“Que las autoridades miren al campesino que produce y que nos den la tierra”
El día después de la violenta incursión policial que dejó un campesino herido de gravedad y cientos de familias desalojadas en el Asentamiento San Miguel, del Distrito de Maracaná, Canindeyú, el reclamo se hace más fuerte, la comunidad señala que seguirá exigiendo su derecho a la tierra y el fin de los atropellos. Rufino Pérez, uno de los referentes del asentamiento, denuncia que muchas de las víctimas del desalojo quedaron sin nada y señala que fueron destruidos frutos de años de trabajo campesino.
“Lo que más nos duele es la forma en que nos atacaron, nosotros estamos aquí hace 9 años, y en este lugar no había nada, era un bosque, un lugar abandonado. Nosotros construimos desde el puente para llegar, el pozo artesiano, la escuela, la iglesia, todo. Ahora vinieron a atropellarnos y destruyeron todo, nos dejaron sin nada, absolutamente nada” relata Rufino Pérez, desde el costado del camino vecinal donde quedaron las 230 familias víctimas del desalojo. El dirigente señala que desconocen quién tiene la intención de apropiarse de las tierras, ya que hace años se encuentran asentados allí, logrando tener incluso una escuela reconocida por el Ministerio de Educación, y realizando trámites ante las instituciones a fin de lograr la formalización del Asentamiento.
Según publica el diario ABC Color , “El inmueble en litigio pertenecería a Guillermo Luis Giménez Abente, pariente cercano del esposo de la diputada Cristina Villalba (ANR, oficialista), representante del departamento de Canindeyú”. El pedido de expropiación de las fincas 114, 115, 501 y 502 del Distrito de Maracaná, donde está ubicado el Asentamiento, se encuentra en trámite ante el Senado y cuenta con un dictamen de aprobación por parte de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria; sin embargo, el proyecto no se ha abordado desde noviembre de 2023.
“Aca estamos todos, algunos sin colchones, mantas, ni nada, quemaron todo. Nosotros somos pobres y esto nos perjudica, nosotros queremos recuperar nuestras tierras y el fruto de nuestro trabajo. Ellos destruyeron nuestros cultivos de banana, piña, mandioca, maíz, muchos cultivos teníamos y eso es fruto del trabajo de las familias”, indica don Rufino Pérez, al tiempo de lamentar la destrucción de toda la infraestructura construida con el trabajo de las familias del lugar, los pozos artesianos, la electrificación, la escuela y la iglesia, además de las viviendas y cultivos, fueron destruidos con retroexcavadoras.
La Coordinadora de Derechos Humanos denunció que este no es un hecho aislado ya que, desde diciembre de 2024 hasta hoy, junio de 2025, se han registrado más de 10 hechos violentos protagonizados por agentes estatales contra comunidades indígenas y campesinas. Se trata de una política sistemática de criminalización, represión y desalojos forzosos. Así también, exigen "El cese inmediato de los desalojos forzosos, la reparación integral a las familias afectadas en Maracaná, la revisión urgente de la política estatal sobre tierra y vivienda, el cumplimiento irrestricto de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".
Finalmente, el dirigente campesino señaló que seguirán luchando y pidió a las autoridades “Que miren al campesino que lucha y trabaja, y que nos den las tierras, sólo así podemos seguir produciendo y viviendo”. Además, solicitó que se permita a la comunidad recuperar el producto de su trabajo, en referencia a la cosecha de diferentes rubros que existían en el asentamiento.
Fuente: Base-IS