Darío Aranda

Una familia de pequeños productores agropecuarios en el partido de Almirante Brown denunció que fue desalojada por la policía. Las organizaciones sociales advierten que los conflictos por tierras están llegando a las zonas periurbanas.

El máximo tribunal del país anuló una sentencia de la Corte de Chubut porque no contemplaba el derecho originario a ser escuchado. En el Chaco, el Superior Tribunal de Justicia ordenó a una empresa restituir tierras a una comunidad indígena.

La Legislatura de Chubut cambió radicalmente el proyecto de ley que prohibía la megaminería (presentado por asambleas socioambientales y pueblos indígenas) y aprobó una norma que posibilita la cuestionada actividad. “Es como si se hubiese presentado un proyecto de ley contra la trata de personas y los diputados hubiesen cambiado el texto habilitando los prostíbulos”, denunció Fernanda Rojas, de la Asamblea de Vecinos de Esquel.

Un informe de Darío Aranda sobre leyes clave del modelo extractivo que están forzando las corporaciones a sancionar antes de fin de año.

Unas 120 mil misioneros participaron de manera voluntaria de una consulta popular convocada por organizaciones sociales: el 96 por ciento votó por el rechazo a nuevas represas en su territorio. “El pueblo dijo basta de represas en esta región. La democracia participativa y de base dio una muestra más frente al autoritarismo de funcionarios y empresas”, afirmó Raúl Aramendy, de la Mesa Provincial No a las Represas.

Los países de América, de norte a sur, criminalizan, reprimen y violan los derechos humanos de los pueblos originarios. Lo detalla un informe de Amnistía Internacional. Empresas y gobiernos actúan en conjunto para hacerse de los territorios indígenas.

Organizaciones sociales, campesinas, indígenas, sindicales y de DD.HH. llevan adelante esta semana una consulta para protestar contra las represas hidroeléctricas proyectadas.

Un documento firmado entre el Ministerio Público Fiscal neuquino y las comunidades mapuches reconoce la forma de resolver conflictos de los pueblos indígenas. En Chubut, un fallo judicial frenó un proyecto turístico por no consultar a los pobladores.