Darío Aranda

“Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.

Organizaciones indígenas se pronunciaron a favor de la expropiación de REPSOL. Pero también pidieron el respeto a los territorios ancestrales, que se cumpla la legislación vigente y alertaron sobre los riesgos de la explotación de gas no convencional.

Tras 15 años de explotación, se convirtió en la mejor prueba de la megaminería: los propios estudios de impacto ambiental hechos por la empresa confiesan cómo afecta a la región, no mejoró la vida del lugar y se multiplican las protestas. El Estado se unió a las corporaciones.

Organizaciones rurales de todo el mundo se movilizan hoy, en el Día Internacional de la Lucha Campesina, en reclamo por otro modelo agropecuario basado en la producción local de alimentos, reforma agraria integral y soberanía alimentaria, es decir el derecho de cada pueblo a determinar qué producción priorizar y el rechazo al modelo basado en las compañías transnacionales de semillas y agrotóxicos.

Una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias declara “discrepancias con los lineamientos generales del PEA”. Sostiene que tendrá impacto negativo al consolidar el modelo de los agronegocios y la industria extractiva.

Los pueblos originarios y su rechazo a la minería de litio llegaron al máximo tribunal. En una audiencia extraña, por momentos tensa y enredada, las comunidades exigieron que se cumpla la ley. El gobierno provincial aseguró que no hay exploración de litio en la zona en conflicto.

Con el voto unánime de sus veinte consejeros, la Facultad de Medicina de la UNR aprobó una resolución que cuestiona la “producción altamente contaminante”, en la que incluye la minería, la fabricación de pasta celulosa y aceites vegetales.

"La Universidad más antigua del país rechazó en 2009 los fondos provenientes de Minera Alumbrera fundamentando con duras críticas el efecto ambiental, económico, social, de calidad de vida y de derechos humanos, que implica la megaminería. Darío Aranda preparó este trabajo que resume y explica por qué la Universidad de Córdoba rechazó el subsidio minero."