Darío Aranda

Unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad Campo Maripe en Neuquén y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. La Confederación Mapuche denunció la militarización del lugar.

El gobierno nacional presentará el Acuerdo Federal Minero, un plan nacional de extractividad impulsado por empresas. Amplio rechazo. En Chubut, el gobernador Das Neves aseguró que no habrá ningún proyecto de megaminería ni nuclear en la provincia.

Los transgénicos en Argentina son aprobados por las mismas empresas que los producen y comercializan. Se trata de un selecto y secreto grupo que decide qué semillas se aprueban y, al mismo tiempo, eluden responsabilidades sobre el impacto que eso implica: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos, afecciones en la salud.

Organismos de derechos humanos, comunidades originarias y organizaciones sociales denunciaron “la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas” y advirtieron que Agustín Santillán “se encuentra detenido por demandar sus derechos”.

La comunicación interna del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la mayor institución “técnica” del agro argentino, es clara: prohíbe a sus trabajadores utilizar el término “agrotóxico” en escritos y publicaciones institucionales. Insta a llamarlos, como proponen las empresas que los venden, “agroquímicos” o “plaguicidas”.

Las continuas inundaciones en Argentina alertan sobre el cambio climático, pero sus efectos indican causas locales: desmontes, avance del agronegocio y pérdida de la capacidad de absorción de las napas. Las consecuencias de un modelo que desborda.

Es la primera provincia en sancionar una ley que prohíbe la extracción de hidrocarburos por fracking. Diputados le dio sanción a un proyecto que tenía media sanción del Senado desde 2016. La ley prohíbe el fracking y todos los métodos no convencionales.

El referente wichí de Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, fue detenido luego de reclamar por los derechos de su pueblo. Según la familia, los jueces y fiscales son presionados para procesar y condenar al dirigente indígena.