Colombia

La Fiscalía de Colombia detuvo el viernes 4 de enero al coordinador zonal de la Guardia Indígena de la ACIN, Manuel Antonio Pequí, acusándolo falsamente de rebelión y de terrorismo. Esta acción busca romper el mandato de las autoridades indígenas de ejercer el control territorial en nuestros resguardos.

Respondiendo a una demanda de los congresistas Jorge Robledo y Wilson Arias, el 23 de agosto la sentencia C-644 de 2012 de la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 60, 61 y 62 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que permitían que tierras adquiridas por campesinos con subsidios del Incoder y baldíos adjudicados a colonos pasaran a manos de empresarios para adelantar proyectos agropecuarios y forestales y que se adjudicaran baldíos en extensiones ilimitadas a empresas mediante contratos diversos.

El 8 de enero llegarán a La Habana 400 propuestas sobre tierra y régimen agrario, hechas en un foro multitudinario en Bogotá. ¿Les servirán al gobierno y las Farc para ponerse de acuerdo en el tema clave para poner fin al conflicto armado?

Asoquimbo exige indemnización por los graves daños causados por Emgesa a las comunidades afectadas y la suspensión inmediata del proyecto.

Esta decisión de la Corte es un importante reconocimiento a las miles de voces de organizaciones sociales, indígenas, afrodescendientes y campesinas y de ciudadanos en general que nos pronunciamos en contra de esta ley que fue aprobada por el Congreso Nacional en abril de este año.

IV Conferencia latinoamericana sobre políticas de drogas. Declaración de representantes de organizaciones sociales de regiones de Colombia, representantes de ONG, expertos e investigadores en la IV Conferencia Latinoamericana

"Tenemos que hacer un verdadero control territorial, tenemos que cuidar a nuestras familias. Desde el espacio del proyecto educativo comunitario – PEC se debe hacer y evaluar las prácticas de vida, sin dejar de lado la realidad y las problemáticas que aquejan a las comunidades”.

Acuerdos Comerciales - La receta de la UE para la impunidad de las transnacionales. El Parlamento Europeo da prioridad a los intereses comerciales por encima de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.