Propuesta de Ley busca poner freno a desalojos ilegales y clarificar situación de la tierra
El senador Pedro Santacruz y la senadora Desiree Masi, presentaron un proyecto de Ley que busca modificar la normativa respecto a las ocupaciones de tierra, la propuesta busca evitar que grandes terratenientes y el Ministerio Público continúen actuando de forma arbitraria en perjuicio de familias campesinas. En los últimos años se han registrado decenas de desalojos irregulares que violan las normativas vigentes y los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
El Código Penal tipifica como invasión de inmueble ajeno el ingreso “con violencia o clandestinidad” a un inmueble propiedad de otra persona y castiga el hecho con penas de entre 2 a 5 años. Sin embargo en ningún punto autoriza el desalojo de ocupaciones se tierras cuando existe una discusión respecto a la titularidad de la propiedad, para resolver estos conflictos debe realizarse un juicio por la vía civil donde se resuelve el fondo de la cuestión, es decir la titularidad de la propiedad, y se da salida a la situación según las normativas vigentes.
En muchos casos, cuando se produce una ocupación, sectores terratenientes buscan evitar el juicio por la vía civil ya que no tienen manera de demostrar que las tierras le pertenezcan legalmente, ya que miles de hectáreas de tierras que se encuentran en poder de grandes sojeros y ganaderos son en realidad de origen espurio. Acuden al Ministerio Público y mediante presiones, coimas y trampas legales ejecutan desalojos violentos que están fuera de la ley y violan compromisos internacionales asumidos por el Estado.
Uno de los casos más recordados es el de la Colonia Guahory, donde colonos brasiguayos reconocieron haber pagado 200.000 dólares a la Policía Nacional para ejecutar un desalojo irregular contra campesinos paraguayos, esta práctica es habitual en el campo e incluso en localidades urbanas donde miles de compatriotas se encuentran viviendo en asentamientos.
Para poner coto a esta situación la propuesta de ley planteada por el Senador Pedro Santacruz señala que no podrá ser considerada “invasión de inmueble ajeno” cuando la misma haya trascurrido 6 meses o más entre la fecha de inicio de la ocupación y su denuncia ante el Ministerio Publico, en cuyo caso el denunciante podrá iniciar las acciones posesorias o reales que correspondan ante el fuero civil y comercial y agrega que durante la sustanciación de dichas acciones, no serán ordenadas restituciones de inmuebles ni medidas cautelares que recayesen sobre los mismos, hasta tanto sea dictada resolución judicial sobre la procedencia del derecho invocado.
“Según nuestra legislación el desalojo no es un procedimiento penal, es un procedimiento civil. En el proceso civil se protege no solo la propiedad de un terreno sino su tenencia, lo que garantiza que comunidades que llevan años viviendo en un territorio no sean desalojadas injustamente y se garantice la protección de sus bienes. Para que se dé un desalojo debe existir una orden de un juez del fuero civil sin embargo en la actualidad la Fiscalía y la Policía paraguaya están ejecutando desalojos arbitrarios sin ninguna orden ni apego a la legislación vigente” señaló el Abogado, especializado en la temática de tierras, Abel Areco.
Paraguay tiene más de 9 millones de hectáreas de tierras públicas que han sido mal adjudicadas, o directamente usurpadas, que fueron a parar a manos de sectores terratenientes desviándolas de su fin original: la Reforma Agraria. “En este contexto el proyecto de ley que se discute actualmente es un paso que ayudaría a dilucidar la legalidad de miles de hectáreas de tierras cuyo origen hoy es seriamente cuestionado” señala Areco.
Según el libro “Ocupaciones de Tierras: Marcas del Conflicto Rural” entre el 2008 y el 2019 se dieron 106 ocupaciones de tierras en las que participaron más de 30 mil campesinos y campesinas, en total se ocuparon 278.151 hectáreas. Más del 50% de estas ocupaciones se dieron sobre tierras de cuyos orígenes son cuestionados por los ocupantes, ya sea por haber sido mal adjudicadas, por ser excedentes fiscales o porque eran tierras públicas que fueron usurpadas; además, otro 35% de las ocupaciones se han realizado para exigir al INDERT la compra de tierras para familias campesinas.
Al respecto, Areco indica que solo aquellos que estén en posesión irregular de tierras podrían estar en contra de una ley que permite aclarar los orígenes de las tierras, además con esto se evitará que continúe la actuación arbitraria del Ministerio Público y la Policía Nacional, así como las coimas a estos entes.
La propuesta de ley planteada por el Senador Santacruz es fuertemente atacada pro los gremios del agronegocio quienes intentan vetar la discusión del proyecto, aun así el Senado deberá discutirlo en las próximas semanas.