Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Ante el informe publicado por el programa de Lanata, solidaridad con lxs trabajadorxs de la tierra

El día domingo 12 de junio, en el programa Periodismo Para Todos (PPT), conducido por Jorge Lanata, se presentó un informe sobre la gestión del Mercado Central y el rol de su presidente, Nahuel Levaggi, integrante de la coordinación nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT).

Ante el informe publicado por el programa de Lanata, solidaridad con lxs trabajadorxs de la tierra

Entre las 268 amnistías hay 153 para defensores de territorios comunitarios. Foto: cortesía.

Tres meses después de que la Asamblea Nacional concediera las amnistías, los procesos se entrampan en trámites burocráticos y alimentan nuevos casos de persecución. La crisis institucional del poder Legislativo impide la cristalización de los beneficios que deberían obtener las personas a las que se les concedió la amnistía el pasado 10 de marzo. La intención del gobierno de Guillermo Lasso, de impulsar actividades extractivas en todo el país, propicia la persecución y criminalización de líderes indígenas, abogados y organizaciones de la sociedad civil.

Comunidades denuncian incumplimientos de amnistías otorgadas a defensores de derechos humanos y naturaleza

Guatemala: la criminalización como método empresarial

En Guatemala, es continua y sistemática la violación de los derechos humanos y el hostigamiento a defensoras y defensores de derechos, del medio ambiente o la simple defensa de la vida y los territorios de los pueblos. Tal es el caso de la compañera María Magdalena Cuc Choc, mujer q’eqhi del municipio de El Estor, detenida arbitrariamente el 19 de enero de 2018 en Puerto Barrios por la Policía Nacional Civil, acusada injustamente con otros líderes por la “presunta comisión de los delitos de Usurpación Agravada, Amenazas y Detención Ilegal”. Todo esto basado en la acusación que hizo Lisbal Sociedad Anónima contra la comunidad Chabil’ Ch’och. Lisbal aseguró que algunos integrantes de la comunidad habían invadido la propiedad de la compañía. Y toda la persecución se activó sin respiro.

Guatemala: la criminalización como método empresarial

Enzo Brizuela, preso por rechazar la megaminería. Foto: Susi Maresca

Andalgalá es el epicentro de la avanzada minera y, también, de la vulneración de derechos. Aldo Flores, de 73 años, y Enzo Brizuela, de 33, fueron detenidos por oponerse al proyecto minero MARA. Un docente jubilado y un lutier —padre de una beba—, dos historias de militancia, organización colectiva y cuidado de la vida. Ambos integran la Asamblea El Algarrobo.

Aldo Flores y Enzo Brizuela, presos por defender el agua y los cerros en Catamarca

Declaración del Observatorio Ciudadano ante el asesinato de Peñi Segundo Catril Neculqueo, en Lumaco

Una emboscada a un microbús que conducía a trabajadores a faenas forestales, ocurrido el día 24 de mayo, en un sector rural de la comuna de Lumaco, en la Araucanía, cobró otra víctima fatal. Esta vez se trata de Segundo Catril Neculqueo, mapuche de 66 años, quien recibió un impacto de bala en su cabeza. La emboscada realizada por desconocidos con armas de grueso calibre, deja además otros dos trabajadores mapuche heridos.

Declaración del Observatorio Ciudadano ante el asesinato de Peñi Segundo Catril Neculqueo, en Lumaco

Ilustración: Kipu Visual

Según Global Witness, cada año, el promedio de asesinatos de líderes y lideresas indígenas es un tercio del total de asesinatos de defensores ambientales a nivel global. Mongabay Latam entrevistó a 12 lideresas y líderes indígenas de nueve países de América Latina, quienes hablan sobre las amenazas que enfrentan y los asesinatos que los rodean.

Violencia y disputas sobre las tierras ancestrales: una mirada a los pueblos indígenas de Latinoamérica

Foto: Pablo Caparulo / Telam

En 1924 fueron asesinados en Chaco entre 400 y 500 indígenas de los Pueblos Moqoit y Qom. Casi un siglo después, se realizó el juicio por esa masacre. La sentencia estableció que se trató de un crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado argentino y lo exhortó a establecer políticas públicas de memoria y reparación para las comunidades afectadas.

"La Masacre de Napalpí fue un delito de lesa humanidad en el marco de un proceso genocida"

Foto: Melisa Letenmedia

Una coordinadora ambiental para poner límite a las fumigaciones con agrotóxicos fue el punto de partida para la Cooperativa de Producción Agroecológica (CoPa), que hace una década cultiva entre loteos de viviendas populares para recuperar la relación entre la tierra, los alimentos y el barrio. "Pensamos a la CoPa como un semillero de otras formas de relacionarnos con el entorno y las personas", sostienen.

Agroecología en Guernica: otra forma de sembrar y habitar el Conurbano