Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El día 18 de septiembre, a las 9.30 am., gente contratada por la empresa minera Yanacocha, entró en el terreno de la familia Chaupe sin ninguna autorización y empezaron a alterar su terreno con diversas herramientas, sin diálogo Máxima y a Jaime fueron atacados violentamente.

Amnistía Internacional presenta la situación que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras y Guatemala.

O relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil - Dados de 2015, publicado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), evidencia a permanência do quadro de omissão dos poderes públicos em relação aos direitos dos povos indígenas.

‘La máscara de la “nueva política” cubre el rostro de la “vieja política”, que aún está vigente de muchas formas. También sigue vigente la “vieja economía” extractivista (que también tiene raíces en los despojos coloniales). En estos tiempos de “nueva política”, los proyectos extractivistas de todo tipo están fortaleciéndose y consolidando su presencia territorial.’

Entrevista con Gladys Rojas, lideresa y luchadora social y de los DDHH en Colombia: "La realidad en los territorios no tiene nada que ver con un escenario de paz. En las regiones, las causas estructurales que originaron el conflicto social y armado en el país permanecen intactas. No existe ningún interés por parte del Estado colombiano de enfrentar esas causas sistémicas. Por el contrario, el Estado sólo tiene el interés de ‘adornar’ el país para venderlo a los intereses transnacionales."

Está em curso no Brasil um persistente processo de criminalização contra os movimentos sociais e o seu objetivo é bloquear a luta por direitos.

Más de 60 defensoras y defensores de derechos humanos en el estado de Veracruz, convocados por organizaciones regionales, nacionales e internacionales, nos reunimos el 9 y 10 de septiembre en Xalapa para compartir experiencias y construir un diagnóstico estatal sobre la situación de los derechos humanos en el estado.

Sus miembros fueron imputados o condenados judicialmente por exigir sus derechos frente a conflictos de tierra y fumigaciones sojeras.