Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

“Mientras la cuestión agraria no se resuelva, mientras no se garanticen los derechos de los trabajadores rurales, de las comunidades quilombolas, de los pueblos indígenas y otros grupos sociales, a sus tierras ancestrales, los conflictos continuarán y proseguirá la violencia contra esos grupos y sus liderazgos”, afirma Thiago Valentim Pinto Andrade.

Si el 2017 no cerró bien, este nuevo año empieza de la misma manera. Enero cierra con la penosa cifra de 21 lideresas y líderes sociales y reclamantes de tierras asesinados. Durante el 2017 un total de 170 líderes y defensores, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y solo en enero de 2018 asesinaron al menos a un líder cada dos días.

A seis meses de la represión que derivó en la muerte de Santiago Maldonado, efectivos de la Gendarmería ingresaron esta mañana en la comunidad mapuche. Maniataron a varios de sus miembros e incautaron los caballos, que luego se llevaron en una camioneta propiedad del empresario Luciano Benetton. Denunciaron que el operativo fue ilegal y no descartan que haya sido para "plantar pruebas".

En 2017, 312 defensores/as en 27 países fueron asesinados por su trabajo pacífico, según datos recopilados por Front Line Defenders.

El líder social, Temistocles Machado, defensor de DDHH perteneciente al PCN a través de la Asociación de los Territorios Ganados al Mar en la Relación Campo Poblado, al comité interorganizacional por la defensa de los territorios ganados al mar de Buenaventura y participante del Comité Central del Paro Cívico de Buenaventura, fue víctima de un violento atentado contra su vida.

Guillermo Liemich es integrante de la familia campesina de la UTT que quieren desalojar en la Localidad de Esteban Echeverría.

30 de enero | Ayer se desarrolló la audiencia para juramentar dos peritas (análisis financiero y análisis de telecomunicaciones) propuestas por el Ministerio Público previo a la audiencia de proposición de pruebas.

El incremento de la violencia hacia activistas ambientales y personas defensoras del territorio en México ha disparado las alertas de organismos internacionales, que han denunciado el deterioro de los derechos humanos durante el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto.