Ocho millones de campesinos desplazados tras el TLC: Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp)
El desplazamiento forzado de 8 millones de personas, que abandonaron el campo para buscar oportunidades en las ciudades, la frontera norte o incluso en actividades relacionadas con el crimen organizado, es el saldo social más profundo provocado por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en 1994. Frente a esta realidad, la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) exige que toda renegociación del T-MEC se someta a una consulta nacional vinculante, donde participen quienes han sido más afectados por la migración y el desmantelamiento del sector rural.
La exigencia fue planteada por José Jacobo Femat, presidente de la central, en el edificio de la Aduana Vieja del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, donde el sábado se llevó a cabo un foro para el análisis jurídico, económico y social de la propuesta de reforma al artículo 27 constitucional.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Femat se refirió a la reciente convocatoria lanzada por la Secretaría de Economía para participar en la revisión del T-MEC, sostuvo que se trata simplemente de un trámite, pues no representa a la sociedad ni solicita propuestas serias sobre el futuro de la economía agrícola nacional.
Manifestó que “no se está considerando el balance ni las consecuencias de décadas bajo estos acuerdos, lo que perpetúa un modelo de exclusión social y uno de los peores desplazamientos en la historia reciente del país”.
La falta de consulta pública, afirmó, contrasta con la magnitud del fenómeno migratorio que ha redefinido el paisaje rural y económico nacional.
De acuerdo con la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, el TLC desmanteló los apoyos estatales y dejó a los productores a merced del mercado y los grandes intereses privados. México perdió capacidad competitiva en el campo y ahora depende de las importaciones de granos básicos procedentes de Estados Unidos, lo que ha agravado la precariedad alimentaria.
Femat indicó que la misma lógica de concentración de poder económico opera hoy, con un puñado de empresas diseñando las reglas comerciales, mientras campesinos y pequeños productores quedan marginados.
La organización sostiene que la revisión del T-MEC debe evaluarse a la luz de los derechos sociales y productivos, y nunca concretarse a espaldas de quienes sostienen la alimentación nacional.
“Se requiere transparencia: ningún acuerdo comercial puede firmarse sin que el pueblo participe, porque se juega la soberanía y el futuro de generaciones enteras”, declaró Femat.
Planteó la necesidad de abrir un periodo de debate real, donde la voz de los afectados sea escuchada y el impacto de la migración y la exclusión del campo tengan respuesta en políticas públicas.
Fuente: Bilaterals