Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Las organizaciones convocantes llamaron a la conformación de un Congreso Democrático del Pueblo para discutir la declaración de una nueva huelga general. Rechazaron políticas de endeudamiento e intenciones privatizadoras en beneficio de sectores agroexportadores.

Policía ocupó casas, reprimió, asesinó y robó bienes a comunidad Monte Olivo, Cobán, en resistencia contra hidroeléctrica.

"Los asesinatos y desapariciones están destinados a impedir el crecimiento de las organizaciones que luchan por la tierra. Los presos y los muertos son el chantaje del sistema a todos los que se atrevan a desafiarlo. Pese al Estado policial, los movimientos ganaron las calles y cortaron rutas al cumplirse, el 15 de agosto, el primer año del gobierno represivo y golpista de Horacio Cartes."

En Perú, un juez acaba de sentenciar a Máxima Acuña Chaupe a dos años y ocho meses de cárcel y pago de 5.500 soles en concepto de reparación a favor de la minera Yanacocha por supuesta usurpación de tierras.

Intentos de asesinato y de secuestro, intimidaciones y agresiones y discriminación sufrida a diario, son algunos de los muchos abusos que sufren en toda América los pueblos indígenas por el simple hecho de defender sus derechos humanos.

El asesinato de líderes campesinos (115 desde 1989 a 2013) se produce en los territorios arrasados por la deforestación y el cultivo de la soja transgénica. No sólo se echa toda vegatación también se contaminan aguas, personas y se matan a dirigentes campesinos.

La expansión acelerada del monocultivo de soja transgénica en Paraguay ha dejado tras de sí un rastro de destrucción y desolación, que pone en serio riesgo la soberanía alimentaria del país, así como la vida de miles de familias campesinas y pueblos indígenas, que son expulsados de sus lugares de orígenes y que ven violados sus derechos históricos y ancestrales.

Ha quedado demostrado que la criminalización de la protesta social es política de Estado del gobierno actual en cualquiera de sus jurisdicciones. Pese a eso los miembros de la Asamblea Ciudadana de Concordia (ACC) sostenemos la necesaria e impostergable reivindicación en su buen nombre y honor de las cuatro personas injustas y criminalmente detenidas y judicializadas.