Un paraíso para la transnacional sojera
Desde la ausencia de consulta previa hasta irregularidades de funcionamiento de todo tipo pasando por la falta de un estudio completo de impacto ambiental: el puerto que la transnacional Cargill opera desde 2003 sobre el río Tapajós, en el estado de Pará, se saltea alegremente normas ambientales elementales, pasa por encima de los derechos de los pueblos indígenas que allí viven y tiene consecuencias económicas negativas sobre la región.
A pesar de eso, las autoridades brasileñas le siguen renovando la licencia para operar.
El estudio “Sin licencia para la destrucción – Cargill y la violación de derechos en Tapajós [Santarém])”, publicado a fines de junio, ratifica las denuncias que grupos ambientalistas y de defensa de los derechos humanos vienen realizando desde hace casi veinte años.
El documento fue elaborado por Terra de Direitos, una ONG nacida en 2002 que desde 2010 actúa en Tapajós en situaciones de conflictos por el acceso a la tierra y a los territorios.
La expansión de la soja, una producción instalada por Cargill, señala su informe, aceleró la deforestación, contaminó las aguas del río con los agrotóxicos utilizados para el tratamiento del cultivo, alteró la fauna y la flora en la zona, provocó enormes pérdidas a los pescadores, favoreció la emigración de los agricultores…
El Sindicato de Trabajadores Rurales, Agricultores y Agricultoras Familiares de Santarém (STTR-STR), denunció las presiones de la transnacional para que abandonaran sus tierras y cómo eso les generó una “inseguridad alimentaria” que ha ido in crescendo con el paso de los años, dice el informe.
El puerto, cuya construcción no fue consultada con la población, tuvo además consecuencias urbanísticas y culturales, como la desaparición de una de las principales áreas recreativas y de yacimientos arqueológicos.
Menos que menos fueron consultados los indígenas del área
“El hecho de que los pueblos tradicionales no han sido escuchados significa que la realidad de los impactos sufridos por aldeas y quilombos, además de pescadores y agricultores familiares ha sido omitida.
Durante los 22 años tras la llegada de la empresa en la región, los grupos étnicos no han participado” en ninguna instancia, dijo el asesor jurídico de la ONG, Pedro Martins.
“Solamente la realización de una efectiva Consulta Previa, Libre e Informada de indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales afectadas podrá garantizar la continuidad de un proceso de licenciamiento ambiental en consonancia con la legislación en vigor y con los principios de derechos humanos”, consideró.
Pero Cargill sigue sin una licencia de operación válida desde 2020, y Terra de Direitos apunta a que los organismos estatales y federales de control ambiental le exijan a la empresa, antes de concederle un nuevo permiso, que repare los daños causados y se atenga a las normas vigentes.
Un deseo que caerá seguramente en saco roto vistas las facilidades con que cuentan las transnacionales en el paraíso liberal que les ha construido el gobierno brasileño.
Fuente: Rel-UITA