En Michoacán, estudios evidencian contaminación acuífera vinculada a central geotérmica y enfermedades renales

A las denuncias de comunidades aglutinadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), se suman los resultados de un estudio difundido en diciembre del 2025, en el que se  evidencia el mal manejo de residuos tóxicos y emisión de líquidos geotérmicos bajo responsabilidad de la CFE, contaminando con ello manantiales y otras fuentes de agua para consumo humano en la región.

El estudio Enfermedad renal crónica: Un enfoque interdisciplinario en salud física, ambiental y psicosocial en el oriente de Michoacán, realizado entre 2021 y 2024, concluye que el mal manejo de los residuos se evidenció por el hallazgo de alarmantes concentraciones de elementos potencialmente tóxicos en las cuencas de los ríos del Balsas y del Lerma, por lo que urgen la realización de inspecciones ambientales serias. 

Estos resultados forman parte de los proyectos PRONACES CONAHCYT- 0322739 e ICTI- ICTI/ CNV/043/2023, los cuales realizaron muestreos de más de 97 cuerpos de agua, entre manantiales y pozos que representan fuentes directas de consumo humano, donde en todos los casos presentan mezclas de agua meteórica [fuente principal de los sistemas geotérmicos hidrotermales] con elementos contaminantes. “Muestran comúnmente concentraciones de elementos potencialmente tóxicos asociados con el estándar geoquímico de la planta geotérmica tales como silicio, boro, aluminio, arsénico, hierro, bario, sugiriendo fuertemente una relación con potenciales pérdidas de emisión [de fluidos con elementos tóxicos] de la planta geotérmica Los Azufres”, detalla el informe.

Dicho estudio fue difundido por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, y contó con el aval del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) y del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología (CONAHCYT).

Para el CSIM, esta investigación confirma lo que durante décadas han testimoniado los habitantes de las comunidades indígenas, quienes registran miles de casos de enfermedad renal crónica y cientos de muertes por complicaciones. Mediante  comunicado difundido en enero pasado, y con datos del estudio, el Consejo destaca que el 30% de los pacientes en la entidad que requieren apoyo renal provienen de la región del oriente de Michoacán, donde se localiza la planta geotérmica.

Respuestas, sólo tras movilizaciones

En este contexto, desde inicios del 2026, el CSIM, organización que aglutina autoridades y representantes de 80 comunidades originarias por la defensa de su autonomía, ha realizado movilizaciones para denunciar que, durante más de 30 años, la central geotérmica ha vertido residuos tóxicos a fuentes de agua, entre los cuales, los datos más alarmantes se encuentran en los municipios de Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío.

En su pronunciamiento, el Consejo asevera que, en Zinapécuaro, el 56% de los manantiales presenta al menos un elemento tóxico por encima de los límites permisibles. En Hidalgo, la contaminación de los afluentes es del 35% y, sólo en la comunidad otomí de San Matías El Grande, dentro de este municipio, acusan que registran hasta el 70% de las muertes de adultos mayores relacionadas con padecimientos derivados de insuficiencia renal. 

En enero, representantes de comunidades como San Matías El Grande y San Pedro Jácuaro, ambas del municipio de Hidalgo, expusieron que la insuficiencia renal representa una de las principales causas de enfermedad y muerte, alertando que daña la salud no solo de adultos mayores, sino que también se registran casos en jóvenes e incluso infancias. Este escenario se agrava por la falta de atención médica especializada, dado que dicha enfermedad requiere de tratamientos de hemodiálisis cuyos costos son inalcanzables para las familias. 

En entrevista con Avispa Mídia, el vocero del CSIM, Pável Ulianov Guzmán, refiere que, en algunos casos, los costos superan los 2,000 pesos por sesión médica, lo cual imposibilita el acceso a dichos tratamientos. Ulianov sostiene que los afectados se cuentan por miles, “tan sólo en San Matías El Grande hay cerca de 300 afectados. Pero a eso le sumas entre 40 y 50 comunidades de otros cuatro municipios, son miles de habitantes afectados”. 

Aún más grave, el vocero del Consejo enfatiza que la CFE no acepta su responsabilidad, “porque ello implicaría asumir la responsabilidad jurídica de reparación del daño” a la salud de poblaciones enteras de la región oriente de Michoacán. 

Ulianov destaca que, pese a la existencia de un comité interinstitucional formado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Salud y la misma CFE, el cual ha operado durante los últimos cinco años, ninguna dependencia ha realizado acciones para atender las demandas de la población y resolver la crisis de enfermedades renales en la región. 

