ley y restitución plena de la ex 5001.

Luego de esa epopeya, uno podría pensar que la clase dirigente había comprendido y que la discusión sobre la megaminería había quedado definitivamente saldada en Mendoza. Pero el oro, el cobre y otros metales siguen estando ahí en los Andes mendocinos, y la avidez de lucro intacta en los capitalistas mineros y sus agentes locales.

La embestida del lobby minero

De modo que aquí estamos en 2025, debatiendo una vez más en torno a la megaminería. Escuchamos a la vicegobernadora Hebe Casado decir que “La 7722 fue un invento estúpido de mendocinos, nada más. Fue un error que se cometió hace muchos años que generó un atraso en el desarrollo de la provincia”. Y al diputado Guillermo Mosso decir que su colega Jorge Difonso “le atrasó 20 años el reloj a Mendoza” por oponerse a la megaminería y que el “relato ambientalista instaló un verso sobre contaminación del agua”.

Este segundo mandato de Alfredo Cornejo tiene al extractivismo megaminero como una de sus principales políticas de gobierno. Aunque los empresarios y periodistas siguen atacando la Ley 7722, por ahora la mayoría de los funcionarios se cuidan de hacerlo públicamente.

El discurso se basa en hacer toda la minería posible en el marco de la Ley 7722, contando con un hecho nuevo: en 2021 la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la constitucionalidad de dicha ley, salvo la expresión “y otras sustancias tóxicas similares” entre las prohibidas en su artículo 1. De ese modo, elimina la discusión sobre químicos como el xantato, el más utilizado para procesar sulfatos de cobre para obtener concentrados, como hacía por ejemplo Minera Alumbrera. Contando con ese fallo, y con el discurso de que la mayor demanda de cobre es para la “transición energética” concebida desde y para el capitalismo del norte global, el gobierno y las mineras pretenden imponer a la sociedad mendocina que acepte la megaminería de cobre y oro como “la” solución a nuestros graves problemas socioeconómicos.

Sin tocar la ley 7722, Cornejo hizo sancionar un nuevo Código de Procedimiento Minero. Ya se aprobaron 39 proyectos de exploración metalífera (34 de ellos en bloque) en el sur mendocino, otros 27 están por ser aprobados y se anuncia otra tercera tanda para el “Malargüe Distrito Minero Occidental”.

Pero una mayor apuesta megaminera enciende nuestras mayores alarmas y ha implicado estigmatización, represión, judicialización y hasta prisión de asambleístas. Es el proyecto que los nuevos dueños transnacionales y viejos personeros locales de Minera San Jorge pretenden imponer en el valle de Uspallata, aguas arriba del norte provincial donde vivimos tres de cada cuatro mendocinos. El mismo proyecto que los mendocinos rechazaron de manera contundente entre 2008 y 2011, fue vuelto a presentar en 2025 con cambios mínimos, pero conceptualmente idéntico.

El artículo 3 de la Ley 7722 requiere que los legisladores ratifiquen (o rechacen) la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos de minería metalífera. En 2011, muchos diputados temieron pagar en las urnas el costo político de un voto a favor de la minera, y por ello el rechazo al proyecto fue unánime. De no haber sido por esa votación en aplicación de la Ley 7722, hoy el cerro San Jorge habría desaparecido. En su lugar la minera estaría agrandando un gran hoyo, que para 2030 llegaría a tener 1.700 metros de largo, 950 metros de ancho y 350 metros de profundidad.

Aunque el Dictamen Técnico de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo ha sido muy duro con el muy deficiente Informe de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, y también el del Instituto Argentino de Investigaciones en Zonas Áridas (IADIZA), otros dictámenes han sido mucho más benevolentes, y por más argumentadas y numerosas que puedan ser las voces críticas en la Audiencia Pública que se avecina, está clara la intención oficial de aprobar este megaproyecto. Un ejemplo entre otros: la Autoridad Ambiental Minera ha violado el artículo 5 de la Ley 7722, pues no convocó a todos los municipios que se encuentran abajo sobre la cuenca del río Mendoza, a participar del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Por supuesto, todo ello en sintonía con la política del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, que viene reforzando fuertemente la orientación extractivista de sus antecesores, a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y muchas otras medidas ya vigentes o a punto de serlo, como la anunciada modificación regresiva de la Ley Nacional 26.639, de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Basándose en esta ley, el IANIGLA emitió un duro dictamen sectorial, pidiendo al gobierno mendocino que rechace en torno a la mitad de los proyectos que se están evaluando en Malargüe. Si un DNU llegara a recortar la Ley 26.639 del modo que tememos, el gobierno mendocino no necesitaría forzar la interpretación de la ley para desestimar las fuertes objeciones del IANIGLA.

Más allá de este sombrío panorama actual, es necesario resaltar que no hay nada del todo dicho respecto de la megaminería en Mendoza. La Ley 7722 vigente, los más de 20 años de sembrar información, conciencia y resistencia popular organizada del movimiento socioambiental, el recuerdo de las luchas ganadas y en especial la del Mendoaguazo de 2019, nos permiten seguir confiando en que en Mendoza la megaminería no tiene licencia social.

Desde 2013 se hizo popular la frase “Mendoza es Hija del Agua”, sumada a la anterior “El Agua de Mendoza NO se negocia”. El gran nuevo canto en diciembre 2019 fue “La cordillera, qué linda está, y si la tocan ¡qué quilombo se va a armar!”. Se avecinan semanas y meses críticos, en que una vez más el pueblo mendocino deberá marcarle la cancha a los gobiernos nacional y provincial, si quiere seguir defendiendo la plena vigencia y aplicación de las Leyes 7722 y 26.639 de Glaciares, cuidando el agua y todos los bienes comunes, y apostando a la posibilidad de caminar hacia el Buen Vivir para todos en nuestro territorio.

Fuente: Agencia Tierra Viva