Darío Aranda

Bajo la Alumbrera es el caso testigo de las promesas mineras incumplidas y, también, de la represión para imponer un modelo.

La Defensoría del Pueblo de la Nación afirmó que los agroquímicos tienen directa vinculación con la discapacidad, solicitó la implementación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras) e instó al Ministerio de Salud a tomar medidas “preventivas y eficaces”.

“En Argentina hay decenas de Famatina”, avisa Urbano Cardozo, jubilado, militante socioambiental, que vive desde hace 73 años en la cuna de la megaminería argentina: Andalgalá (Catamarca), donde hace 18 años se instaló Bajo la Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país.

En un informe anual, un comité de las Naciones Unidas advirtió al Estado argentino por los desmontes, agrotóxicos, soja transgénica, minería a cielo abierto y violencia contra los indígenas.

En la tercera semana de un masivo acampe, para evitar el ingreso de una empresa minera, aumenta el rechazo a la actividad extractiva. El gobierno nacional festejó el récord de exploración minera.

A un mes del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, otras dos personas resultaron heridas en un nuevo conflicto territorial por el modelo agropecuario.

Un organismo oficial había advertido sobre desmontes irregulares y creciente violencia en el lugar donde luego asesinaron al campesino Cristian Ferreyra. El Mocase acusa al gobierno provincial de no tomar medidas pese a ser alertado.

El Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya, visitó comunidades de Neuquén, Salta, Jujuy y Formosa. Confirmó el incumplimiento de la normativa que protege los derechos indígenas, denunció la “inseguridad jurídica” respecto a los territorios y alertó sobre las consecuencias de las industrias extractivas.