Suplemento Ojarasca N° 158
México está enfrascado en engaños e ilusiones de muchos tipos. A la par de las pertinaces crisis (financiera, alimentaria, energética, climática, laboral), sufrimos también una crisis de la legalidad. De lo que conocemos como pacto social, lo que la gente invoca como derecho.
Para un gran número de personas, la ley no tiene hoy credibilidad. Primero, porque es violada a diario; la población resiente la impunidad de las transgresiones que causan inmenso daño (despojos, devastación, destrucción, envilecimiento, asesinato), así como la irresponsabilidad oficial y sus omisiones criminales. Otros más consideran que las leyes son insuficientes o están sesgadas, y que sus exigencias y aspiraciones no están reconocidas y sus derechos no están plasmados ahí.
Buena parte de la institucionalidad jurídica del Estado está encaminada a la aprobación y aplicación de preceptos que atentan contra las más vitales estrategias de la humanidad. Tales normas se van enredando, apalancándose entre sí hasta conformar un paquete legal sin resquicios para que la gente se defienda por cauces institucionales de normas, regulaciones, reglamentos, registros, certificados y “principios” que abren espacio a las corporaciones para hacer negocios sin consecuencias que afecten sus intereses.
La autonomía de los municipios rebeldes del sureste mexicano y los numerosos esfuerzos autogestionarios que pugnan por consolidarse en muchas partes del país, aislados y a contracorriente del sistema jurídico y político, pueden no tener permiso, pero saben bien que los asiste la razón. Son para México una esperanza más sólida que las veleidades de un balón sin cerebro y los mil patrocinadores del hipnotismo mediático que oferta olvido y resignación.