Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay aceptó hoy el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la destitución del presidente Fernando Lugo que pide la anulación del juicio político celebrado por el Congreso.

Dos nuevos asesinatos y un plan para revertir histórica sentencia. No hay paz para las familias campesinas del Bajo Aguán. Por cada paso adelante en la construcción de un nuevo futuro, hay una respuesta criminal por parte de las fuerzas reaccionarias, que pretenden mantener el statu quo existente y el control absoluto en la zona.

"Denunciamos el incremento de la militarización acompañando labores de erradicación y brindando seguridad a las compañías petroleras, que aumenta el riesgo para la población campesina debido a los abusos que se cometen y que siempre hemos denunciado, como son los señalamientos, sobornos, restricción a la libre movilidad, allanamientos e ingresos arbitrarios a viviendas y espacios exclusivos de la población civil, el empadronamiento y registro fotográfico de campesinos."

"Ratificamos nuestro compromiso con la lucha por la reforma agraria integral, la soberanía y autonomía alimentaria, la vida digna y respeto por la madre tierra... Rechazamos la intervención de las trasnacionales y los oscuros aparatos de inteligencia imperialista que utilizan las estructuras de los poderes del estado político, militar y judicial que sirven al capital financiero en una actitud traidora, entreguista y antipatriótica."

"Exigimos se ponga fin a la flagrante injusticia cometida en perjuicio de los derechos humanos de Alberto Patishtán Gómez y Francisco Sántiz Lopez. Seguir privándolos de su libertad, significaría ser cómplices de las violaciones cometidas en contra de ellos."

Tres intereses convergieron para el derrocamiento de Fernando Lugo: los intereses de las transnacionales del agronegocio y del sector financiero; los de la oligarquía terrateniente, aliada al capital transnacional, y los de los partidos políticos de derecha. Todos apadrinados por Estados Unidos.

En los once meses del gobierno de Humala han muerto quince personas víctimas de la represión contra las protestas sociales. Crece la división al interior de la alianza oficialista por las críticas de los sectores progresistas.

"A perseguição aos ativistas que lutam contra a construção da usina de Belo Monte leva a uma série de reflexões sobre o que está, de fato, ocorrendo em Altamira, oeste do Pará. O resultado da resistência dos grupos que apoiam a luta pelo Xingu Vivo trouxe à tona a violência e perseguição do CCBM, da Norte Energia e da polícia do estado, que decretou a prisão preventiva de onze pessoas ligadas à luta em prol do Xingu."