Agua

Las barriadas populares en verano padecen escasez de agua, baja inversión en obras y falta de planificación, lo cual, sumado a la discriminación territorial, pintan una gran desigualdad, entre los que tienen jardines y piletas de natación, y quienes ni siquiera pueden acceder al agua para cocinar sus alimentos.

A poco más de una semana de haber sido aprobada, se derogó la Ley 9209 que modificaba la Ley 7722 que protegía a Mendoza de la megaminería. Conmovida por una pueblada a nivel provincial, casi la totalidad de la dirigencia política tuvo que dar marcha atrás con los proyectos mineros que amenazaban el agua. Con una sesión express, se aprobó en el Senado con 34 votos afimativos y 2 en contra. Inmediatamente se inició la sesión en la Cámara de Diputados que dio sanción definitiva a la derogación de la «ley minera» y por lo tanto vuelve a regir la 7722. 

En las últimas semanas vivimos acontecimientos históricos para Mendoza, debido a que se pretendió modificar la Ley 7722 vaciándola de su esencia, mediante un acuerdo entre las cúpulas de la UCR -tanto del gobierno saliente de Alfredo Cornejo como el entrante de Rodolfo Suárez- y la del PJ.

Los espacios que conformamos la “Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y  Colectivos afines (Red Calisas) abajo firmantes, reiterando y ratificando lo expresado en nuestro comunicado “Apoyo a la Bicicleteada de Jachal” del 19 de febrero de 2018”, expresamos nuestro más enérgico rechazo a los intentos de modificación a las leyes 7722 de Mendoza y 5001 de Chubut que son el resultado de la lucha y movilización de los pueblos en defensa del agua y que prohiben la megamineria contaminante en sus territorios.

La Red Nacional en Defensa del Agua de Panamá, realizó su cierre de actividades y acciones del año 2019, el pasado sábado 14 de diciembre en la Provincia de Veraguas. La red integrada por comunidades campesinas e indigenas del país, junto a organizaciones ambientales y defensores de Derechos Humanos fue constituida hace más de 10 años, cuyo objetivo es la defensa de los ríos y la soberanía territorial, como una forma de contrarrestar las concesiones hidroeléctricas. La red propone otra forma de economía y modelo energético popular y en equilibrio con la naturaleza.

El pasado 3 de noviembre  la Fiscalía de las Etnias emitió un requerimiento fiscal en relación a la hidroeléctrica La Ensenada, la que familias de los herederos de Marcelino Ponce pretendieron construir desde hace  muchos años en río Cuyamel, de la comunidad Garífuna de Sambo Creek.

El estado de Puebla fue incluido en un recorrido para 36 eurodiputados, juristas y toxicólogos extranjeros que realizarán en México un Toxi Tour por zonas industriales del país con altos niveles de contaminación.

"El río Atrato ha pasado de ser un objeto, a ser un sujeto y por tanto tiene derecho a su protección, conservación, mantenimiento y restauración".