Campesinos y garífunas exigen frenar desalojos y destitución de director del INA

Tegucigalpa, Honduras. – Liderazgos de la Alianza Campesina, Indígena, Garífuna y Popular de Honduras se plantaron por alrededor de una hora frente al Instituto Nacional Agrario, en Tegucigalpa, para exigir un alto a los desalojos forzosos en el marco de la Ley Agroindustrial, Decreto 107-2026. También exigieron el cese de la criminalización de personas defensoras de la tierra y el territorio bajo el decreto 84-2026,  que reformó el Código Penal y Código Procesal Penal. 

Asimismo, exigieron la destitución del titular del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, a quien señalan por sostener un discurso que estigmatiza la defensa de la tierra, que promueve la conflictividad agraria y que promueve la conflictividad agraria. 

^{Frente al INA, liderazgos de la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras, denunciaron la gestión del director Javier Talavera por racismo y desprecio institucional contra las familias campesinas y defensoras de los derechos territoriales. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn}

A través de las comunicaciones del 21 y 25 de agosto nueve mandatos de expertos de Naciones Unidas advirtieron al gobierno de Honduras sobre la incompatibilidad de la Ley Agroindustrial y la reforma al delito de asociación terrorista, con estándares internacionales y alertaron sobre sus posibles efectos en detrimento de población campesina, indígena y personas defensoras de derechos humanos y el espacio cívico. 

Entre las observaciones realizadas por los grupos de expertos, en la comunicación del 21 de agosto, señalaron que la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial (Decreto 107-2026) podría provocar despojo, desplazamiento forzado y pérdida de acceso a tierras productivas, viviendas y cultivos, además de la desintegración de las estructuras comunitarias, entre otras advertencias.

Mientras que en la comunicación del 25 de agosto, con respecto al Decreto 84-2026 que reformó artículos del Código Penal y el Código Procesal Penal, los relatores señalaron que la ampliación de la definición de la figura de asociación terrorista podría permitir aplicaciones arbitrarias y abusivas contra actividades legítimas de la sociedad civil y el espacio cívico, restringiendo derechos como la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. 

TENSIÓN POLICIAL MARCA MOVILIZACIÓN

La lectura del comunicado fue realizada por Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), y Fany Baire, de la Cooperativa de Producción Agropecuaria de Campesinos El Tranvío –integrante de la Plataforma Agraria del Aguán. 

El pronunciamiento se realizó en un ambiente de tensión por la presencia policial formada, cuyos superiores exigían la salida inmediata del grupo y que amenazaron en varias ocasiones con iniciar el desalojo de las personas que protestaban en una sola vía de la calle.

Miriam Miranda advirtió que el pueblo hondureño se cansará de vivir en una dictadura vestida de democracia. “No pueden venir a amenazarnos porque estamos pidiendo dos horas para poder leer un comunicado. ¡Es decir que ahora ya no hay espacio público para el Pueblo! Además, el Instituto Nacional Agrario es del pueblo. Esto no es de Talavera”, ni de un presidente, expresó. 

^{Policías en formación defensiva ante la presencia de grupos campesinos, indígenas y garífunas durante la lectura de un comunicado frente al Instituto Nacional Agrario en la capital hondureña. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn}

Yoni Rivas, portavoz de la Plataforma Agraria del Aguán, señaló que la lucha de los campesinos e indígenas en Honduras, es una lucha por los derechos del pueblo hondureño en general y esto incluye hasta a los uniformados que les reprimen. 

“Están despojando de todos los derechos fundamentales a esta población. Y es importante que todos y todas, entonces, estemos en alerta permanente, informándonos, organizándonos y saliendo a las calles a defender esos derechos fundamentales que hoy se ven amenazados”, declaró Rivas. 

El pasado 25 de agosto, campesinos de la Plataforma Agraria que intentaban manifestarse frente al INA, fueron desalojados de forma violenta por la Policía Nacional antes de que leyeran su pronunciamiento. Tras la acción violenta, las organizaciones campesinas se unieron en solidaridad al campamento instalado por el pueblo garífuna. 

Representantes del pueblo garífuna, bajo el liderazgo de la Ofraneh reactivaron el pasado 10 de agosto el campamento Viva Berta, frente a la Corte Suprema de Justicia, exigiendo el cumplimiento de las cuatro sentencias a favor del pueblo garífuna por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). También demandaron el cese a la criminalización de cinco personas defensoras acusadas de usurpación tras un desalojo violento ejecutado en la comunidad garífuna de San Juan en el marco de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, pese a que la comunidad ya cuenta con un fallo internacional que reconoce los linderos de la comunidad. 

El martes 8 de septiembre, la lideresa garífuna Miriam Miranda anunció que en asamblea se tomó la determinación de no presentar a audiencia el próximo 11 de septiembre a las cinco personas defensoras criminalizadas tras el desalojo violento de San Juan, Tela. Además, anunció que el campamento permanecerá frente a la CSJ y se extenderá a la Bahía de Tela donde habrá movilizaciones permanentes. 

Fuente: Criterio.hn