Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

La Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales organizó en Ginebra, Suiza, una actividad en el marco de Naciones Unidas (ONU), para insistir en la necesidad del carácter legal que debe tener un nuevo tratado que permita enjuiciar a las transnacionales que violan derechos humanos.

"Ahora se impone una ley propuesta desde las empresas que beneficiaría a este sector comercial y según expertos en el tema la privatización del agua implica retroceder en la victoria contra la minería, ya que algunos miembros del partido ARENA, han tenido acercamientos con miembros de las empresas minerías con una tendencia de la mal llamada minería verde, como un disfraz de oveja-lobo".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reabrió el caso referido a la concesión otorgada sobre territorios indígenas a favor del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (GCIN).

"Miles de salvadoreños han protestado en diversas ocasiones durante las últimas semanas contra la supuesta intención de la derecha de privatizar el agua".

La Nación Q'ero -un pueblo andino que ha protegido su cultura durante siglos- es amenazada por la presencia de minas cercanas y concesiones mineras en su suelo. Parte de sus tierras están dentro del Área Clave de Biodiversidad Kosñipata, un bosque que enfrenta los mismos problemas.

Organizaciones de El Salvador y Centroamérica exigen la no privatización del agua y la garantía del recurso hídrico como derecho humano, tal y como ya fue reconocido por la Organización de Naciones Unidas en el año 2010. ¡Firma la carta!

Una profunda reflexión sobre la actual coyuntura política y económica fue realizada en la mañana del miércoles (20) en la Apertura del Encuentro Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos del Campo, de las Aguas y los Bosques.

"El desprecio, es sabido, es causal de ceguera progresiva. Por lo que los funcionarios no pudieron ver que la gente es muy lúcida y está mucho más organizada que ellos que llegan a una comunidad queriendo forzar la mano de las comunidades para emprender una consulta que al gobierno parece no importarle pues sabe bien que no es vinculante -salvo para legitimar los procesos donde hay beneficios para empresas y dependencias."