¿Quién y qué está detrás de la sanción al colectivo YASunidos por parte del TCE?

El 7 de abril, el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, sancionó al Colectivo YASunidos con una multa de 9.000 dólares a dos de sus miembros, es decir, un total de 18.000 dólares y les dio un plazo de 30 días para pagar. El TCE afirma que hay una diferencia de 0.39 centavos en un informe económico de la Consulta Popular del Yasuní de 2023, mientras que Yasunidos defiende que, incluso, esos centavos están justificados.

El TCE no actuó solo. El 5 noviembre de 2025, Diana Atamaint, presidenta, del Consejo Nacional Electoral, CNE, fue quien interpuso la demanda en el TCE en contra del colectivo Yasunidos, por supuestamente no presentar completos los informes económicos de la campaña de la consulta popular del Yasuní, para mantener el petróleo debajo de la tierra, realizada en 2023. Atamaint tardó casi dos años en revisar los informes y activar la demanda, justo un mes después de las  movilizaciones sociales del Paro Nacional en contra del gobierno de Daniel Noboa, por el incremento del costo del diesel, y diez días antes de las votaciones para la Consulta Popular convocada por el gobierno, donde buscaba una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución a su medida.

Por eso, para Fernando Muñoz, integrante de Yasunidos, esto va más allá de una medida administrativa: “Si bien hay un marco legal que le permite de dos años para hacer la revisión y el CNE siempre se ha escudado en que los procesos son muchos y hay demoras administrativas,  para nosotros fue claro desde el inicio que había una motivación política porque coincidió con el bloqueo de cuentas, desde que nosotros nos empezamos a posicionar en contra del gobierno, de las actuaciones arbitrarias y el debilitamiento de la democracia”

Muñoz ubica esta acción en un contexto de persecución que, desde octubre de 2025, el gobierno de Noboa activó con mayor crudeza, para demostrar su poder autoritario, neutralizar las movilizaciones y disciplinar a la oposición política, no solo con la fuerza militar y represiva, sino también con el uso de diversos mecanismos que, hoy,  organismos internacionales de derechos humanos, reconocen como “una acelerada degradación de los derechos humanos y el deterioro del espacio cívico, incluida la estigmatización, la  criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y de la  naturaleza, como:  bloqueo a cuentas bancarias a líderes indígenas y sociales, denuncias penales, vigilancia, imposición de medidas administrativas y laborales.

En noviembre, la Unidad de Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, presidido por José Julio Neira, uso la herramienta que le dio la Ley Orgánica de Transparencia Social conocida como la Ley de Fundaciones, aprobada por mayoría oficialista en agosto, que, en su Artículo 17.3 Medida cautelar administrativa excepcional de inmovilización de fondos,  permite el bloqueo de cuentas bancarias. Esta medida fue aplicada a  una decena de líderes sociales, indígenas y ambientalistas.

De Yasunidos, los bancos bloqueron las cuentas de Pedro Bermeo, coordinador nacional y de David Fajardo de Yasunidos Cuenca, una de las organizaciones que impulsó las movilizaciones por la defensa de Kimsacocha en contra de la minería en Cuenca. Según Yasunidos, este bloqueo se dio sin notificación ni orden judicial. Mientras que el gobierno afirma que es por sospecha de “lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado y “financiación del terrorismo”.

El 18 febrero, 2026, tres meses después de la demanda del CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, conoció y dio paso a la denuncia. El 28 de febrero, el juez que conoció la denuncia desestimó la demanda, en primera instancia. YASunidos festejó esto como una victoria para la democracia, pero Diana Atamaint insistió y apeló. El caso pasó al pleno del TCE, el máximo organismo de justicia especializada en materia electoral, conformado por cinco jueces y juezas de quienes muy poco se conoce. Su presidenta es la Abg. Ivonne Coloma Peralta. Este mismo organismo archivó todas las demandas contra Daniel Noboa, cuando el candidato presidente realizó campaña con fondos públicos o cuando realizó campaña sin pedir licencia como presidente, para evitar así que asuma la presidencia, la vicepresidenta Verónica Abad. De 20 demandas presentadas contra Noboa en el TCE, 19 fueron archivadas y 1 fue inadmitida.

Finalmente, el 6 de abril, el TCE revocó la sentencia del 27 de febrero en la cual se rechazó la denuncia y, esta vez, sancionó Yasunidos.

¿Quiénes son las y los YASunidos?

Es un Colectivo de activistas, en su mayoría, jóvenes que nació en 2013, cuando el gobierno del entonces presidente, Rafael Correa, finalizó la Iniciativa Yasuní ITT que buscaba mantener el crudo bajo la tierra y dio paso a la explotación del Yasuní.

Jóvenes y personas diversas se movilizaron en las calles en rechazo a esta decisión. Entre movilizaciones en la calle, asambleas abiertas y campañas nació YASunidos, como un colectivo que defiende la biodiversidad, los derechos de la naturaleza y promueven promueven alternativas al modelo extractivista; no pertenece a ningún partido político y no recibe fondos del Estado.

En 2014, Yasunidos impulsó la recolección de firmas para realizar una Consulta Popular sobre el Yasuní. Con miles de voluntarios en todo el país, recolectaron firmas e hicieron la entrega al CNE. Pero el organismo, en ese tiempo, presidido por Domingo Paredes, anuló en dos semanas algo más de 400 mil firmas. Una investigación del documentalista,  Manolo Sarmiento, reveló cómo el CNE organizó un mecanismo que propició la eliminación arbitraria de cientos de miles de firmas para impedir la consulta.

Desde ese entonces, hace casi una década, YASunidos se convirtió en un actor político  que ha sorteado a los poderes de turno y que articula la defensa de los territorios amenazados por el extractivismo con las luchas de jóvenes ecologistas, pueblos indígenas y feministas. En 2023, la Corte Constitucional dio paso a la Consulta Popular proteger el Yasuní y el CNE incluyó esta pregunta en las elecciones nacionales. El Sí ganó con el 58,95% mientras que la Consulta Popular para prohibir la minería en el Chocó Andino, Quito Sin Minería, ganó con el 68%. Con esto, fueron el primer colectivo en lograr y ganar una consulta popular de iniciativa ciudadana a nivel nacional.

Solidaridad con Yasunidos y rechazo a la sanción

Para Yasunidos esta no es una medida administrativa sino que es un mensaje político. En un comunicado expresaron:

“Pretender sancionarlo bajo normas diseñadas para organizaciones políticas, y hacerlo además con interpretaciones forzadas y desproporcionadas, constituye un precedente gravísimo para la democracia, así como para el derecho a ser parte de la vida social y política de este país. Llamamos a organizaciones sociales, activistas, defensoras y defensores de la naturaleza, de la justicia social, a personalidades independientes y a toda la ciudadanía a rechazar esta arbitrariedad y a cerrar filas en la defensa de los derechos democráticos. No retrocederemos ante esta embestida autoritaria y seguiremos adelante hasta hacer escuchar la voz del pueblo ecuatoriano”.

Fuente: Wambra