La entrega de “títulos” no es reforma agraria
Santiago Peña realizó este martes 1 de julio su segunda rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, durante su discurso reafirmó los lineamientos generales de su gobierno, apego a las recetas neoliberales y un discurso conservador y excluyente. En lo relacionado a la situación campesina, destacó la entrega de “títulos” de propiedad a familias campesinas, sin tomar en cuenta que esta acción es limitada y no representa un avance real hacia la reforma agraria.
Peña habló de una “verdadera revolución” en el campo a partir de haber entregado un poco más de 9 mil títulos de propiedad a familias campesinas multiplicando por 10 los títulos entregados por gobiernos anteriores, indicando que estos títulos entregados representarían una inversión de más de 700 millones de dólares, a precio de mercado.
Los datos brindados por el titular del ejecutivo fueron presentados como el inicio de una reforma agraria, sin embargo, el análisis de los mismos y la situación de las familias campesinas desmienten que la política de titulación masiva represente un avance hacia la reforma agraria. En ese sentido, el abogado Abel Areco, especializado en temas agrarios, mencionó que la política de titulación masiva representa un mayor riesgo antes que una solución real a la problemática de tierras en el país.
“Esta política es una continuidad de los últimos gobiernos, desde Federico Franco en adelante todos los gobiernos han intentado solucionar la problemática entregando títulos de propiedad, sin embargo, eso no representó un avance real para las familias campesinas. Así también, hay que mencionar que esto no es una entrega de tierras, es una entrega de papeles, títulos de propiedad a familias campesinas que ya están en sus tierras desde hace años” señala el abogado.
Areco añadió que la titulación masiva está llevando a una “minifundiarización” forzada del campo, ya que el gobierno está entregando títulos de 5 o incluso menos hectáreas, contrariando lo que dice el Estatuto Agrario, que habla de un mínimo de 10 hectáreas por cada finca campesina. “Al mismo tiempo esto apunta a que las familias campesinas puedan endeudarse para producir en estas pequeñas porciones de tierra, sin embargo, al no existir una política de acompañamiento a la producción campesina, acceso a mercados y otras medidas, esto puede derivar en un endeudamiento con entidades financieras que terminarían quedándose con las tierras de los campesinos”.
A esto se debe añadir que la política de titulación no representa un avance para cientos de familias campesinas que no tienen acceso a la tierra, además, Peña no dijo nada respecto a los violentos desalojos que afectan a familias campesinas. Desde diciembre de 2024 al menos una docena de comunidades rurales, alrededor de dos mil familias, fueron victimas de desalojos afectando su derecho al acceso a la tierra.
“Hasta el momento la única forma que encontró el campesinado de acceder a la tierra es mediante las ocupaciones, que actualmente son atacadas y criminalizadas por el gobierno” mencionó Areco, indicando que muchos de los títulos entregados por el gobierno son en Asentamientos productos de ocupaciones campesinas. Si bien el campesinado y otros sectores sociales han planteado propuestas para la recuperación de tierras malhabidas entregadas por la dictadura, y la recuperación de tierras del narcotráfico para utilizarlas para fines de la reforma agraria, el gobierno no ha avanzado en esa dirección.
La política agraria de Peña solo apunta a continuar con la profundización del modelo de agronegocios con los elevados impactos sociales, ambientales y de dependencia alimentaria que este modelo conlleva. Durante dos años de gobierno Peña no se ha planteado una revisión del uso de la tierra, ni políticas de apoyo a la producción familiar campesina. Una verdadera revolución agraria debe iniciar garantizando el desarrollo integral en el campo, promoviendo el arraigo y la producción familiar campesina avanzando hacia la soberanía alimentaria.