Declaración de la Sierra Juárez

Esta declaratoria expresa nuestra lectura compartida de la crisis estructural que enfrenta la vida campesina e indígena en México.

1. Desde 1986, con la entrada al GATT, y luego 1994 con el TLCAN, se desmontó la institucionalidad pública de apoyo al campo y se colocó a la agricultura campesina a competir con la agroindustria de Estados Unidos y Canadá, los mayores productores de granos y carne del mundo. Con la implantación de este modelo neoliberal, México pasó a importar la base de su alimentación y a especializarse en la producción y exportación de productos secundarios. Esta estructura ha generado pérdida de autosuficiencia alimentaria, explotación del trabajo de millones de jornaleros agrícolas, control del mercado interno por corporaciones multinacionales, inundación del mercado nacional por productos importados y alimentos ultraprocesados, causantes de enfermedades crónico degenerativas en amplios sectores de la población, y degradación ecológica de los territorios.

2. Más de la mitad del territorio nacional permanece como propiedad social y colectiva en manos de ejidos, comunidades campesinas y pueblos indígenas, lo que constituye una base de fuerza territorial y autonomía para los pueblos. Sin embargo, esta conquista histórica enfrenta amenazas constantes de despojo, debido a que varios estados impulsan cambios de uso de suelo de manera acelerada, en especial en el norte del país y en la península de Yucatán. Empresas, gobiernos y grupos criminales, a menudo coludidos, buscan cambiar el uso del territorio para abrir paso a proyectos extractivos, turísticos, energéticos e industriales, mientras avanza la venta de parcelas y ejidos en torno a polos turísticos, aeropuertos y corredores industriales y agroindustriales, lo que expulsa comunidades enteras y rompe tramas históricas de pertenencia territorial.

En nuestros territorios se intensifica un modelo económico extractivo y devastador. Los megaproyectos —Corredor Transístmico, Tren Maya, expansión turística, agroindustrias, minería e infraestructura energética— reordenan el territorio para atraer capitales. Este modelo provoca deforestación acelerada, contaminación del agua, sobreexplotación de acuíferos, pérdida de biodiversidad y erosión de la milpa y de los sistemas alimentarios campesinos e indígenas. Aunque se presenta con nuevos discursos, sigue reproduciendo una lógica neoliberal que pone los territorios al servicio de la acumulación de capital.

4. En múltiples regiones el crimen organizado disputa y controla espacios rurales. Cobra cuotas, regula mercados, controla el transporte, recluta juventudes y desplaza comunidades. En algunos territorios, ejidos completos viven bajo su vigilancia. Esta violencia rompe acuerdos comunitarios, debilita la solidaridad, limita la organización colectiva y genera desplazamiento forzado y control económico local. En alianza tácita o explícita con empresas, megaproyectos y estructuras gubernamentales, su acción cumple funciones de contrainsurgencia: disuade la organización social, impone silencio y elimina la oposición a proyectos extractivos. La estrategia estatal de seguridad, diseñada desde arriba y sin participación comunitaria, no atiende la raíz del problema y, en ocasiones, agrava la militarización de la vida cotidiana.

5. Los programas gubernamentales de apoyo directo redistribuyen ingresos, pero fomentan el individualismo, fragmentan procesos organizativos y desconocen las formas propias de trabajo  colectivo. Se presentan como “ayudas” y no como derechos productivos, sustituyendo políticas estructurales por transferencias asistenciales. Sembrando Vida y Producción para el Bienestar se diseñaron desde escritorios lejanos a los territorios. En varios casos impulsaron deforestación, división comunitaria, renta forzada de tierras o simulación productiva. Además, estos programas crean sus propias cooperativas de manera clientelista, reinaugurando prácticas de corporativismo político y desplazando las formas organizativas construidas por los pueblos. Por su parte, las becas individualizadas y los apoyos sin acompañamiento organizativo desactivan la acción colectiva y transforman los hábitos de consumo en los territorios.

6. Como organizaciones campesinas históricas hemos sufrido descalificación y estigmatización por parte del gobierno. Bajo este pretexto se han retirado derechos productivos a organizaciones campesinas, cooperativas y procesos de formación territorial, dejando sin respaldo estructuras que, durante décadas, sostuvieron la producción, la comercialización, la educación popular y la defensa comunitaria. Después del TLCAN, la única vía para generar escala productiva en México fue la organización colectiva, mediante cooperativas, uniones de ejidos y asociaciones regionales. Hoy esta organicidad se encuentra debilitada, lo cual favorece la expansión y el control de las corporaciones transnacionales, criminales y caciquiles.

Este modelo impuesto al campo mexicano ha generado múltiples efectos en nuestra vida cotidiana, como la sobreexplotación del agua, enfermedades asociadas al consumo de aguas fósiles, la contaminación y la erosión de los sistemas tradicionales de autoconsumo, así como la concentración de la producción en intermediarios que acaparan los márgenes de comercialización. En regiones turísticas vivimos además los efectos de la gentrificación, con cargas de impuestos prediales que operan como mecanismos de despojo. A ello se suma la intensificación del cambio climático, que altera los ciclos agrícolas y vuelve impredecible el calendario de lluvias. Nuestros cultivos enfrentan sequías, plagas y degradación del suelo. Al mismo tiempo, la expansión de religiones ajenas a la tradición comunitaria, la mercantilización de la vida y la presión del mercado erosionan prácticas espirituales, ceremonias y formas comunitarias de reciprocidad.

8. La migración forzada de las juventudes hacia ciudades, turismo, agronegocio o redes del crimen organizado vacía comunidades y rompe el relevo generacional. Al mismo tiempo, la escuela formal no forma para el arraigo territorial, sino para el abandono de nuestros territorios.

Como IALA México, junto a los 12 IALAs territorializados, reconocemos un proceso histórico de desmantelamiento de la soberanía alimentaria, de despojo territorial y de erosión de la identidad y vida comunitaria en México. Desde el compartir de la realidad de nuestras regiones y el análisis de las políticas públicas, constatamos que este desmantelamiento continúa y que nuestros territorios viven situaciones límite. Frente a estas amenazas, IALA México reafirma la necesidad de mantenerse unido y de fortalecer la articulación entre territorios para defender la tierra, los saberes y la vida comunitaria.

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Fuente: La Vía Campesina México