Pueblos indígenas

"Los mapuche tienen derecho al mar, ellos estaban acá primero que nadie, y nuevamente no los están considerando y ni siquiera consultando, por lo tanto el proyecto es de una ley desnaturalizada frente a las regulaciones internacionales".

Pueblos originarios de Jujuy iniciaron una marcha en rechazo a políticas públicas locales y nacionales que afectan a las comunidades y violan sus derechos. La movilización partió el jueves de Casira, atravesará diversos pueblos y culminará con un acto de protesta el 23, en San Salvador de Jujuy.

"Cuando se mantiene la perspectiva colectiva y la relación con el territorio, la dimensión de la comunidad que no pierde la relación con todo el ciclo de los seres vivos, con las generaciones pasadas y futuras, con el agua, el bosque y los componentes de la naturaleza, se hace evidente la perversión y los costos ocultos de eso que llaman progreso".

Indígenas Binnizá (zapotecos), Ikoots (huaves), Mixes, Chontales y Zoques interpusieron un amparo colectivo para proteger los derechos de los pueblos y comunidades del Istmo de Tehuantepec frente a la creación de la Zona Económica Especial, que abre paso a una política económica de despojo.

"Los pueblos indígenas estamos defendiendo la vida para todos. Hoy menos que nunca permitiremos que nos despojen de nuestras tierras y bienes naturales. Las tierras no se venden."

“Es un ‘no’ rotundo al muro porque afectaría a nuestros territorios ancestrales, a la flora y fauna de la región y sería como eliminarnos, sobre todo a los miembros de la tribu en México”, señaló Óscar Velázquez, uno de los gobernadores de la comunidad.

"Construir un muro que atravesaría el desierto sólo debilitaría nuestra ya fragmentada cultura, asestaría un último golpe. Más allá del efecto que eso tendría para nuestra cultura, el muro pone en peligro el ecosistema del desierto, añade".

Dos 112 Decretos Legislativos promulgados recentemente pelo governo do presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) com o objetivo de reativar a economia do país, dois em especial foram unânime e energicamente rechaçados por organizações indígenas andino-amazônicas e instituições ambientalistas e de direitos humanos, por representarem uma das maiores ameaças aos direitos fundamentais dos povos indígenas e originários do Peru.