Darío Aranda

Indígenas de Comallo (Río Negro) y de Zapala (Neuquén) reclaman contra estancieros que, según sostienen, ocuparon tierras que pertenecen a las comunidades. Aseguran que la ocupación se realizó sin orden judicial y en violación a una ley nacional vigente desde 2006.

Grupos que se oponen en Catamarca a la megaminería bloquean el paso de camiones de un nuevo proyecto llamado “Bajo el Durazno”, en manos de las mismas corporaciones que controlan a la Alumbrera. Denuncian irregularidades técnicas y administrativas.

Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.

Van diez fallecimientos en cuatro años. “Hacemos un grito desesperado de ayuda a todos los hermanos argentinos que nos defiendan de todas estas cosas inhumanas que nos hacen”, pidió Félix Díaz, qarashé (autoridad) de la comunidad.

Las multinacionales Monsanto, Bayer, Syngenta y Dow son algunas de las empresas que tienen injerencia en la aprobación de los transgénicos que esas mismas empresas impulsan. Se trata de la Conabia (Comisión Nacional de Biotencología), donde también participan empresas “nacionales” (Biosidus y Don Mario) y las cámaras empresarias. También figuran “investigadores independientes”, pero con claras vinculaciones con empresas. El Gobierno y las compañías publicitan la Conabia como un “espacio pionero con un marco regulatorio sólido y de base científica”. De los 47 integrantes, más de la mitad (27) pertenecen a las empresas o tienen clara vinculación con las mismas firmas que deben evaluar.

Una familia de pequeños productores agropecuarios en el partido de Almirante Brown denunció que fue desalojada por la policía. Las organizaciones sociales advierten que los conflictos por tierras están llegando a las zonas periurbanas.

El máximo tribunal del país anuló una sentencia de la Corte de Chubut porque no contemplaba el derecho originario a ser escuchado. En el Chaco, el Superior Tribunal de Justicia ordenó a una empresa restituir tierras a una comunidad indígena.

La Legislatura de Chubut cambió radicalmente el proyecto de ley que prohibía la megaminería (presentado por asambleas socioambientales y pueblos indígenas) y aprobó una norma que posibilita la cuestionada actividad. “Es como si se hubiese presentado un proyecto de ley contra la trata de personas y los diputados hubiesen cambiado el texto habilitando los prostíbulos”, denunció Fernanda Rojas, de la Asamblea de Vecinos de Esquel.