“Nada más retrasan o tratan de desactivar las movilizaciones de las comunidades”, asevera el vocero del Consejo y, detalla que, sólo tras las protestas de enero pasado y tras la intervención de autoridades federales y estatales, se concretó la instalación de mesas de trabajo en las que funcionarios de medioambiente y salud se comprometieron a una serie de acciones para la instalación de unidades de hemodiálisis, así como a la entrega de purificadores y filtros de agua para cuatro comunidades. 

Además, en las reuniones realizadas en febrero, se comprometieron a realizar inspecciones conjuntas entre instituciones ambientales y las comunidades otomís afectadas para evidenciar los focos de contaminación. “En caso de incumplirlos (acuerdos), nos vamos inmediatamente a la movilización”, advierte Ulianov.

Pero las protestas no son la única acción del CSIM. Debido a la respuesta de las instituciones que califican como “omisa”, así como la negación por parte de CFE para aceptar los resultados de los estudios científicos, las comunidades preparan juicios ambientales. “Se van a iniciar juicios de amparo para personas que sufren esta enfermedad crónica renal de manera particular y se iniciarán juicios en tribunales administrativos a nombre de comunidades a través de sus autoridades, pues las pruebas que tenemos demuestran que se han violado normas ambientales”, sostiene el vocero del Consejo.

¿Energía limpia?

Acorde al estudio publicado en diciembre pasado, la geotermia consiste en el aprovechamiento de la energía termal natural del agua caliente al interior de la Tierra, la cual puede ser extraída en grandes volúmenes para la generación energética por medio del uso de turbinas mecánicas.

Pese a que existe una percepción social de energía limpia producida por fuentes geotérmicas, el estudio detalla que el registro histórico mundial muestra que en todos los campos geotérmicos existen impactos ambientales durante todas sus etapas, incluyendo la exploración, la instalación y la extracción. Dicho impacto se relaciona con pérdidas de emisión de gases y líquidos, así como drásticos cambios de cobertura, manejo de residuos tóxicos, ruido y colapso de niveles de agua subterránea local y regional. 

El estudio detalla que, durante el proceso normal de operación de una planta geotérmica, el impacto ambiental por pérdidas de emisión de fluidos geotérmicos [líquidos y gases a alta temperatura que muestran una composición química con altas concentraciones de elementos potencialmente tóxicos para la biósfera] es permanente y se relaciona con derrames constantes durante el proceso de transporte y mantenimiento de las presas de enfriamiento de fluidos. 

“El 85% del volumen de fluidos extraído es separado en salmueras, presas de enfriamiento directamente sobre la superficie del campo geotérmico y el manejo ‘normal’ en superficie de agua geotérmica altamente tóxica representa uno de los principales riesgos de contaminación. De hecho, es relativamente común registrar derrames y pérdidas de emisión”, asevera el documento.

Específicamente para el caso de Michoacán, el estudio destaca que se encontraron importantes evidencias en las instalaciones de la Central Geotérmica que indican posibles fuentes con pérdidas de emisión de fluidos, “tales como: derrames de presas de enfriamiento, goteo constante de válvulas y en definitiva mal manejo de residuos tóxicos”.

El estudio prosigue sobre “las evidencias de contaminación de ríos en ambas cuencas, así como las variaciones en algunos manantiales que muestran evidencias de mezcla de agua meteórica, hidrotermal y geotérmica, sugiriendo que la contaminación de aguas superficiales y subterráneas de diferentes profundidades que fluyen hacia ambas cuencas del Lerma y Balsas, zonas donde además se tienen altos índices de enfermos renales, sugiere fuertemente una relación con la contaminación ambiental del CGLA”.

Finalmente, el estudio indica que la región oriente de Michoacán coincide geográficamente con la presencia de la CGLA como el principal proceso extractivo, por lo que “ante la ausencia de industria, abundancia de recursos forestales y un moderado aprovechamiento agrícola resulta fundamental establecer la correlación del posible impacto hidrogeoquímico y ambiental causado por la CGLA”.

La conclusión del estudio asevera que, ante la ausencia de información pública de no impacto de la CFE, la operación de la planta geotérmica deba ser revisada e inspeccionada para verificar las pérdidas de emisión de fluidos de gas y líquidos tóxicos, para con ello dimensionar el impacto ambiental real que genera en la población de oriente de Michoacán.

Fuente: Avispa Midia