Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"El debate en la ONU para la creación de un tratado sobre derechos humanos y empresas ofrece una oportunidad para enfrentar “el poder corporativo”. Revista 520 de ALAI, coedición con TNI."

El Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto ordenó al Ejido de La Sierrita de Galeana, en Durango, pagar más de 5.6 millones de pesos a la compañía canadiense Excellon Resources. Las tierras de los ejidatarios, donde opera la mina, permanecerán embargadas hasta que el Tribunal resuelva un amparo promovido por los pobladores.

En octubre de 1947 el Pueblo Pilaga de la provincia de Formosa sufrió una masacre que la historia oficial aún olvida. Conocida como la masacre de Rincón Bomba. Este hecho cuenta en la actualidad con una causa abierta en pedido de justicia.

En conversación con Alba Sud, la dirigente garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, dibuja un escenario preocupante ante el avance del modelo extractivista en Honduras.

El pasado 3 de Diciembre Carlos Ramírez líder comunitario del proceso Indígena Wayuu de Fonseca al sur de la Guajira, recibió 3 disparos a manos de hombres en moto, luego de una reunión entre el Resguardo Mayamangloma, del que era integrante, y el ICBF sobre trabajar temas organizativos.

Después de los resultados del plebiscito en Colombia, los caminos del proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) variaron. Se iniciaron las negaciones de una nueva versión del acuerdo y el Congreso colombiano los aprobó este miércoles 30 de noviembre de 2016.

"Pese a prometer a sus clientes que no habrá explotación en sus cadenas de suministro de aceite de palma, las grandes marcas siguen aprovechándose de terribles abusos”, declaró la investigadora principal de Amnistía, Meghna Abraham.

Organizaciones de pueblos originarios y organismos de derechos humanos rechazaron un documento del Ministerio de Seguridad porque interpreta reclamos como “amenazas para la seguridad social”.