Perú

Una falla legal en Perú vulnera los derechos de los pueblos indígenas y originarios al dejarlos al margen del otorgamiento de concesiones mineras, un proceso administrativo que el Estado ejecuta de manera unilateral, sin someterlo al proceso de consulta previa que exigen los estándares internacionales.

Las concesiones mineras deben ser consultadas con las comunidades campesinas porque la extracción de los recursos que se encuentran debajo de sus territorios afectan derechos de propiedad sobre el territorio comunal. 

La gravedad de la segunda ola de la pandemia de la Covid-19 y el proceso electoral, cuya primera vuelta acaba de realizarse, nos distrajeron de algunos temas importantes. Hoy, luego de los resultados electorales, cuando todos se vuelven a acordar que el Perú es mucho más que Lima, prestamos atención a que el 30 de marzo se publicó el esperado reglamento de la ley 31110, la llamada Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, que reemplazó a la derogada Ley de Promoción Agraria.

Tres organizaciones indígenas base del distrito de Yurúa, en Ucayali, firmaron un convenio interinstitucional para consolidar sus preocupaciones y enfrentar una carretera ilegal que se viene construyendo hacia la región.

El martes 30 de marzo se realizó con éxito la I Feria Agroecológica en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, con la participación de más de 60 promotores agroecológicos que culminaron su proceso de formación.

Los posibles impactos que ocasionaría el proyecto de la Hidrovía Amazónica en la selva peruana han activado alertas ambientales y sociales. A pesar de las críticas de distintos expertos y del rechazo de comunidades indígenas de la zona de influencia del megaproyecto, este aún sigue en marcha.

Ante el asesinato de cuatro de sus líderes indígenas, las comunidades kakataibo pidieron al Estado peruano declarar en emergencia sus territorios ubicados en Huánuco y Ucayali. En un pronunciamiento, la Federación Nativa de Comunidades Kakataibos (FENACOKA) responsabilizó al Estado por estas muertes y lo llamó a manifestarse ante estos hechos.

"El narcotráfico avanza destruyendo el ambiente y la economía, corrompiendo al Estado y a la sociedad en un escenario de impunidad para los asesinos y abandono para quienes defienden su derecho a vivir en paz en sus territorios ancestrales".