Argentina: más cerealeras, más deuda ecológica, por Elba Stancich

A esto se suman las inversiones anunciadas por Aceitera General Deheza, Vicentin y Dreyfus, que en total alcanzan unos 400 millones de dólares.

La mayoría de la prensa acompañó con entusiasmo estos anuncios, remarcando que la producción de soja en la Argentina se ubica en el orden de los 35 millones de toneladas, y se proyecta para los próximos cinco años una producción nacional de soja que podría llegar a los 45 millones de toneladas.

Estos inversionistas persiguen también, como esencial para mantener la competitividad de la Argentina, la profundización de la hidrovía, o sea traer el mar al río, y profundizar aún más el tramo aguas arriba de Puerto San Martín debido a la creciente producción en provincias como Chaco y Santiago del Estero. El dragado del río Paraná es la única privatización del país para la cual no se creó el correspondiente órgano de control, y llevamos nueve años de concesión.

En tanto, el gobernador Jorge Obeid y los funcionarios municipales de Villa Gobernador Gálvez se comprometieron con Cargill a agilizar los trámites para que la empresa pueda iniciar las obras de inmediato, eso sí, previamente se les debe aprobar el estudio de impacto ambiental. O sea, sólo un trámite más. Primero se aprueba la inversión, los concejales galvenses allanan el camino cambiando la reglamentación urbana y de esa manera "legalmente" un complejo portuario cerealero se instala en un barrio residencial. Esperemos que el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable no pase por alto ningún paso de lo que indica la ley provincial sobre estudios de impacto ambiental.

Más sencillo le resultó a Molinos Río de La Plata, que después de una gran propaganda en los medios y lobby político, consiguió que los concejales sanlorencinos aprobaran la venta de tres calles que obstaculizaban la ampliación de su planta. Gesto que la empresa se encargó de agradecer a través de una solicitada publicada el 9 de febrero pasado en distintos medios gráficos.

Emprendimientos que además son cuestionables en cuanto a la creación de puestos de trabajo que prometen generar y desproporcionadas las inversiones respecto de la mano de obra ocupada, con bajos salarios y sin convenios colectivos, como lo denunció el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo a medios gráficos rosarinos.

Consideramos que este tipo de inversiones profundiza y es funcional a un modelo agropecuario basado mayoritariamente en un solo cultivo, que avanza a pasos alarmantes en los países del Mercosur, y que está produciendo impactos ecológicos y sociales difíciles de revertir. La renta económica que está generando este modelo está poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria, o sea nuestra capacidad de producir alimentos sanos y variados para una dieta equilibrada. El consumo de herbicidas y agroquímicos es cada vez mayor y por ende, el riesgo asociado de contaminación, la siembra recurrente degrada el suelo y facilita la pérdida de minerales, todos componentes de una creciente "deuda ecológica", que va cerrando el cerco a una agricultura finita. Cada barco cargado de soja que vemos pasar por el río lleva una carga de unos diez millones de dólares al valor actual del mercado. Si se contabilizaran las externalidades ambientales y sociales que implica (o sea los costos de daños ocasionados que no se incluyen en las cuentas), tomaríamos conciencia de que gran parte de ese dinero nos hará falta si tuviésemos que reponer nutrientes, suelo, agua, bosques, y comprar la leche y la carne que se dejan de producir por el boom de la soja. Solamente en término de nutrientes que exportamos con las cosechas, reponerlos con fertilizantes artificiales significaría unos 600 mil dólares por barco. Pero esto es un buen negocio para Cargill, que amplía la capacidad de su planta de Puerto General San Martín que abarca el rubro de fertilizantes fosfatados y nitrogenados.

Parafraseando a Walter Pengue (ingeniero agrónomo investigador de la UBA), el dilema entonces no pasa por el pobre grano de soja y la posibilidad para los productores que aprovechan hoy en día una rentabilidad coyuntural pero de corto tiempo. El problema está en el modelo agropecuario que Argentina debe seguir, y en ello es relevante la participación y responsabilidad del Estado. Nos debemos la discusión de políticas que prioricen la diversidad productiva y mejoren la competitividad en todos los rubros, que el uso de nuestros recursos sea sustentable para muchos más agricultores y no solamente rentable para unos pocos empresarios.

La autora integra el Taller Ecologista, Coalición Ríos Vivos

La Capital, Rosario, Argentina, 20-2-04