Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El 2 de marzo 2016, personas vinculadas a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos A.C. (DESA) asesinaron a nuestra hermana Berta Cáceres e intentaron quitarle la vida a nuestro compañero Gustavo Castro en La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras.

Un total de 116 personas murieron en países latinoamericanos por defender sus tierras y enfrentar prácticas que afectan el medio ambiente durante 2017. Brasil encabeza la lista en Latinoamérica con 46 asesinatos, seguido de Colombia con 32, México con 15 y Perú con 8.

A casi un año de la arremetida violenta contra la familia Quiroga, el empresario que pretende estas tierras, vuelve a repetir el mismo escenario, donde llegan con orden de desalojo, dictada por el Juez Alvaro Mansilla, el empresario, oficial de justicia y una cantidad desmedida y desproporcionanda de fuerzas de seguridad para llevar adelante esa orden improcedente.

América Latina mantuvo en 2017 el primer lugar en el ranking mundial de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente elaborado por Global Witness. 60% de los asesinatos de activistas a nivel mundial en 2017 estuvieron vinculados a la agroindustria y la minería.

As entidades que compõem a Articulação dos Povos Impactados pelo Matopiba e a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, apoiadas por movimentos e organizações nacionais e internacionais, vêm novamente a público denunciar o alarmante aumento da violência e de violações de direitos às comunidades do Cerrado no Piauí, presentes na região de implementação do Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba (PDA MATOPIBA).

¿Debemos de morir para que el Estado decida resolver nuestro problema? se preguntan líderes de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya amenazados de muerte por extraños presuntamente vinculados a la empresa de palma aceitera.

“Este no es un conflicto electoral, es la repulsión del pueblo a las políticas de saqueo, muerte y a la violencia del Estado”, explica Berta Zúñiga Cáceres, Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras-Copinh-.

Las comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango articuladas en el Movimiento Ríos Vivos - Antioquia rechazan la respuesta violenta de Empresas Públicas de Medellín, EPM, de la gobernación de Antioquia y la administración municipal de Sabanalarga a la solicitud de diálogo frente a los riesgos para la vida y la integridad física de comunidades barequeras que motivaron la movilización social que inició el 5 de febrero de 2018, en el mismo municipio y que fue agredida el día 12 de febrero a las 6:00 p.m., en medio de la lluvia en el sector Portachuelo.