Parlamento francés investigará a las empresas francesas de distribución de agua

La noticia es una victoria más para los movimientos que han luchado contra la privatización del agua y del saneamiento en diversos países, entre ellos Uruguay, y marca un resultado visible en el diálogo entre Francia y nuestros países en lo que atañe a estos temas. Las repercusiones de la gira latinoamericana desarrollada en setiembre de este año por la Fundación France-Libertés, tuvieron también, indudablemente, un peso central en este proceso.

La Comisión se constituirá con 25 miembros y su objetivo será investigar el rol de las asociaciones francesas en el extranjero, al balance de sus acciones y las consecuencias de las mismas. También de los contratos instaurados entre las empresas y las autoridades de los países concernientes a la utilización de los fondos públicos de las instituciones francesas internacionales, y el seguimiento de las normas sociales y de desarrollo que estas impulsan. Otro cometido será informar sobre la imagen de Francia en el mundo a partir de la acción de las multinacionales.

Este es un tema crucial para Francia, en tanto las empresas francesas que se dedican a la distribución del agua en el extranjero juegan un rol fundamental en la vinculación entre Francia y estas naciones. Su incidencia se puede traducir en cifras: actualmente distribuyen el agua a más de 300 millones de personas en 130 países.

Otro aspecto que se subraya en la exposición de motivos de los impulsores del proyecto, es que las multinacionales son rechazadas por las poblaciones de los países donde ellas actúan. El informe da cuenta de los movimientos sociales de Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay y Ghana, que se han manifestado contra el continuo aumento de las tarifas y las prácticas contractuales de estas sociedades, que anteponen al derecho de acceso al agua, su beneficio. Así no se ocupan de la distribución de agua para aquellos ciudadanos que no pueden pagarla y sus medidas de presión, en caso de rupturas de contratos, también ponen en jaque a la ciudadanía: en estos casos retroceden desatendiendo los servicios a la población, especialmente a los más pobres.

En el informe, los parlamentarios señalan las medidas que se han tomado con respecto a las actividades de las empresas petroleras. La Misión de Parlamentarios que ha entendido sobre estas actividades, ha pedido especialmente que el Parlamento tome las decisiones en acuerdo a las garantías públicas establecidas en los proyectos de explotación. En este sentido, han solicitado el establecimiento de códigos de conducta propuestos a las empresas acerca de la creación de un laboratorio de normas sociales para su actuación. “En el caso de la producción y la distribución del agua, nosotros no retribuimos con las mismas normas”.

La propuesta parlamentaria parte, como ha sido consigna de los movimientos que se han manifestado contra la privatización del agua en los diferentes países, de concebir el acceso al agua como un derecho, y por tanto al agua como un bien común, que no puede ser privatizado. “Las empresas francesas del agua maniobran conforme a la misión de servicio público que pretenden desempeñar, pero ¿Qué propuestas de ayuda acordaron con el Banco Mundial y las instituciones financieras internacionales, en el marco del Parlamento?”, se preguntan los parlamentarios en la exposición de motivos. Esta situación tiene repercusiones sobre las relaciones entre Francia y los países concertados, por lo cual se necesita hacer un balance de sus acciones de Veolia, de Suez, y de la Saur en las zonas donde han actuado y sobre las consecuencias de esto en las relaciones de Francia con los Estados.

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