Represión en el campo y la ciudad
La represión policial contra la movilización convocada por la llamada Generación Z dejó unos 30 detenidos. La violencia policial y la respuesta represiva del gobierno a los reclamos sociales son situaciones reiteradas que muestran la escalada autoritaria del gobierno que golpea en el campo y la ciudad.
En lo que va del 2025, la Policía Nacional ya fue responsable de al menos 20 intervenciones violentas contra comunidades campesinas y 15 en comunidades indígenas, que incluyeron desalojos forzosos, amedrentamientos y graves violaciones a los derechos humanos, siempre en favor de los intereses de terratenientes y del modelo extractivista que avanza sobre los territorios.
Diversos testimonios señalan que, en muchos de estos operativos, la policía actuó en articulación con civiles armados y sectores vinculados al narcotráfico, generando un escenario de permanente hostigamiento hacia comunidades enteras. Las amenazas y ataques no distinguen edad ni condición: alcanzan a niños y niñas, personas mayores, mujeres embarazadas, personas enfermas y con discapacidad.
La criminalización no se limita a quienes habitan en los territorios. También son perseguidas las personas y organizaciones que expresan solidaridad con las comunidades, ampliando el cerco represivo y buscando aislar a quienes resisten el despojo.
Cabe recordar que la institución policial está bajo las órdenes de Enrique Riera, actual ministro del Interior y uno de los principales impulsores de la ley que criminaliza la lucha por la tierra en Paraguay. Desde su implementación, se observa una marcada agudización de la violencia estatal, que en los hechos constituye una práctica de terrorismo de Estado: envenenamiento de agua, robo y matanza de animales, destrucción de viviendas y cultivos.
Esta política represiva se inscribe en el marco de la avanzada autoritaria del gobierno de Santiago Peña, que profundiza la persecución y la violencia contra las poblaciones campesinas e indígenas, mientras blinda los privilegios de sectores ligados al agronegocio y al crimen organizado.